La Corte Suprema confirma recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en favor de una inmigrante colombiana que permaneció detenida por casi dos meses en un cuartel policial de la Policía de Investigaciones (PDI) a la espera de un decreto de expulsión.
En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y el abogado integrante Jorge Barahona, ratificaron la resolución de la Corte de Apelaciones de Arica que había acogido la acción cautelar en favor de Jennifer Suley Candela Riascos, detenida entre el 20 de enero y el 14 de marzo.
El fallo reafirma la ilegalidad de la actuación de la PDI al mantener en prisión a la inmigrante por un plazo mayor al que faculta la ley (24 horas).
De este modo, se establece que “la privación de libertad de la amparada -entre el 20 de enero del año en curso y el 14 de marzo último, sin haber podido ejercer el derecho a reclamo ni el de contar con defensa, en condiciones materiales muy limitadas e indignas- pone en evidencia que esa privación no cumplió con los requisitos señalados, en términos que permiten afirmar, sin lugar a dudas, que fue ilegal y arbitraria”, sostiene el fallo de la Corte Suprema.
La resolución ratifica la decisión de la Corte de Apelaciones de Arica de remitir los antecedentes al Ministerio Público y a la Dirección General de la PDI para que se investiguen eventuales responsabilidades criminales y administrativas en este hecho.
Para la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, “el fallo de la justicia es un nuevo llamado para que las instituciones competentes en materia de inmigrantes cumplan con los estándares legalmente establecidos en cuanto a los derechos de quienes arriban al país”.
“Esperamos que este fallo sea un nuevo llamado de atención para que situaciones tan graves como ésta no se repitan, tomando en cuenta el aumento sostenido de personas migrantes que ingresan al país. Como institución que debe velar por estos y otros derechos, nos preocupa que podamos estar frente a una situación generalizada de tratos y condiciones indignas hacia las personas migrantes, por lo que el INDH está llamado a actuar en todo el ámbito que la ley le otorga para observar este tipo de situaciones”, sentenció Lorena Fries.