El gobierno boliviano inventó ese término para justificar su presentación al Tribunal de La Haya, respecto a la exigencia al gobierno chileno, con el objetivo de abrir una negociación para lograr una salida soberana al mar.
Me permito ampliar esta curiosa expresión jurídica para describir sobre las relaciones entre las promesas actuales de la candidata Michelle Bachelet y el despertar de aspiraciones exigidas en la ciudadanía chilena, que arriesgan de ser incumplidas.
En las “pichangas” de mi juventud siempre había un jugador que hacía de “lauchero” y, como no existía el fuera de juego, este jugador tomaba todas las pelotas que llegaban y, sin moverse, hacía el gol. Michelle Bachelet, en poco más de un mes, ha tomado todas las ideas que flotaban en el movimiento estudiantil, de 2011, y del Programa de Marco Enríquez-Ominami, de 2009, incluso, con toda legitimidad, las de Océanos Azules, respecto al programa de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Hay que reconocer que la estrategia de plantear aspectos del programa de gobierno – como antiguamente se hacía con las novelas por entrega, un capítulo cada semana para así mantener el suspenso de si el médico se casa con la enfermera o no- es muy hábil y sus asesores merece un aplauso al pautear el debate semanal.
En estos días la candidata ofreció la permanencia en el tiempo del “bono de marzo”, que nadie puede negar sus beneficios para las familias más pobres, sin embargo, no ataca a fondo el problema de la pobreza, pues mantiene el trabajo precario y un sueldo vital que no alcanza a suplir las necesidades básicas de una familia tipo de cuatro personas, como tampoco establece indicadores de cambio en la medición de la pobreza – se deja de ser tal cuando se tiene más de $78.000, según la encuesta CAS -.
En una reciente intervención en los medios de comunicación, la candidata del PS-PPD presentó a la Comisión encargada de preparar el proyecto de cambio de Constitución, manifestó la idea de una nueva Carta Magna que, por lo demás, estaba planteada en 2009, en el Programas de los candidatos presidenciales Eduardo Frei y Marco Enriquez-Ominami. Los dos constitucionalistas más conocidos en la actualidad, Pablo Ruiz-Tagle y Fernando Atria, pertenecieron a Océanos Azules. Aun cuando el misterio sobre el resultado de los estudios de esta Comisión se mantiene, algo podemos intuir por las opiniones tanto de Atria, como de Ruiz-Tagle.
Fernando Atria planea que con la reforma de Ricardo Lagos, en 2005, se agotó el camino de “reencauchar” la Constitución, manteniendo las trampas de la dupla Pinochet-Jaime Guzmán: el sistema binominal – que consagra el empate político – los altos quórum y el Tribunal Constitucional; en consecuencia, sólo queda pensar el camino de una nueva Constitución.
La vía parlamentaria que propone el sector más reaccionario de la Concertación – léase Camilo Escalona, Andrés Zaldívar, y otros, – es imposible, pues quienes quieren cambiar la Constitución no tiene el quórum necesario para hacerlo. La Comisión bicameral, propuesta por estos personajes, no tiene casi ninguna posibilidad de éxito, incluso, hay un precedente que se refiere a la Comisión de cambio de régimen político presidida, en ese entonces, por Marco Enríquez-Ominami, que aprobó en la Sala un Informe que incluía la institución de un Presidente y un Primer Ministro, muy cercana al semipresidencialismo, sin embargo, este Acuerdo no tuvo carácter vinculante respecto a la modificación de la Constitución.
Descartada la vía parlamentaria, salvo que la actual oposición lograra, por doblaje, los dos tercios, o se produjera el milagro de que ambas Cámaras decidieran cambiar la Constitución por simple mayoría, no queda más que la vía que yo llamo, siguiendo de Luis Maira, de “ruptura constitucional”.
Siguiendo esta lógica se presentan, al menos, dos caminos – sé que hay más y la imaginación es ilimitada – : el primero sería que más del 70% de los votantes escribieran en la papeleta “estoy por una nueva Constitución y exijo una Asamblea Constituyente para lograrlo”; el otro camino se refiere a un plebiscito que exija la creación de una Asamblea Constituyente. El primer caso se dio en Colombia – país que no puede ser acusado de socialista – y, el segundo, es el más utilizado en varios países – el más clásico es el de Ecuador.
El camino español, de un Congreso Constituyente, parece difícil en el caso chileno, al ser elegidas las Cámaras bajo el sistema binominal. Como bien lo expresa Atria, lo fundamental es quebrar las “trampas” de Guzmán, es decir, terminar con el binominal, los altos quórum y la cuestión previa del Tribunal Constitucional. Lo demás, como lo dice el Evangelio, “vendrá por añadidura”.
Es de esperar que tantas promesas se conviertan en voladores de luces a los cuales nos tiene tan acostumbrados la Concertación, y los ciudadanos no tengan que cobrar por expectativas no cumplidas.
Rafael Luis Gumucio Rivas
25/04/2013