Un negativo balance respecto de progresos en el reconocimiento jurídico y la vigencia efectiva de derechos individuales y colectivos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por estado chileno arrojó el Tercer Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile, el que fue presentado en el marco de la Cumbre de los Pueblos de América Latina, el Caribe y Europa.
José Aylwin, co director del Observatorio Ciudadano y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, comenta que “el informe este año da cuenta de una situación de desprotección en múltiples ámbitos y pone énfasis en los derechos de los sectores más discriminados, como son pueblos indígenas, migrantes, mujeres, niñas y niños, adultos mayores y la diversidad sexual, dada la incapacidad del estado chileno de avanzar hacia marcos jurídicos adecuados, por un lado, y hacia políticas públicas que los implementen, por el otro”.
La extrema vulnerabilidad en que encuentran los derechos económicos, sociales y culturales en Chile, fue también destacado como uno de los temas graves, lo resulta “incomprensible para un país que se presenta asimismo como próximo a alcanzar el desarrollo”, señala el informe en sus reflexiones finales. Al respecto, Martín Pascual, miembro del directorio de Acción A.G. y CENDA, aclaró “que (este informe) es una forma de enfrentar esta marea exitista, todo este cinismo que se establece en torno a las cifras, como las del empleo, todos muy precarizados y que no obstante es planteado como una herramienta para acabar con la pobreza. La importancia de este informe es mostrar estas realidades, hacer contraloría de lo que el estado plantea”, concluyó.
Por primera vez el informe incorpora un capítulo específico para analizar avances en torno al derecho a la educación, ello a la luz del debate que se ha abierto sobre la necesidad de garantizar su calidad y gratuidad, sin que se perciban mayores cambios. René Varas, miembro del Foro Nacional por la Educación, aseguró que “este año, en términos generales, no ha habido modificación alguna al sistema educacional, el que sigue concebido como una mercancía, ajeno a toda noción de derecho, y caracterizado por prácticas discriminatorias institucionalizadas en todos los niveles. Ello principalmente a través de las formas de selección de los estudiantes y el pago o cancelación que se hace por educación, lo que ha ido generando la segregación de los estudiantes en distintos tipos de instituciones”.
Varas agregó que tampoco ha existido voluntad de diálogo, pues “el movimiento estudiantil ha plateado estos problemas y entregado propuestas concretas de superación, éstos no han sido escuchados, sino más bien criminalizados en su protesta”, denunció.
En cuanto a la implementación de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, la representante de ACHNU, Francis Valverde, recordó que “Chile es el único país en América Latina que no tiene una ley de protección de derechos -o códigos especiales, como ocurre otros países- para todos los niños, niñas y adolescentes”. Ello, a pesar de que el Comité de Derechos del Niño de la ONU le ha planteado al estado en sus tres últimos informes la inconveniencia de que Chile no tenga una adecuación legislativa y judicial a la Convención”.
Valverde argumenta que “por eso la sociedad decidió organizarse y armar una propuesta concreta de proyecto de ley de 35 páginas”, las que fueron trabajadas en reuniones semanales sucesivas entre autoridades de gobiernos, Unicef y organizaciones vinculadas a los derechos de la niñez y adolescencia. Pero el ejecutivo incumplió su compromiso de presentar al Congreso esta propuesta consensuada, y en lugar de ello la “redujo a seis páginas, arguyendo que tenía muchos derechos y pocos deberes, lo que da cuenta que el estado entiende nada de derechos humanos”.
Por su parte Alejandro Reyes, del Programa de Personas Mayores de la ONG CEC, advirtió que la población chilena está envejeciendo rápidamente, lo que constituye un desafío para las políticas públicas, pero también para la forma en que el estado y la sociedad les reconoce. “Hoy en día existe en el país un 16% de población mayor de 60 años”, a los que se suman cerca de cien mil personas que cada año ingresan a engrosar este grupo etáreo. Comenta además que “existen directrices internacionales, lo que se llama el derecho blando, emanadas de tres conferencias de América Latina y el Caribe en torno a lo que es asumir el envejecimiento de la región como un desafío programático de los gobiernos, ninguno de esos importantes derechos donde se instala los derechos humanos como prioridad ha si do asumido en nuestro país.
Finalmente, en las palabras de cierre de la presentación, José Araya, coordinador del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, reiteró que “el gran desafío es modificar la institucionalidad y la Constitución de 1980, para cambiar las desigualdades existentes en el país.