El ministro de Educación, Harald Beyer, solicitó a la Comisión Nacional de Educación (CNED) el cierre paulatino de la Universidad del Mar (UDM). Esa situación no es un caso aislado. El lucro, ilegal por ley pero práctica habitual en la educación, ha generado gravísimas crisis. Hay al menos 11 instituciones investigadas tras el escándalo de las acreditaciones fraudulentas.
El propio Beyer -que enfrenta una acusación constitucional- ha señalado que “la Universidad del Mar estuvo 22 años sin ninguna investigación”. Las primeras denuncias datan de 2004. Los estudiantes exigen al Mineduc evitar el cierre, la renuncia de los controladores, refundar el proyecto de la universidad, un gobierno triestamental y la estatización de la UDM. Entretanto fue decretada la quiebra de la UDM pero esta medida fue transitoriamente suspendida por el Primer Juzgado Civil de Viña del Mar.
La olla se destapó cuando el ex rector, Raúl Urrutia, acusó que en vez de pagar los sueldos y cotizaciones previsionales, los directivos se repartieron 600 millones de pesos a través del pago a inmobiliarias que arriendan sedes a la UDM. La Brigada de Delitos Económicos de la PDI allanó la casa central en Reñaca, tras iniciarse una investigación por los delitos de cohecho y negociación incompatible entre el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, y la UDM. Díaz recibió millonarios pagos de “asesorías” cuando, en ejercicio de su cargo, acreditó a la institución privada.
Hasta diciembre, en la sede de Reñaca había 3.034 alumnos. Se compone de los campus Recreo y Viña del Mar, que dictaban muchas carreras del área de salud, decenas de ingenierías, periodismo, diseño, derecho, administración pública, trabajo social y varias pedagogías.
Son 14 las sedes, de Arica a Punta Arenas, y una en Arequipa, Perú. Por cursos e-learning dictaban posgrados en ocho países. Hasta diciembre, sin contar los alumnos extranjeros, había 18.018 estudiantes. Raúl Soto, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Mar, dice: “En 2011 apoyamos las luchas nacionales estudiantiles, una educación pública gratuita; también Patagonia sin represas. El actual movimiento nace en reacción a los dichos de Urrutia, que desnuda la realidad de las inmobiliarias en la UDM. Luego, el ministro Beyer dijo que la universidad se va a cerrar. Ahí sale un movimiento fuerte, con huelgas de hambre, tomas de sedes y reparticiones públicas, movilizaciones, cortes de rutas, etc. Pero sólo reaccionamos, no era un movimiento que estuviera preparado. La coyuntura nos despertó. Nuestro principal error fue que pensamos que solucionando los problemas internos se solucionaba el problema de la UDM. Nos juntamos con los controladores, y nuestro principal objetivo era sacarlos de la junta directiva. Los sacamos, y nos bajamos de la huelga de hambre y de las tomas, y al gobierno se le puso entre ceja y ceja cerrar nuestra universidad”.
Según los estudiantes y un grupo de académicos, el cierre de la UDM no es solución. La UDM fue fundada en 1990. En la junta directiva figuran Héctor Zúñiga Salinas, Mauricio Villaseñor Castro, Sergio Vera Muñoz, Alejandro Leiva Godoy y Raúl Baeza Aspeé. La UDM otorgó un crédito privado a estudiantes cuyas carreras, por no estar acreditadas, no tenían acceso al Crédito con Aval del Estado (CAE), recurriendo a fondos de la Universidad. La tasa de interés era definida por la misma institución, que contrató a la empresa de cobranzas Servilogic, para perseguir judicialmente a los deudores. En 2010, la UDM fue “acreditada” por la CNA en forma fraudulenta, ubicándose entre las tres más grandes universidades del país. Tras el escándalo, el ex rector Zúñiga fue puesto a disposición de los tribunales.
“La situación ahora es más crítica -dice Raúl Soto- porque nos estamos enfrentando al enemigo que nunca debimos dejar de mirar. La estrategia del Ministerio de Educación nace de los resultados de la investigación que se realizó, cuando estábamos nosotros peleando con los dueños. Se investigaron los procesos administrativos, financieros y académicos, y eso se tradujo en un informe de la auditoría, que se le entregó a la CNED, que fue usado para la solicitud de cierre. Luego salió a luz pública que el 28 de febrero de 2015 la personalidad jurídica y el reconocimiento del Estado de la UDM caducarán. En ese intertanto, se produjeron acontecimientos importantes. Había muchas denuncias de los estudiantes en el Sernac.
La UDM está en crisis económica porque los dueños la llevaron a eso. El gobierno mandó un interventor, que tenía que fiscalizar los ingresos y egresos e informar de cualquier irregularidad. ¿Qué hizo Miguel Bejide, el interventor? Dijo que quería los informes académicos y programas de notas para ‘reubicarnos’. Ahí nosotros comenzamos a proponer que se estatice la universidad. Al interventor no lo dejamos entrar, iniciamos la toma, pusimos una queja disciplinaria y no pudo trabajar más acá.
Después llegó Nuria Pedrals, quien dijo que iba a encabezar el proceso de ‘reubicación’. Tenía que vincular los convenios que estaba firmando el Mineduc con la realidad de cada sede y proponer a los estudiantes ‘posibilidades’. Esto nos hizo preguntarnos: ¿cuál es el rol que está cumpliendo el Mineduc? Repudiamos a Pedrals. Para nosotros la reubicación no es solución, precariza más a los afectados y da la espalda a los otros estamentos. ¿Qué va a pasar con los cinco mil trabajadores, funcionarios, docentes y profesores de planta? Hasta ahora no hay respuestas”, agrega.
