Sólo en el país de Tontilandia se puede dar algo tan absurdo y contradictorio como es el transgredir la ley en forma legal. Durante 23 años ciertas universidades privadas han lucrado en las barbas de los distintos ministros de Educación que, se supondría, juran ante el Presidente de la república, en una ceremonia solemne, de respetar y hacer respetar la ley.
En una democracia seria se supondría que el Parlamento fiscaliza a los ministros en el cumplimiento de sus tareas y, como lo he sostenido en otros trabajos, la única facultad fiscalizadora, vinculante y con imperio, es la acusación constitucional y, de no emplearla ante abusos de poder o negligencia, la Cámara de Diputados termina siendo un organismo decorativo – con razón es despreciada por los ciudadanos quienes, además, les pagan una suculenta dieta – y sin balance de poder, Chile termina siendo una monarquía absoluta.
Estoy a favor, consecuentemente, con la acusación constitucional contra el Ministro de Educación, Harald Beyer, que ha permitido el lucro en las universidades y la mercantilización de nuestro sistema de educación, conceptuado por la derecha y su propio Presidente, como “un bien de consumo”. Para ser honestos, en este plano tanto la Concertación como la Alianza están empatadas en la culpabilidad respecto al atropello a la ley, llevado a cabo por algunas universidades privadas. En las sociedades espejo – la más conocida forma de lucrar en ciertas universidades privadas – sus miembros pertenecen a ambas tendencias duopólicas: viejos y nuevos ricos coludidos.
Hay declaraciones de ex ministros de Educación que superan, de lejos, al personaje Candido, de Voltaire; por mi parte, me limitaré a citar declaraciones a Ciper Chile, expresadas por dos ministros del Ramo, del gobierno de Michelle Bachelet. Martín Zilic: “Había que hacer un cambio en la legislación, porque hoy se estaba torciendo la ley, se estaba transgrediendo la ley en forma legal, hoy día sigue así. Esto no sólo le compete al ministerio, cualquier persona podría haber ido a los tribunales de justicia y haber dicho `mire sabe que…´El problema es la forma como se hace, está muy bien pensada para evadir la ley”. Estas expresiones son dignas del teatro del absurdo – por ejemplo, de Ionesco – ¿acaso el propio ministro no es persona natural para hacer las denuncias respectivas?
Por su parte, la ministra Yasna Provoste declaró a Ciper Chile: “lo más probable es que esto (lo del lucro en las universidades) haya quedado radicado en la División de Educación Superior y por lo menos a mí en ese momento no se me comentó nada. Además, durante mi período, nosotros estuvimos radicados una buena parte de nuestro tiempo a la reforma legislativa en el Parlamento, producto de la derogación de la LOCE, entonces yo, por lo menos, no tuve conocimiento. Ni el jefe de educación superior ni la subsecretaria me informaron porque tú comprenderás que el ministro no está viendo por internet las cosas. No son esos sus canales de información”.
María José Lemaitre, secretaria ejecutiva del Consejo Superior de Educación hasta 1998, contó a Ciper Chile: “Tuvimos una reunión con el SII (Servicio de Impuestos Internos) y la Superintendencia de Valores (SVS) y otra gente más que no recuerdo. Les dijimos: qué hacemos con esta institución que claramente está sacando plata y la respuesta fue que todo lo que estaban haciendo era legal. Pero no sólo eso. Nos argumentaron que desde el punto de vista de las finanzas públicas nos conviene que la plata salga de las universidades y se vayan a una inmobiliaria (que) paga impuestos y la universidad no. ¡Yo quedé plop! Ese fue el argumento: no tiene sentido que nos pongamos parados de la hilacha cuando desde el punto de vista del fisco nos conviene que nos paguen impuestos”.
Si no fuera por las movilizaciones de los estudiantes todo hubiera seguido encubierto, como le conviene a la casta política duopólica, que tiene intereses creados en las universidades que lucran.
Los hechos ocurridos a partir de las movilizaciones estudiantiles, durante este gobierno, son bastante conocidos: un ministro, Joaquín Lavín, que reconoce haber ganado dinero como co-dueño de la Universidad del Desarrollo; otro, el ministro de Justicia, debió renunciar por conflicto de intereses; un tercero, el ministro de la presidencia, Larroulet, también tiene intereses en la universidad.
La acreditación que concede el Consejo Superior de Educación se transformó en un negocio redondo para las universidades privadas: por ejemplo, la Universidad del Mar pasó de 3.900 alumnos en 2002, a 22.388 estudiantes, en 2007, y sus sedes se multiplicaron as diez Regiones de las quince del país, repartiéndolas entre sus dueños.
La Universidad Andrés Bello en un solo año, (1999-2000), aumentó de 6.600 alumnos a 10.800; la U. San Sebastián, después de la acreditación, subió de 2.400 a 6.400 alumnos. Las universidades acreditadas son favorecidas con el dinero de todos los ciudadanos, por medio del CAE (Crédito con aval del Estado), y que los estudiantes pagaban al 6% anual – enriqueciendo los bancos – y, ahora, al 2%.
La Universidad de Las Américas y otras más, actualmente son propiedad de fondos de inversión extranjeros. Las revistas especializadas consideran una muy buena inversión lucrar en las universidades privadas chilenas.
Las víctimas de este abuso son los profesores, por ejemplo, la U. del Mar, una vez lograda, fraudulentamente, la acreditación, convirtió al 80% de sus docentes en profesores taxi y hasta ahora, les adeuda sus remuneraciones y su respectiva previsión.
La pésima calidad de algunas carreras de la universidad del Mar sospecho que se reproducen en otras similares. El director de la Escuela de Medicina de esa Universidad denunció, al poco tiempo de asumida su función, las irregularidades, entre ellas, la falta de infraestrutura, inexistencia de campos clínicos y el alto porcentaje de titulados en el examen habilitante para ejercer la medicina. En educación, el 94% de los titulados fue considerado insuficiente en el examen de capacidad pedagógica.
Un alto porcentaje de estas universidades privadas se declaran docentes, es decir, no investigan y carecen de extensión universitaria, por consiguiente, se limitan a repetir conocimientos que los alumnos memorizan.
A qué seguir: hay universidades tan de baja calidad académica que, ni siquiera, se atreven a presentarse a la acreditación general, mucho menos a aquella específica, referida a las distintas carreras. Cuando la evaluación es deficiente, queda la oportunidad de una acreditación de corto tiempo – dos años – y así aprovechar dinero del fisco, a través del CAE y, peor aún, engañar a in cautos estudiantes y a sus familias.
En la actualidad, hay varias universidades cuestionadas, incluso por el mismo Ministerio de Educación, entre ellas SEK, Bernardo O´Higgins y la Pedro de Valdivia. Según informaciones de Ciper, muchas de estas universidades han tenido que cerrar carreras y, por consiguiente, reducir el número de alumnos.
Ante el temor de que, de una vez por todas, “las instituciones funcionen” como solía decir el Presidente Lagos, muchos de estos fondos de inversión – inmobiliarias, sociedades espejo – van a escapar, pues no hay nada más cobarde que el capital. “La gallina de los huevos de oro” terminará clueca, pero los pollitos irán muriendo de uno en uno.
(Las citas corresponden a CIPER, en el Artículo, Cómo educan las universidades que por ley no deben lucrar; autores: Verónica Torres, Juan Andrés Guzmán y Gregorio Riquelme, con fecha 19 de agosto de 2011).
Rafael Luis Gumucio Rivas
21/03/2013