La intención gubernamental de reformar la Ley de Telecomunicaciones desató la ira mediática en Honduras, “en defensa de la libertad de expresión”, ante un posible cambio del espectro radioeléctrico que contempla “una asignación de 33% para los servicios comunitarios, 33% para servicios comerciales y 34% para satisfacer las necesidades comunicacionales del Estado, Gobierno de la República y Gobiernos Municipales o Mancomunidades”, según informó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda.
La iniciativa añadiría a Honduras a los países latinoamericanos que recientemente han modernizado su legislación sobre las señales de radio y televisión en su espectro radioeléctrico, como Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Según Pineda, el proyecto recoge opiniones de diversos sectores de la sociedad y toma en cuenta sugerencias del informe de Frank La Rue, Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción y la Protección del Derecho a la Libertad de Expresión y de Opinión, quien visitó Honduras del 7 al 14 de agosto de 2012.
“Dado que las frecuencias electromagnéticas de telecomunicaciones son propiedad del Estado, y el Estado debe siempre buscar el bien común con el interés de todos”, el Relator de la ONU recomendó “que se desarrolle un reglamento para la concesión equitativa del usufructo y manejo de las frecuencias de telecomunicaciones con el propósito de que todos los sectores de la población tengan acceso a dichas frecuencias y de evitar la concentración [de la propiedad] de medios y los monopolios que violan el principio de diversidad y pluralidad que debe prevalecer en la libertad de expresión y en los medios de comunicación social”, citó textualmente la ministra Pineda.
Los grandes medios de Honduras combaten la idea de legislar una reforma que, según El Heraldo, contemplaría expropiaciones y “comisiones de censura”. La Prensa y otros diarios llaman “Ley Mordaza” a esta iniciativa que atiende las sugerencias de Frank La Rue. “Recomiendo al Gobierno de Honduras promover ante el Congreso de la República una ley que redefina el interés social del uso de las frecuencias de telecomunicaciones y su forma de distribución”, dijo taxativamente el informe La Rue.
No hay ley mordaza
Las limitaciones a la libertad de expresión, opinión e información, e incluso la causa de menos fuentes de trabajo y bajos salarios para los periodistas de Honduras, al igual que en otros países de la región como Chile, obedecen principalmente a la excesiva concentración de la propiedad de los medios, cuyos dueños también pertenecen a las oligarquías dominantes que llevan adelante la concentración monopólica a través de grupos controladores de la actividad económica general, mientras el Estado observa la anacrónica filosofía del laissez faire, laissez passer, “dejar hacer, dejar pasar”.
“No hay ninguna Ley Mordaza; no puede ser que la libre emisión del pensamiento la ejerzan unos pocos”, dijo Aníbal Puerto, en representación del Consejo de Notables de la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (USCVR). “El problema está en que un staff reducido de dueños de medios de comunicación concerta opinión y dan golpes de Estado. Desde luego, ellos no aparecen porque para eso tienen sirvientes. Todo esto que se ha venido diciendo, los ataques arteros contra la ministra, son repugnantes; no debe continuarse por esa línea si no se quiere suscitar un nuevo problema político en Honduras”, añadió Puerto.
El informe del Relator de la ONU dice a la letra: “Según testimonios recibidos, hay un sinnúmero de frecuencias concedidas en usufructo que no están siendo utilizadas, pero que los usufructuarios mantienen como reserva personal, por lo que recomiendo al Estado de Honduras establecer como condición para recibir la concesión de una frecuencia el tener que utilizarla efectivamente, de inmediato y en forma permanente. Adicionalmente, recomiendo al Estado que, a través de Conatel [Comisión Nacional de Telecomunicaciones], haga un inventario y mapeo de frecuencias en todo el país, estableciendo cuáles no están en uso para retirar la concesión del usufructo”.
La ministra Pineda dijo que las reformas a la Ley nacieron de una propuesta trabajada originalmente por Conatel, pero más tarde recibieron aportes del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que entregó una propuesta propia trabajada con expertos nacionales y extranjeros para impulsar la aprobación de una nueva Ley de Comunicaciones.
La propuesta “Hacia una nueva ley de comunicación en Honduras” fue elaborada en octubre 2012 y entregada al Poder Ejecutivo por el C-Libre, integrado por periodistas y miembros de la sociedad civil, que promueven y defienden la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras con más entusiasmo que el Colegio de Periodistas. El C-Libre cobró prestigio internacional por sacar la voz ante los frecuentes asesinatos, sin discriminar entre periodistas profesionales y comunicadores sociales.
La prensa hondureña reaccionó al unísono en cuanto oyó hablar de esta propuesta, alegando que establece un censor para controlar las publicaciones o emisiones de periódicos, radios y televisión. La “censura” en ciernes radicaría en la creación de un Consejo Nacional de Ética en la Comunicación, que vigilaría la programación de los medios públicos, privados y comunitarios.
