El pasado mes de septiembre, el presidente Sebastián Piñera envió un proyecto de ley que modifica y extiende por otros veinte años el Decreto Ley 701 de 1974 que -al comenzar la dictadura- impulsó vía subsidios de hasta 90% a la empresa privada, favoreciendo la depredación del bosque nativo y su sustitución por bosques más rentables en el corto plazo: pino radiata y eucaliptus.
Enviado con suma urgencia, lo que daba al Congreso sólo quince días para la tramitación, el proyecto lo frenó la rápida acción de la ciudadanía, ingenieros forestales, organizaciones defensoras de los derechos humanos, del medioambiente y entidades del pueblo mapuche.
Un recorrido cronológico por las distintas versiones que ha tenido el DL 701 desde 1974 permite tomar conciencia de lo obvio: que en dictadura se benefició a las grandes compañías, que durante la Concertación se incluyó a los pequeños propietarios, y que en 2011 se volvió a colocar la balanza a favor de los ricos.
HISTORIA DEL DL 701
En sus versiones 1974, 1975 y 1979 el DL 701 tenía excepciones tributarias, bonificaciones del 75 y 90 por ciento, y un amplio criterio para declarar terrenos de aptitud forestal. Tan amplio que, en 1975 hubo de eliminarse un artículo, el Nº10: “Artículo 10°.- La Corporación Nacional Forestal podrá autorizar se declaren terrenos de aptitud forestal, aquellos que no reúnan los requisitos exigidos por el presente decreto ley para tal calificación, siempre que razones socio-económicas del área en que se encuentren así lo aconsejen”. La bonificación, que era del 75% en 1974, subió al 90% a partir de 1979. No se definían pequeños, medianos ni grandes propietarios. En la práctica, fueron los grandes grupos económicos de la época los que se beneficiaron de las franquicias tributarias y bonificaciones. Las franquicias tributarias eran prácticamente totales: “Artículo 20°.- Los terrenos declarados de aptitud preferentemente forestal, los bosques naturales y los bosques artificiales estarán exentos del impuesto territorial que grava los terrenos agrícolas y no se considerarán para los efectos de la determinación de la renta presunta, ni para el cálculo del impuesto Global”.
Este artículo fue derogado en 1998 durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, permaneciendo sólo la exención territorial, pero con límite: “Artículo 13º.- Los terrenos calificados de aptitud preferentemente forestal que cuenten con plantaciones bonificadas y los bosques nativos, estarán exentos del impuesto territorial que grava los terrenos agrícolas. Esta exención, respecto de los bosques bonificados, cesará dos años después de concluida la primera rotación”.
Además, la Concertación en 1998 instaló al pequeño propietario forestal como destinatario -aunque no exclusivo- de los incentivos, definiéndolo como “La persona que, reuniendo los requisitos del pequeño productor agrícola, definido en el artículo 13 de la ley Nº18.910, trabaja y es propietaria de uno o más predios rústicos, cuya superficie en conjunto no exceda de 12 hectáreas de riego básico, de acuerdo a su equivalencia por zona”. En la práctica, quienes tengan menos de 200 hectáreas, y menos de 500 en las regiones primera a cuarta, undécima, duodécima, comuna de Lonquimay y en la provincia de Palena. El objetivo declarado de esta ley era “…incentivar la forestación, en especial, por parte de los pequeños propietarios forestales”. Se incluyó en esta definición a las comunidades indígenas y otras sociedades o agrupaciones de pequeños propietarios. Para ellos la ley estableció una bonificación del 90% respecto de las primeras 15 hectáreas y de 75% respecto de las restantes.
Como este DL 701 expiraba en 2010, Piñera, con fecha 3 de enero de 2011 lo prorrogó por un año (hasta el 31 de diciembre de 2012) con la ley Nº 20.488 que incorporó la definición de “mediano” propietario forestal: “…Persona natural o jurídica y comunidades que no cumplan con los requisitos establecidos en la definición de pequeño propietario forestal y cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro no excedan las 100.000 unidades de fomento en el último año calendario”. Es decir, cuyos ingresos anuales no excedan ¡los 2.300 millones de pesos!
NO HAY GARANTIAS
PARA LOS PEQUEÑOS
Sergio Donoso, presidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), dijo cuando se discutía el tema de la urgencia, que esta ley “no garantiza que miles de pequeños y medianos propietarios sean beneficiarios directos del fomento forestal en Chile. Si bien el proyecto hace un esfuerzo por dar énfasis a los pequeños y medianos propietarios, existe una clara intención de aumentar en casi uno y medio millones de hectáreas las actuales 2,6 millones de plantaciones forestales exóticas. Y quizás lo más importante, los subsidios son vía fondos concursables, de lo cual ya hay una mala experiencia con la aplicación de la Ley de Bosque Nativo”.