LUCRO: ORIGEN DEL MAL
La Universidad del Mar dejará de existir, con su cierre definitivo, en febrero de 2015. A diciembre de 2011, de los gastos de arriendo de inmuebles e infraestructura, 75% correspondía a pagos a empresas formadas por los socios fundadores de la UDM. La CNED destaca la inmobiliaria Doña Teresa Ltda., propiedad de Héctor Zúñiga y Raúl Baeza. El mismo día que la inmobiliaria arrendó el edificio donde funcionaría la sede de Iquique, lo subarrendó a la UDM por un monto mayor. Esa era una de las 85 “empresas de papel” ligadas a los dueños de UDM. Otra irregularidad detectada era la contratación y pagos sin justificación que beneficiaron a los socios fundadores, perjudicando a la universidad. Zúñiga, tras dejar el cargo de rector, recibió un finiquito por 141 millones de pesos y una pensión por 342 UF mensuales. Villaseñor, contratado como vicepresidente ejecutivo, recibía un sueldo mensual de 6 millones más gastos de representación por 200 UF. Su cargo ni siquiera existía en los estatutos de la UDM. Otro tanto ocurrió con las irregularidades en las carreras del área de salud. Según el Mineduc y la CNED la UDM “infringió la prohibición de lucro, incumplió normas laborales y previsionales e incumplió los contratos de prestación de servicios con los estudiantes, debido a la falta de recursos para la docencia”. También se concluye que es posible que hayan incurrido en ilícitos penales y tributarios.
“El problema es el rol del mercado en la educación, y el afán de lucro. El Estado no cumple su rol… Sacamos a Bejide, a Pedrals. Ojalá podamos sacar también al ministro Harald Beyer. Ahora el objetivo es botar al síndico de quiebras. Que no se pida ninguna quiebra más en nuestra universidad. No es defender el negocio a los controladores; ellos deben ir presos. El proyecto de los estudiantes es que la UDM continúe, pero que sea pública, refundada y recuperada para los sectores más pobres de la población. Falta ahora la voluntad de las autoridades. Estamos en un modelo económico que ve la educación como un bien de consumo y a las universidades como empresas”, agrega Raúl Soto.
Según la CNED la Universidad del Mar “vulneró sus estatutos y abandonó su proyecto universitario”. Durante la última década, la UDM creció gracias a la “autonomía” y luego a la “acreditación”. Entre 1990 y 1995 no logró tener más de 1.900 alumnos. En 2002 no tenía más de 3.900 alumnos, era una pequeña universidad regional. Pero en 2007 tenía 22.388 matriculados. En 2004 abrió una sede en Quillota; dos años después, en San Fernando; y en 2007 inauguró Reñaca, su casa central, con capacidad para 1.500 alumnos. Luego abrió sedes en Arica, La Serena, Temuco y Punta Arenas.
Según el ex rector Urrutia, “los pagarés impagos que acumula la UDM superan los 50 mil millones”. El fraude consiste en que los dueños y controladores y sus 85 empresas ligadas estrujaron todo lo que podían, apropiándose de miles de millones de pesos. Los estudiantes estafados deberán pagar todo lo que deben si quieren que se les reconozcan los años de estudio.
UNIVERSIDAD DE ALUMNOS POBRES
Los estudiantes de la UDM exigen la “estatización”. Cuando iniciaron las movilizaciones intentaron saber quiénes eran los 18.018 estudiantes para “ponerle un rostro a las cifras”, dice Raúl Soto. Hicieron una encuesta, que respondieron 4.500 estudiantes de manera parcial y 2.100 de manera completa. “Tenemos un 47% de estudiantes-trabajadores y muchos se endeudan para financiar sus estudios. En algunas sedes, el 78% de estudiantes son padres de familia o madres solteras. Casi un 50% estudia en cursos vespertinos. Nos dimos cuenta que los tres quintiles más pobres son los que estudian en la UDM.
Empezamos a ahondar en qué queríamos como movimiento estudiantil, y cuando teníamos los datos, empezamos a analizar cómo se desenvuelven en la vida los estudiantes de la UDM. Nos dimos cuenta que es la misma gente a la que le cuesta ser atendida en un consultorio porque les dan hora para muchos meses después, que no tienen acceso a vivienda digna, que no tienen un buen trabajo y ganan el salario mínimo… A ellos queremos enfocarnos con nuestro proyecto. Por eso decimos que la UDM debe estatizarse”, dice Raúl Soto.
La Confech discutirá si apoya la estatización de la UDM. Se viene un nuevo conflicto estudiantil, sobre todo de las universidades privadas que están siendo investigadas. Según Raúl Soto, “cobra mucho más sentido nuestra idea utópica de la estatización, y hace mucho más sentido también que se atomice la responsabilidad de los privados, y el Estado entregue las herramientas para que se puedan desarrollar los procesos educativos en nuestro país. Hay que potenciar lo que se está levantando en los colegios: el control comunitario y el control triestamental, para sacar a los parásitos de la educación, que son las juntas directivas y los controladores que se enriquecen y hacen usufructo del arancel y del sacrificio personal de las familias de los estudiantes”, concluye.
ARNALDO PEREZ GUERRA