El Senado destituyó esta noche al ministro de Educación, Harald Beyer, tras un debate que se prolongó por más de 10 horas. La decisión se adoptó en razón de la aprobación por 20 votos a favor y 18 en contra, del capítulo 3 del libelo acusatorio, es decir, por omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales, particularmente la de fiscalizar las actividades del sector del Ministerio de Educación.
En tanto, el primer capítulo se rechazó con 13 votos a favor y 25 en contra; mientras que el segundo también se rechazó con 10 votos a favor y 28 en contra.
La acusación está fundada en tres capítulos acusatorios: Infracción al principio de probidad; no ejercer un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia, y omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales, particularmente la de fiscalizar las actividades del sector del Ministerio de Educación.
os principios de infracción al deber de probidad y de fiscalizar el lucro, así como falta de argumentos para acusar constitucionalmente al ministro Beyer y “lo injusto” de la misma fueron algunos de los argumentos ampliamente expuestos durante la primera jornada de la sesión especial del Senado convocada para que cada legislador fundamente su pronunciamiento sobre el libelo acusatorio.
La sesión 16ª Especial se realizó entre las 10.15 y las 13:55 horas. En tanto, la Sala retomó la discusión a partir de las 15 horas.
En la fundamentación de las diversas posturas, quedó de manifiesto la idea que las sanciones que se derivan de la aprobación de una acusación son desproporcionadas. Al respecto, los senadores Allende, Alvear, Letelier y Sabag, entre otros, manifestaron la necesidad de modificar la norma constitucional y eliminar la sanción de inhabilidad por 5 años para ejercer un cargo público, calificándolo como un “despropósito”. Los senadores Alvear y Sabag aludieron incluso al proyecto presentado en mayo de 2008 por el senador Jorge Pizarro y el ex senador Ricardo Núñez.
Durante la tarde, el debate no estuvo exento de polémica tras una interpelación que hizo el senador Coloma por la ausencia de su par, el senador Navarro, en las primeras jornadas de exposición de argumentos de las parte acusadora y la defensa. Asimismo, el Presidente del Senado, llamó la atención a la ministra vocera, Cecilia Pérez por una intervención en Sala, lo que motivo un áspero intercambio.
CULPABILIDAD Y “GATOPARDISMO”
La senadora Isabel Allende fue la primera parlamentaria en hacer uso de la palabra y fundamentó su postura por capítulos, señalando, en el segundo de ellos referido al control jerárquico: “no quiero repetir la injusticia realizada con la entonces ministra Yasna Provoste”. Sin embargo, prosiguió: “considero que el Ministro es culpable y responsable políticamente, en especial de la infracción al deber constitucional de probidad y omitir el deber de fiscalizar las actividades de su cartera. Sirva su responsabilidad para dar una señal al país y a la salud de nuestra democracia para decir que con la educación y el rol del Estado fiscalizador y garante de los derechos fundamentales no se juega”.
La senadora Soledad Alvear destacó la estima que le tiene al Ministro y el aporte que ha hecho al país; no obstante al referirse al capítulo 3 del libelo señaló “lamentablemente, frente a antecedentes concretos y explícitos de cohecho en materia de acreditaciones universitarias el Ministro omitió un deber de denuncia”. Y específicamente sobre la Universidad del Mar agregó, “dejó de actuar en un tema grave que ponía en duda y terminó de cuestionar las bases del sistema de acreditación y con ello la provisión de recursos públicos para el financiamiento educacional. Claramente cometió una infracción que habilita una acusación constitucional y en las actuaciones que siguen al proceso del cierre de la Universidad hubo un actuar negligente”.
En tanto, el senador Carlos Cantero, calificó de “gatopardismo” esta acusación constitucional y argumentó que “debe ser rechazada en todos sus capítulos por carecer de fundamento suficiente para que sea procedente. Los ministros de Estado podrán ser acusados prácticamente por cualquier denuncia que indique un posible incumplimiento, una omisión en relación a la aplicación de la ley, lo que podría llegar a debilitar el estado de derecho afectando gravemente la gobernabilidad. A mi parecer el ministro ha cumplido adecuadamente su función”.
El legislador Francisco Chahuán, manifestó que la acusación contiene errores y “no resulta procedente”, porque no apunta a los cargos presentados en contra del Ministro. Con respecto a la probidad, argumentó, “si hay un funcionario que ha actuado con estricto apego a este principio es precisamente el Ministro Beyer”; sobre el control jerárquico, “he llegado a la convicción que tales afirmaciones son absolutamente inexactas y carentes de veracidad ”; y por último, señaló “el Ministro, a quien se le atribuye en el capítulo 3 el incumplimiento de leyes y falta de fiscalización, es el que más ha hecho en los últimos años en esta materia, pese a las precarias facultades con las que ha contado para tal efecto”.
ERRORES Y OMISIONES
En una línea similar, el senador Coloma aludió a los errores contenidos en la acusación constitucional, señalando que “ante la máxima sanción política, nos están diciendo que el ministro Beyer ha vulnerado tres elementos que constituyen un imposible jurídico y un imposible moral. Aunque el ministro Beyer hubiera querido vulnerar estos principios no habría podido porque son facultades excluyentes del Ministerio del Interior”. Agregó que “este es un acto inicuo, contrario a la igualdad” y que “mucho más grave que poder liberar a una persona culpable es condenar a un inocente…hay un ejercicio completamente viciado respecto de lo que es el verdadero sentido de una acusación constitucional”.
El senador Escalona recordó que la inhabilidad para ejercer cargos públicos a quienes son acusados constitucionalmente se estableció en la Constitución del ’80, por lo que “el ministro Beyer está afectado por el autoritarismo de su propio sector, por la naturaleza perversa de las disposiciones constitucionales que se impusieron al país”. Además rechazó “el esfuerzo sistemático (por parte del Ejecutivo) para desautorizar la decisión que pudiésemos tomar”. Sobre el fondo del tema, dijo que “respecto de la decisión de omisión de su responsabilidad constitucional, pagan el costo decenas de miles de estudiantes…y respecto de esa ausencia de decisión asumen un elevadísimo costo las familias de los estudiantes de la Universidad del Mar”.