“No tenemos temores ni nos va a temblar la mano, sabemos que enfrentamos a un enemigo poderoso, que goza de apoyo político, comunicacional e internacional”.
Con estas palabras, pronunciadas durante su visita a la Región de la Araucanía, el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, expresó la férrea voluntad del Gobierno de enfrentar una nueva ola de atentados vinculados, según la autoridad, al conflicto mapuche.
Días antes de su viaje a la zona, el secretario de Estado había emitido conceptos similares en entrevista a El Mercurio publicada el 24/12/2012. “El Gobierno está comprometido y con decidida voluntad a enfrentar esta situación redoblando la acción policial -con mejor tecnología e inteligencia- y usar todo lo que el marco legal nos permita”, aseveró en esa ocasión.
Más tarde, el diario respaldó sus dichos a través de su editorial; dándole así carta blanca para proceder con todo el rigor posible contra el “extremismo” en la zona. El único reparo puesto a lo expresado por Chadwick fue que sus palabras se tradujeran en hechos efectivos. (26/12/2012)
Frente al denominado conflicto mapuche, tanto El Mercurio como el titular del Interior se valen de su propia estrategia comunicacional para imponer su visión del problema y de cómo enfrentarlo.
En la citada entrevista, el periodista le pregunta a Chadwick si la acción del gobierno incluye la aplicación de la Ley Antiterrorista y al mismo tiempo le plantea: “¿Cree que la aplicación de la Ley Antiterrorista ha quedado debilitada con los fallos en los casos Bombas y Pitronello?”; “Hay críticas al “garantismo” y “la gestión policial en la zona es también objeto de críticas. Los afectados se quejan de que los carabineros no ingresan a las comunidades conflictivas”.
El Ministro, por su parte, refrenda los juicios anteriores y – en lo que ya es una práctica gubernamental- se permite comentar fallos y actuaciones judiciales.
“Efectivamente el Ministerio Público tiene un problema para probar y presentar los hechos en tribunales, que hace que tanto los jueces de garantía como la Corte Suprema estimen que el estándar no es adecuado para establecer responsabilidades; o bien, estamos en presencia de exigencias de estándares más elevados que aquellos que se hacen en un procedimiento común, precisamente por la fuerza que tiene esa campaña política y comunicacional en torno a la llamada causa mapuche”, argumenta.
Agrega que “ha costado mucho poder encauzar, por las vías de la justicia, que no se nos vaya generando una suerte de impunidad frente a estos delitos. El Gobierno está comprometido y con decidida voluntad a enfrentar esta situación redoblando la acción policial -con mejor tecnología e inteligencia- y usar todo lo que el marco legal nos permita”.
Aquí radica la otra cara del problema: más allá del porqué están ocurriendo hechos violentos y preocupantes, respecto de los cuales quienes apoyamos la causa mapuche no podemos callar, para poder condenar a alguien de un delito se debe probar ante un tribunal que esa persona es efectivamente la responsable. No hacerlo equivale a violentar el estado de derecho y abrir el paso a la discrecionalidad y al abuso de poder por parte del Estado.
Recordemos los notorios desaciertos del Ministerio del Interior en el llamado caso bombas, en la detención de un ciudadano pakistaní o respecto de incendios forestales en Ercilla; atribuidos sin fundamento alguno a terceros involucrados a la causa mapuche, lo que se demostró totalmente falso. Pero, por sobre todo, lo ocurrido durante la dictadura militar, a la que el Ministro y su partido dieron un apoyo incondicional.
Algo similar ha tenido lugar los últimos años con comunidades mapuches, las que, contrariamente a lo que dice El Mercurio, han sido objeto de un trato policial muy violento, sobre el cual el Estado no ha asumido su responsabilidad. Al respecto, existen suficientes antecedentes recabados por organismos internacionales – especialmente de Naciones Unidas-; por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entidad estatal, así como por ONGs y medios de comunicación mapuches y no mapuches.
No hay invención ninguna cuando se habla de “represión”, como sostiene el Ministro. Es emblemático el caso de Matías Catrileo, a quien un carabinero dio muerte por la espalda hace cinco años. De acuerdo al dictamen de la Contraloría, el policía puede volver a ejercer sus funciones tras cumplir su condena de libertad vigilada por dos años.
¿Por qué el Ministro del Interior no se pronuncia críticamente respecto de esta resolución y del fallo judicial anterior, que prácticamente dejó impune el crimen; crimen que, además, intentó ser ocultado por el hechor y otros carabineros que participaron en el operativo policial?
El Gobierno renueva, así, la tradición en la que se formaron sus actuales partidos y dirigentes, la de la lucha contra el “extremismo”, que en los años negros de la dictadura sirvió de pretexto para que el Estado cometiera gravísimos y reiterados abusos a los derechos fundamentales – comenzando por el derecho a la vida – que el propio Ministro había condenado recientemente. Esto implicaría, entre otros, el uso de leyes y facultades extraordinarias y la censura y/o enjuiciamiento de los medios y organizaciones que apoyan la causa mapuche (como cómplices de organizaciones terroristas).
Estamos ante una versión remozada de la doctrina anti-subversiva: el enemigo interno ya no es el comunista de antaño, sino el radicalismo étnico, aliado quizás con lo que queda de aquel. Es el retorno del “extremista” en el país mapuche y del Estado terrorista que pretende combatirlo.
En nuestra opinión, las actuales autoridades tampoco deberían recurrir a la tradición liberal-conservadora del siglo XIX que dio origen a la “pacificación de la Araucanía” – y cuyos efectos perversos han perdurado en el tiempo -, sino a la respuesta jesuita al “desastre” de Curalaba, de 1598. Es decir, no a la guerra sino a su otra cara: la política traducida en acuerdos de paz, los “parlamentos”.
Lo que vemos hoy en la Araucanía es una suerte de Curalaba. Lo que falta son “jesuitas” y “lonkos” en búsqueda de una solución política al conflicto, impidiendo nuevos enfrentamientos y dolorosas pérdidas humanas y materiales.
*Jorge Iván Vergara. Universidad de Antofagasta
Rolf Foerster. Universidad de Chile