Agregó Donoso que “durante cuatro décadas un DL 701 ambiguo y permisivo ha tenido múltiples efectos entre los que se cuentan el establecimiento de grandes monocultivos forestales, concentración de la propiedad y el mercado principalmente en las empresas Arauco, CMPC y Masisa, además de exportaciones crecientes y grandes utilidades de empresas versus pobreza rural, según el Indice de Desarrollo Humano en las regiones del Bío Bío y La Araucanía”.
Preocupa a los ingenieros y otras organizaciones ciudadanas que se quiera discutir un proyecto de fomento forestal sin contar con una Conaf pública y fortalecida que administre estos recursos. No sería raro que una nueva ley prorrogue por otro año el DL 701 mientras termina la discusión del actual proyecto. Las organizaciones indígenas, principalmente mapuches, sostienen que este proyecto viola el artículo 169 del Convenio de la OIT, que obliga al Estado a realizar consultas a los pueblos originarios en casos como éste, en que están involucrados sus territorios ancestrales y el medioambiente.
LA ERA DE CRUZAT
Y EL GRUPO BHC
Desde la promulgación en 1974 del DL 701, el Estado ha fomentado un sector forestal donde los holdings de empresas de gran escala y su industria asociada se han beneficiado, como demuestran las cifras de ganancias de los grupos económicos Angelini y Matte, principales generadores de impactos sociales y ambientales ya que fueron los primeros en disfrutar de los beneficios del DL 701 desde los comienzos de la dictadura.
El entonces grupo Cruzat-Larraín -con patrimonio de unos mil millones de dólares, pero también con un gigantesco endeudamiento-, fue uno de los primeros en aprovechar las ventajas del decreto de Pinochet con la empresa Forestal Arauco, hoy en poder del Grupo Angelini.
Otro fue el Grupo BHC, presidido por Javier Vial Castillo y cuyo vicepresidente fue Rolf Lüders Schwarzenberg (entre 1974 y 1982), quien fue ministro de Hacienda de Pinochet. La Sociedad Forestal Crecex S.A. fue su caballo de batalla en el negocio forestal. En 1976, como parte del proceso de reprivatización de empresas, el grupo BHC había adquirido el control de la antigua Industrias Forestales S.A. (Inforsa), un año después, ésta compró la Sociedad Forestal Crecex que ya había adquirido parte de la cordillera de Nahuelbuta entre Arauco y Cautín y plantado más de 50.000 hectáreas, muchas sobre bosque nativo previamente quemado. Ahora Inforsa y la ex Forestal Crecex están fundidas en el grupo CMPC, o Grupo Matte.
LAS CARAS TRAS LAS FORESTALES
Eliodoro, Bernardo y Patricia Matte, con una fortuna de 10 mil doscientos millones de dólares según la revista Forbes, en el lugar 86º de los multimillonarios del planeta, son las caras tras las forestales.
Dice Forbes que estos tres hermanos “comparten una fortuna basada en el sector forestal y productos de papel, así como participaciones en telecomunicaciones, entidades bancarias y gastos de envío. En mayo de 2011, Eliodoro renunció a la presidencia de cinco de las explotaciones del Grupo CMPC, manteniendo el liderazgo a través de Empresas CMPC, el holding primario. Bernardo supervisa otros activos de la familia, incluida su participación en Banco BICE, del que es presidente, y Colbún, empresa eléctrica. Patricia, una socióloga, es miembro del consejo del Instituto Libertad y Desarrollo, un think tank privado que analiza las políticas públicas y los asuntos económicos y sociales. Tras el cambio de liderazgo, Eliodoro, Bernardo Larraín Matte, hijo de Patricia, Jorge Matte Capdevila, hijo de Eliodoro, Juan Carlos Eyzaguirre, yerno de Patricia y Andrés Echeverría, otro yerno de Patricia, asumieron nuevas funciones en diferentes empresas”.
El Grupo CMPC se compone de las compañías Forestal Mininco, que administra el patrimonio forestal de la compañía en Chile y Argentina, que respalda el desarrollo industrial de CMPC. A través de esta área, la empresa opera en el ámbito de los productos de madera sólida: madera aserrada, remanufactura y terciado. CMPC Celulosa, produce y comercializa a través de tres plantas industriales (Laja, Pacífico y Santa Fe) aproximadamente 2 millones de toneladas al año de celulosa kraft, fibra larga y fibra corta para más de 200 clientes en 40 países de América, Europa, Asia y Oceanía. CMPC Papeles, con fábricas en Chile, produce y comercializa cartulinas, papel para periódicos y para corrugar, papel de impresión y escritura, y para envolver en Chile, América, Europa y Asia. CMPC Tissue, con fábricas en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Uruguay y México, fabrica y comercializa papeles higiénicos, toallas, servilletas, pañuelos de papel y pañales desechables. CMPC Productos de Papel, comercializa cajas de cartón corrugado, sacos multipliego, bandejas de pulpa moldeada, y atiende mercados tan diversos como el sector frutícola, del salmón, vitivinícola y la construcción.
