Por tres votos a favor y uno en contra, la Comisión de la Cámara de Diputados que analizó la acusación constitucional en contra del Ministro de Educación, Harald Beyer, rechazó el recurso, tras seis días de audiencias y análisis técnico del libelo acusatorio.
El presidente de la instancia, diputado Cristian Letelier (UDI), indicó que su voto y el de sus compañeros de partido, Mónica Zalaquett y Gastón Von Mühlenbrock, tuvieron a la vista la falta de sustento de las acusaciones, tanto desde el punto de vista jurídico como fáctico.
Dijo que no se reunieron las pruebas suficientes para sostener las faltas mencionadas por los acusadores, conforme a lo que establece la Constitución, sino que, al contrario, se demostró que el Secretario de Estado cumplió cabalmente con sus funciones. “Creemos que el Ministro Beyer es el único que ha combatido el lucro y que ha cerrado una universidad autónoma, ninguno en el pasado lo hizo, sea porque no se preocupó o porque no uso sus facultades”, resaltó.
Planteó que la situación de la Universidad del Mar se venía arrastrando desde 2004, cuando la casa de estudios experimentó un crecimiento explosivo, y que fue justamente el Ministro Beyer, a través de los organismos competentes, quien posibilitó su cierre y cancelación de la personalidad jurídica.
Sostuvo que la preocupación del Ministro también se manifestó al ordenar sumarios a cinco casas de estudio, de los cuales tres concluyeron (uno de ellos a la Universidad del Mar) y dos aún en curso.
Para el diputado Fuad Chahín (DC), quien votó a favor de la acusación constitucional, simplemente ocurrió lo previsible, ya que se esperaba que los tres diputados de la UDI apoyaran la tesis del Ministro Harald Beyer.
Recordó que esta acusación constitucional lo que busca es la responsabilidad política del actual Ministro por no haber ejercido las facultades que le confiere la Constitución y las leyes, por haber desoído un conjunto de denuncias y requerimientos, de privados e instituciones públicas, y para que, de una buena vez, se fiscalice y ponga atajo al lucro.
“Esperamos que la conciencia y la profundidad de análisis de los diputados en la Sala permita que esta acusación constitucional continúe su tramitación y se de una señal clara para que nunca más las autoridades de nuestro país dejen de hacer cumplir la ley y sigan permitiendo que una actividad que está absolutamente prohibida como es el lucro en las universidades privadas siga existiendo a vista y paciencia de todo el mundo”, acotó.
Informó que la Comisión recibió varios dictámenes de la Contraloría que son bastante claros en apoyar la línea de argumentación de los acusadores. “La facultad de investigar, fiscalizar y sancionar es del Ministro de Educación; que el mecanismo está fijado en la Ley de Procedimientos Administrativos; y que el hecho de existir un proyecto de ley de Superintendencia de Educación Superior no puede ser un obstáculo para que el Ministro ejerza sus facultades a las que está obligado”, puntualizó.