En el marco de la tramitación del proyecto que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, donde se discute la eliminación del artículo 36b, letra a), que penaliza la radiodifusión no autorizada, uno de los representantes de la mesa AMARC CHILE, Raúl Rodríguez, fue recibido el martes 16 de abril por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para exponer sobre la importancia de derogar este articulado con 22 años de vigencia en la Ley General de Telecomunicaciones.
Raúl Rodríguez, periodista e investigador del programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, valoró los avances que se han dado: “En base al derecho internacional argumenté sobre la improcedencia de la acción penal a un acto de libertad de expresión como es comunicar a través de las frecuencias de radios, como también sobre la proporcionalidad que debe tener la sanción de acuerdo a la naturaleza del actor y la infracción cometida”.
Raúl Rodríguez, representante de la Mesa de AMARC Chile, compuesta también por Juan Ortega, de ECO, Vicky Quevedo, de Foro Ciudadano, y Rodrigo González, de Radio Konciencia, quienes lideran la red en Chile con más de 30 radios, celebró el acuerdo con el Subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, y el Presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, Luis Pardo, en orden a disminuir la multa de 5 Unidades Tributarias Anuales, UTA ($ 2.500.000 de pesos chilenos aproximadamente) en su cota máxima a 5 Unidades Tributarias Mensuales, UTM ($150.000 pesos chilenos aprox.): “esperamos que sea una realidad. Se enviará una indicación única que será votada a fines de abril por la comisión antes de pasar a la sala de Diputados para su sanción final. Si es así lograremos que la sanción sea proporcional a la falta, lo cual va en la línea de las recomendaciones de las Relatorías de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU”.
Al respecto, Luis Pardo, Presidente de la ARCHI, gremio que agrupa a las radios comerciales, manifestó que “hemos podido avanzar tanto en la ley de radios comunitarias como en materia de despenalización a partir en un diálogo franco y abierto, donde ha quedado de manifiesto el interés de AMARC de eliminar las sanciones penales y de hacer más asequible el espectro radioeléctrico. Nosotros hemos estado de acuerdo en eliminar la pena de cárcel y mejorar la legislación, pero tenemos la legítima preocupación de que si se abre absolutamente el espectro, sin que exista ninguna restricción, los afectados serán los pequeños radiodifusores, la radios comunitarias y la ciudadanía en general que quiere escuchar sin interferencias”.
En el marco de estos avances en la tramitación fue publicado el informe anual 2012 de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, que en su capítulo chileno manifestó su complacencia por la derogación aprobada en 2012 por la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, donde comenzó la discusión del proyecto de Superintendencia de Telecomunicaciones. Así el informe junto con valorar advierte que “la Relatoría Especial pone de presente que las leyes en materia de radiodifusión deben adecuarse a los estándares internacionales y deben hacerse cumplir mediante el uso de sanciones administrativas proporcionales y no mediante el empleo del derecho penal”.
Asimismo, en relación con la preocupación y rechazo que manifestó AMARC Chile e Internacional por el aplazamiento en 6 meses de la Ley de Radios Comunitarias (2010), el Subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, acogió la demanda también de la ARCHI, para que esta postergación no retrase el proceso de migración. En este sentido, la autoridad aseguró que se enviará una indicación única y con suma urgencia para que la migración sea una realidad y la ley no espere otro año más sin ser aplicada.