Ante los graves hechos ocurridos en recientemente en la comuna de Vilcún que significaron la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, la Asociación Americana de Juristas -Rama Chilena- considera necesario entregar una opinión:

 

 

1º. No podemos sino lamentar estos sucesos que han significado la muerte de chilenos y expresamos nuestra condena a tales actos.

 

2º. Consideramos que situaciones como esta perjudican la justa lucha del pueblo mapuche por sus demandas históricas y esperamos que se haga una investigación exhaustiva y seria, ajena a todo prejuicio a fin de aclarar fehacientemente quienes participaron en estos hechos y cómo se produjeron ellos.

 

3º. Pensamos que las declaraciones de las autoridades de gobierno, parlamentarios, dirigentes políticos de derecha y diversos medios de comunicación en cuanto a indicar supuestos autores y detalles del incidente sin que se haya hecho aún ninguna investigación no contribuye a crear el clima necesario para una investigación y juzgamiento conforme a derecho y, por el contrario, produce un clima de hostigamiento inaceptable hacia el pueblo mapuche. En especial rechazamos la pretensión de aplicar a este caso la Ley Antiterrorista que, tal como lo hemos denunciado en casos anteriores, atenta en contra del debido proceso y viola los derechos humanos de los procesados.

 

3º. Sostenemos y ratificamos nuestra profunda solidaridad con las luchas del pueblo mapuche. El problema nacional mapuche emana en forma directa del crimen monstruoso que en contra de ellos cometió el Estado chileno a mediados del siglo XIX, verdadero genocidio que significó la muerte de miles de mapuches y la pérdida de sus tierras ancestrales que habían mantenido y que el Estado chileno se había comprometido a respetar. Los mapuches fueron aislados en reducciones ocupando las más pobres y mínimas tierras. El Estado usurpador entregó gratuitamente las tierras mapuches a colonos chilenos y a muchos extranjeros a quienes además doto de instrumentos, de animales y puso a su servicio la fuerza militar y luego policial para su resguardo. En muchos casos, además, los “colonos” profundizaron el despojo reduciendo por la violencia aún más las tierras de los mapuches. Mientras la sociedad chilena no reconozca la brutal injusticia, ajena a todo sentido del derecho, que significó la llamada “pacificación de la Araucanía”, no habrá solución al problema mapuche. Es más, está claro que mientras más demore la sociedad chilena en tomar conciencia y aceptar una solución justiciera más se agudizará este problema con perjuicios no sólo para los propios mapuches sino para todos los chilenos. Esta es la experiencia histórica de todos los países en que se han dado situaciones similares.

 

4º. La agresión política, policial y social por parte del estado y de los grupos económicos en contra de las comunidades, no puede continuar. Es necesario impulsar una política moral, realista y de diálogo con nuestros pueblos originarios, que considere sus principales demandas: declaración constitucional del Estado Plurinacional; implementación real y vinculante del convenio 169 de la OIT; libertad a los presos políticos Mapuches; no a la aplicación de la ley antiterrorista; derecho a la auto-determinación del Pueblo-Nación Mapuche; restitución por parte del estado de Chile de las tierras usurpadas.

 

Santiago de Chile, 6 de Enero de 2012.

 

ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS R

 

Ramón Vargas Heyer Fabiola Letelier del Solar

Presidente Vicepresidenta

 

Manuel Jacques Parraguez Juan Guzmán Tapia

Vicepresidente Vicepresidente

 

Juan Subercaseaux Amenabar Estrella Zúñiga Poblete

Secretario General Directora

 

Yénive Cavieres Sepúlveda

Directora