Habla la ministra Pineda
“Hubo un amplio debate sobre la propuesta de reforma para conocer de viva voz las reacciones de la mayor cantidad posible de personas y sectores involucrados”, dijo la ministra Ana Pineda (1). La Secretaría de Justicia y DDHH confirmó a quienes participaron y sistematizó las observaciones y propuestas.
“La invitación estuvo abierta a todos los sectores y personas interesadas en esta temática mediante la realización de cuatro diálogos abiertos y televisados para asegurar la necesaria publicidad y transparencia que un cambio de esta naturaleza requiere”, añadió Pineda.
Una comisión recogió las observaciones, sugerencias y propuestas presentadas en los encuentros, así como las enviadas por correos electrónicos o entregados por otros medios. Todas se dieron a conocer en una matriz expuesta en el sitio www.sjdh.gob.hn, precisó la ministra.
“La mesa de trabajo acogió los aportes de las y los participantes, contrastando unos con otros y aceptando los puntos de mayor coincidencia, hasta compartir durante el proceso, dos anteproyectos, que igualmente estuvieron expuestos en el sitio www.sjdh.gob.hn”.
Pineda dijo “que estas reformas se orientan a que el Estado hondureño asuma su rol de ente regulador del bien público que constituye el espectro radioeléctrico y que los temas relativos a regular y garantizar la libertad de expresión, así como el ejercicio periodístico y de prensa, son objeto de otros marcos legislativos”.
Aclaró que “es falsa la aseveración que la reforma promueve la violación al derecho a la libertad de expresión y el papel de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos es darle seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, a las recomendaciones formuladas en el Examen Periódico Universal, donde se asumió como compromiso voluntario y a las recomendaciones del Relator Especial de la ONU para la Promoción y la Protección del Derecho a la Libertad de Expresión y de Opinión, Frank La Rue”.
La reforma causa escozor entre los propietarios de medios porque trae propuestas novedosas al parcelar el espectro en tres sectores, como “pasar de los servicios públicos, a los servicios públicos comerciales, los servicios públicos de interés público y los servicios públicos comunitarios”.
Golpe a la concentración mediática
El meollo de la reforma propone “pasar de los servicios de difusión que se prestan en régimen de libre competencia a una asignación de 33% para los servicios comunitarios, 33% para servicios comerciales y 34% para satisfacer las necesidades comunicacionales del Estado, Gobierno de la República y Gobiernos Municipales o Mancomunidades”.
“Los plazos de duración de las concesiones de 25 años, pasan a 15 años; los permisos de 15 años a 10 años; los registros no podrán exceder de 5 años, se quedan en 5 años; y las licencias serán otorgadas por períodos iguales a la duración de la concesión, permiso o registro correspondiente.
“Actualmente la ley permite la renovación automática por períodos iguales de las concesiones, permisos, registros y licencias”, puntualizó la ministra. “Con la reforma, las personas interesadas en renovar una concesión, permiso, registro o licencia, deberán solicitarlo con anticipación”.
“Actualmente los permisos de los servicios de difusión de libre recepción y sus licencias asociadas durante el plazo de su vigencia, podrán ser transferidos por sucesión por causa de muerte, por donación entre vivos y libre disposición de bienes. Con la reforma, los derechos derivados de una concesión, permiso, registro o licencia, son intransferibles, en consecuencia, no podrán cederse o enajenarse ni se adquieren o transmiten por sucesión, por efecto de los contratos, de la fusión de compañías o por prescripción”.
“La reforma a la ley busca que los titulares de las concesiones, permisos, registros o licencias otorgados para la explotación de servicios de telecomunicaciones, presenten obligatoriamente ante Conatel y dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación de la nueva norma, la documentación que acredite su titularidad, así como una declaración jurada en que conste que dicho titular es quien directamente opera el servicio autorizado”, dijo Pineda.
Comisión Reguladora
La reforma crea una Comisión Reguladora de Programación, propuesta por C-Libre, “especialmente ante las serias deficiencias que exhibe el sistema y ante los reclamos de tutela de los derechos y la promoción de valores, por sectores de niñez, mujeres, pueblos indígenas, afro hondureños, campesinos entre otros”, dijo la ministra.
