A poco más de una semana para que el Comité de Ministros adopte una decisión sobre las reclamaciones que la ciudadanía y la propia empresa hicieron a la aprobación, en mayo de 2011, del proyecto HidroAysén, dirigentes críticos del proyecto han recordado las palabras de la intendenta Pilar Cuevas cuando señaló que “no aceptaría” que se haga modificación alguna a las condiciones que la Comisión de Evalución Ambiental, que preside, hiciera a la iniciativa en su oportunidad.
Así lo señaló el coordinador de la Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann, quien recordó las comprometidas palabras de la máxima autoridad regional quien en agosto de 2011 declaró no estar dispuesta a “que se mueva ni una coma de la resolución de calificación ambiental y de las exigencias que se le pusieron al proyecto”. Entre las más complejas, asegurar la rebaja en un 50 % de la energía para Aysén, talar todos los bosques previo a la eventual inundación para evitar su descomposición bajo el agua, asumir la compensación económica del turismo si éste se ve afectado por la construcción u operación de las represas, diseñar y financiar un plan de marketing que mitigue los impactos del proyecto en esta actividad económica y mejorar el plan de reasentamiento de los eventuales relocalizados con un catastro detallado entregado a la brevedad (lo cual aún no han cumplido), entre varias otras exigencias.
En la ocasión Pilar Cuevas indicó que “espero sinceramente que en el Comité de Ministros, y en esto voy a obviar a la ministra para no comprometerla, no se acepten las reclamaciones del titular porque no son procedentes y lo que está en la RCA es lo mínimo que la región debe tener”. El problema es que precisamente son estas -junto a otras- las condiciones que HidroAysén está solicitando eliminar o modificar de la resolución de calificación ambiental, algo que la autoridad política –y presidenta de la Comisión de Evaluación Ambiental regional- rechazó en la ocasión tajantemente.
Al respecto Hartmann afirmó que “existe una serie de medidas que no son viables por parte de la empresa, como por ejemplo la rebaja de un 50% en las cuentas de luz que HidroAysén obviamente reclamó”, porque en el fondo se sabe que eso depende de actores como el propio Ejecutivo, el Congreso Nacional y la empresa monopólica que opera en la región que es Edelaysen. Agregó que esto da la razón a quienes aseguran que HidroAysén se aprovecha de la ingenuidad de la ciudadanía al prometer rebajar las cuentas de la electricidad cuando eso no está en su poder asegurarlo, ya que lo propio podrían exigir en Colbún, Alto Bío Bío, Santa Bárbara, Rapel y tantos otros lugares donde hoy existe este tipo de infraestructuras, lo cual podría generar una larga tramitación para un inviable proyecto de esta naturaleza.
Ministra Benítez y la participación ciudadana
Por la misma fecha la ministra de Medio Ambiente y presidenta del Comité de Ministros, María Ignacia Benítez, recordó informó que “vamos a recibir todas las reclamaciones y las vamos a estudiar en profundidad. Podemos incluso discutirlas en el momento en que se reciban, que ustedes las puedan explicar también y con ese intercambio podamos ver el detalle de cada una de las mismas“. Agregó que el proceso puede extenderse bastante y que el Comité de Ministros “no necesariamente tiene que resolver en una reunión. La ley no nos impone la obligación de resolver en una reunión los temas, porque es muy distinto resolver un proyecto chico, de menos envergadura, a resolver proyectos muy grandes. Son temas distintos, depende de la cantidad de reclamaciones que se reciban por lo tanto pueden ser dos, tres, cuatro, cinco reuniones“.
En los últimos días se ha sabido que el Comité de Ministros ha resuelto revisar las reclamaciones a puertas cerradas, no dejando espacio a que las organizaciones y ciudadanos puedan explicar sus presentaciones, lo cual es considerado como una falta al compromiso asumido hace ya más de un año por parte de la autoridad nacional.