Como un error calificó el jefe de la bancada DC, diputado Ricardo Rincón, el anuncio del Presidente de la República de otorgar urgencia al proyecto conocido como Ley Hinzpeter, que aumenta las penas en los casos de delitos cometidos por encapuchados y en tomas y ocupaciones de establecimientos. La iniciativa ha sido criticada por la bancada DC por “criminalizar el movimiento social “.
El domingo, el presidente Sebastián Piñera dijo que “vamos a poner urgencia y discusión inmediata a un Proyecto de Ley, que lleva mucho tiempo en el Congreso, que es lo que se ha llamado la Ley Anti-encapuchados”, subrayando que “queremos darle más atribuciones a Carabineros de Chile para poder luchar contra aquellos que cobardemente y cubriéndose el rostro atentan contra la ciudadanía y también contra carabineros”.
Señaló Piñera en la oportunidad que “esta ley va a reforzar, hacer más firme y más dura la legislación para poder combatir a esos encapuchados y, al mismo tiempo, va a establecer una mayor protección a nuestros carabineros, porque va a agravar los delitos de aquellos que atenten contra su integridad o que le falten el respeto”, ya que “un carabinero respetado es un carabinero protegido”.
El diputado Rincón señaló al respecto que “es un contrasentido que mientras el Gobierno dice buscar acuerdos en reuniones sostenidas durante el día de hoy en la ciudad de Temuco, incluyendo a todos los sectores; por otra parte, el Presidente anuncie esta urgencia que representa una agenda más bien represiva, lo que a todas luces no es el camino para enfrentar la situación que se vive hoy en La Araucanía”.
Sobre el proyecto, el parlamentario señaló que “tiene deficiencias en lo penal, porque establece limitaciones al movimiento social, cuando una simple toma de un establecimiento educacional es considerado un hecho de violencia, permitiendo el actuar de las policías y la aprehensión de esos dirigentes. El proyecto ha sido duramente cuestionado y ponerle urgencia sólo genera más resquemores”.
Por su parte, el diputado Gabriel Silber (DC) dijo hoy que “lamento que la única respuesta del gobierno frente a la situación en La Araucanía sea darle urgencia la Ley Hinzpeter y desde ya anunciamos que no aprobaremos a la rápida un proyecto de esa naturaleza, que requiere cambios y que el gobierno acoja nuestras aprensiones”.
El parlamentario, quien es miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, donde se encuentra radicada la iniciativa, agregó que “hemos hecho una serie de indicaciones a este proyecto y el gobierno no ha estado dispuesto a incorporarlas y menos apoyarlas y no puede ser que ahora, nos pidan aprobarla en una sesión”.
“Esto además demuestra que ante el conflicto mapuche, lo único que se le ocurre al gobierno es más represión, en vez del diálogo y sólo actúa luego que suceden los hechos, mientras que nosotros creemos que es necesario que reconozcan el fracaso de sus políticas, que fallaron en la prevención, que la ANI no ha hecho la pega y que el poncho les quedó grande”.
En tanto, la directora de Aministía Internacional en Chile, Ana Piquer, subrayó que la ley no puede vulnerar derechos fundamentales que se encuentran protegidos, además, por acuerdos internacionales suscritos por el Estado chileno: “Se correría el riesgo, por ejemplo, de que una persona que participa pacíficamente de una manifestación que termina en violencia, podría terminar en la cárcel y con una pena de hasta tres años. Nos preocupa el hecho de que se penalizan conductas muy disímiles. Está bien que se juzgue de manera independiente e imparcial y se sancionen como delito los hechos de violencia, pero conductas que son simplemente el ejercicio de DD.HH., como hacer una reunión masiva en lugar público sin armas, es algo que tiene que estar protegido por la ley, que no puede vulnerarse ni convertirse en delito”, explicó.