Añadió que esta Comisión tiene una alta representatividad con 16 miembros:
1. El Presidente de Conatel, quien también lo presidirá;
2. El Secretario de Estado en los Despachos de Interior y Población;
3. El Secretario de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos;
4. El Secretario de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes;
5. El Secretario de Estado en el Despacho de Educación;
6. Un representante del Consejo de Educación Superior;
7. Un representante de las Universidades privadas;
8. Un representante de la Iglesia Católica;
9. Un representante de la Confraternidad Evangélica;
10. Dos representantes de la Sociedad Civil vinculada al ejercicio de las comunicaciones, la libertad de expresión, la transparencia, pueblos indígenas y afro-hondureños, y los derechos humanos;
11. Un representante del sector campesino;
12. Un representante del sector de niñez y juventud;
13. Un representante de las Organizaciones de usuarios de los servicios de radio y televisión;
14. Un representante de radios comunitarias;
15. Un representante de los sectores gremiales periodísticos; y,
16. Un representante de los medios de comunicación.
Ana Pineda recordó que “la libertad de expresión puede tener limitaciones legítimas, derivadas de los principios establecidos en los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Artículo 13, numerales 2 y 5, de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), los que deberán estar expresamente fijados por la ley y son necesarios para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública”.
Apoyo de organizaciones de la sociedad civil
Cuando Ana Pineda anunció la reforma, estuvo presente una representación de la prensa nacional y comparecieron personalidades como Oscar Aníbal Puerto y Manuel Gomero, representantes del Consejo de Notables de la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (USCVR); Mauricio Aguilar, Comisionado de Conatel; Héctor Longino Becerra, del Comité para la Libre Expresión (C-Libre); y Rolando Sierra, Coordinador de la USCVR.
Además, con su presencia expresaron su respaldo diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el CODEH, CIPRODEH, CPTRT y COIPRODEN, así como representaciones de las organizaciones de la sociedad civil que demandaron y acompañan este proceso de reformas a la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, que deben ser aprobadas por el Congreso.
No hay “ley mordaza”
El Dr. Rolando Sierra Fonseca, Coordinador de la USCVR, expuso que las recomendaciones del informe de la Comisión Verdad y Reconciliación (CVR) en el ámbito de los medios de comunicación plantean: “Reformar la Ley de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en especial lo que atañe al sistema establecido por dicha comisión para conceder el otorgamiento de frecuencias y que no es el más adecuado para propiciar un verdadero ejercicio de la libertad de expresión y de información”. También recordó que esta misma recomendación fue formulada por el Examen Periódico Universal y el Relator de ONU para la Libertad de Expresión, Frank La Rué, en su visita al país en agosto 2012.
Aníbal Puerto, en representación del Consejo de Notables de la USCVR, expresó: “No hay ninguna Ley Mordaza. No puede ser que la libre emisión del pensamiento la ejerzan unos pocos. El problema está en que un staff reducido de dueños de medios de comunicación concerta opinión y da golpes de Estado. Desde luego, ellos no aparecen porque para eso tienen sirvientes. Todo esto que se ha venido diciendo, los ataques arteros contra la ministra, son repugnantes; no debe continuarse por esa línea si no se quiere suscitar un nuevo problema político en Honduras”.
Mauricio Aguilar, comisionado de Conatel, expresó que las reformas no tienen ninguna intencionalidad adversa con la libertad de expresión, contra la libertad de empresa o los y las trabajadores de los medios, sino que es una reforma que pretende actualizar, contextualizar y poner a Honduras dentro del concierto de naciones que regulan el tema de telecomunicaciones de forma científica y moderna.
Héctor Becerra, de C-Libre, dijo: “La comisión de reformas a la Ley de Telecomunicaciones ha trabajado de forma transparente y ahora hay un debate a nivel nacional sobre las reformas que han sido consensuadas a través de conversatorios en Casa Presidencial. Han dicho que se violenta la libertad de expresión pero no sé de qué libertad de expresión hablan aquellos que atacan a C-Libre o a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos”. Señaló que la democratización de los medios es una necesidad. “El equilibrio en la información en una sociedad se logra en la medida que exista pluralidad de medios de comunicación y en esa misma medida se fortalece la democracia”, dijo.
Al concluir el acto, la ministra Ana Pineda manifestó que “la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha tenido el cuidado que no se vaya a incurrir en ningún acto de censura sino que, al contrario, se desarrollen de manera expresa, taxativa y clara las responsabilidades ulteriores, y por eso mantiene contacto permanente con Frank La Rue, Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, con quien se coordina una nueva visita a Honduras. El papel de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos seguirá siendo consecuente con su mandato legal”.
Este proyecto de ley marca un giro no conocido en la política de Porfirio Lobo y revela el desempeño silenciado por la prensa internacional de la Comisión de Verdad y Reconciliación y otros organismos protagónicos de esta iniciativa modernizadora en una nación que todavía vive el atraso político propio de un estadio del feudalismo terrateniente medioeval.
Referencias
1) http://www.sjdh.gob.hn/?q=20130318_Reformas_a_la_Ley_Marco_del_Sector_de_Telecomunicaciones
*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.