El grupo CMPC declara tener, a 2011, más de 535 mil hectáreas de plantaciones y un patrimonio forestal de más de un millón de hectáreas. Ello representa una significativa expansión respecto de 1997, hace 14 años, cuando en su Mapa actual de la extrema riqueza en Chile el economista Hugo Fazio señalaba que el holding Copec (Angelini) y el grupo Matte concentraban la producción de celulosa en Chile y en conjunto poseían un millón y medio de hectáreas (1.430.446) de suelos forestales con dos tercios de ellos (943.437 hectáreas) plantados.
Según la cuenta de Eliodoro Matte al directorio, CMPC enfrentó la segunda mitad del año 2011 con una caída en los precios de la celulosa y una sostenida presión en los gastos de operación relacionados a mayores precios de insumos, gastos asociados a proyectos en desarrollo y costos en monedas locales. Por ello, las ventas consolidadas totalizaron durante el año 4.797 millones de dólares, mostrando un aumento de 14% y la utilidad alcanzó a 494 millones de dólares, lo que representa un descenso de 23% con respecto a 2010. El área forestal siguió mejorando sus resultados. Se plantaron más de 37 mil hectáreas (21 mil hectáreas en Chile, 15 mil hectáreas en Brasil y mil hectáreas en Argentina). A su vez, se cosecharon poco más de 27 mil hectáreas que generaron 12 millones de m3 de madera (9,3 millones de m3 en Chile; 1,7 millones de m3 de eucaliptus en Brasil y 1 millón de m3 en Argentina). El grupo Empresas CMPC tiene en total un activo de 13.300 millones de dólares y procesos industriales en ocho países. Los principales son Chile, Argentina, Brasil y Colombia. El total de ventas en 2011 fue de 4.797 millones de dólares.
El Ebitda es un indicador financiero del beneficio bruto de explotación sin incorporar los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Se tiene así una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo de su negocio. En términos marxistas, lo que el trabajo produjo. En este caso, 1.078 millones de dólares. El total de fuerza de trabajo directa capaz de generar esa plusvalía es de 15.463 trabajadores.
GRUPO ANGELINI
La otra cara visible, pero en el lugar 1.025 del ranking de Forbes, es Roberto Angelini Rossi, con una fortuna de mil doscientos millones de dólares. Su biografía, según Forbes: 64 años, chileno, casado, cuatro hijos. “Roberto Angelini Rossi es el sobrino del ex magnate Anacleto Angelini, quien murió en 2007. Angelini Rossi ahora dirige el negocio familiar y cuenta con la mayor proporción de las tenencias de la familia. El Grupo Angelini tiene inversiones en la pesca, la minería, el cobre, la madera y el gas natural, a través de AntarChile, Siemel y Eperva, este último es el conglomerado industrial pesquero que Anacleto comenzó en 1956. El Grupo Angelini está ampliando sus participaciones en Chile, incluyendo la construcción de una planta en Arica, para la producción de aceite Omega de anchoas. Mientras tanto, Angelini Rossi también dirigió en 2009 el grupo de negociaciones para un acuerdo con el fabricante escandinavo de papel Stora Ensa y construir una planta de celulosa de eucaliptus en Uruguay. A finales de 2010, el Grupo Angelini compró una participación del 59% en Proenergía, un distribuidor colombiano de gas y combustible, por 45 millones de dólares. Este año el Grupo Angelini anunció planes para comprar casi un 10% más de Proenergía. La familia Angelini es muy privada, normalmente evita la publicidad”.
Esta familia controla su grupo empresarial desde Inversiones Angelini y Compañía Limitada, que posee el 63,4% de AntarChile S.A., sociedad anónima controladora de la compañía forestal Celulosa Arauco y Constitución, pesqueras Corpesca S.A. y Orizon S.A. y de servicios Empresas Copec.
AntarChile S.A. es una sociedad holding del Grupo de Empresas Angelini -uno de los mayores conglomerados empresariales de América del Sur- que reúne inversiones industriales y forestales. A diciembre de 2011 gestionaba activos por más de 20,7 mil millones de dólares. Las ventas consolidadas de AntarChile S.A. superan los 21 mil millones de dólares y sus empresas filiales generan más de 20.000 empleos directos y cerca de 40.000 indirectos. Asimismo, desarrollan diversos programas de apoyo a la educación, investigación y vivienda social, entre otros.
En síntesis: si no se le pone ahora el cascabel a las forestales, aprovechando que el DL 701 está en el Congreso, ¿cuándo? El problema son los parlamentarios, a los que cuesta situarse en el lugar de sus electores.
JUAN JORGE FAUNDES
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 773, 21 de diciembre, 2012