Víctor Pey, ingeniero español propietario de la empresa editora del Diario Clarín de Chile, ha demandado a la República de Chile por impago del laudo del Tribunal Internacional del Ciadi (Banco Mundial) que en 2008 condenó a Chile a compensar los daños y perjuicios causados por haberle expropiado, informa hoy el diario económico español Expansión.com.
El laudo condenó a Chile a compensarle los daños y perjuicios causados por haber violado su obligación de garantizar al inversor español un tratamiento justo y equitativo, incluida la obligación de abstenerse de toda denegación de justicia, y a pagar al inversor español por costas y gastos 3.045.579 de dólares, más intereses compuestos al 5% anual, que ascendían a 783.584 dólares el 15 de enero de 2013.
El laudo está excluido de cualquier clase de recurso y es inmediatamente ejecutable en los Tribunales de los 146 Estados signatarios del Convenio del Ciadi.
El laudo es el primero que un Tribunal Internacional de arbitraje del Ciadi dicta a favor de inversores españoles y, por consiguiente, el primero que se ejecuta en los tribunales de España y creará un precedente en el amparo jurisdiccional de las inversiones españolas protegidas por el Derecho internacional y, en particular, por el Convenio de Washington de 18 de marzo de 1965 sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados (Ciadi), y el Acuerdo bilateral de promoción y protección de inversiones (API) entre España y Chile, de 2 de octubre de 1991.
El 28 de diciembre de 2012 los inversores españoles requirieron al presidente de Chile, Sebastián Piñera, que pagara lo ordenado en el laudo. No lo ha hecho y la demanda de ejecución forzosa ha sido interpuesta en un Juzgado español esta semana.
Los inmuebles y demás bienes que la empresa editora del Diario Clarín posee en Santiago, Valparaíso y Viña del Mar siguen ocupados hoy por tropas del Ejército de Chile.
Los hechos
Los hechos se remontan a 1972, año en que Pey adquiere el diario chileno Clarín y otras inversiones. En 1973, nada más comenzar la revuelta militar de Pinochet, estos bienes le son confiscados. Pey abandonó Chile, y a su vuelta, en 1995 localizó los títulos de propiedad, que el entonces presidente Eduardo Frei se negó a devolverle.
Dos años más tarde, presentó la solicitud de arbitraje internacional. La postura de denegación de justicia que constata el laudo también la mantuvieron las administraciones de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Ante las dilaciones que ha sufrido el caso, que de no ser por la intromisión de Chile en el secreto de las deliberaciones se habría resuelto en 2005, hay que tener en cuenta que Pey, que nació en Madrid, estudió en Barcelona y ostentó un cargo en la Administración de la Generalitat de la Segunda República, tiene en estos momentos 96 años y, en aquel entonces, 90.