Nos referimos a los miembros del denominado Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, quienes el jueves 20 de diciembre pasado no se atrevieron a declarar como Santuario de la Naturaleza las 30 hectáreas de dunas localizadas en Concón, tal como estaba previsto en los oficios del Ministerio de Medio Ambiente y del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
Los ministros “de excelencia” que votaron en la sesión respectiva, para quedar bien con la empresa Reconsa, especialista en levantar torres en esa área de valor natural, dueña del territorio, protegieron solo 10 hectáreas de dunas y como este caso merece una explicación más detallada, a continuación haré un poco de historia para que se sepa como funciona nuestro endeble Estado.
Durante la dictadura se modificó el sistema previsional, creándose en noviembre de 1980, mediante el DL 3.500, las conocidas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pero antes el Ministerio de Trabajo y Previsión Social hizo algunas movidas comerciales con el enorme patrimonio que le pertenecía a todos aquellos empleados particulares que cotizaban mensualmente en la Caja de Previsión respectiva. Recordemos que en aquella época se fusionaron todas las entidades de previsión, originándose el Instituto de Normalización Previsional (INP).
Ahora bien, quienes detentaban el omnímodo poder político, sin consultarle a nadie, decidieron vender, en el mes de septiembre de 1979, a 2 empresas constructoras privadas los derechos que tenía la Caja de Previsión de Empleados Particulares en 2 sociedades constructoras llamadas “de Viviendas Económicas Empart Ltda. Número Uno” y “de Viviendas Económicas Empart Ltda. Número Cinco”. Los particulares beneficiados con esta operación era la Constructora Neut Latour, del conocido hombre del régimen, Francisco Soza Cousiño, y la Sociedad Colectiva Edmundo Pérez.
De esta manera los señalados empresarios se hicieron de centenas de hectáreas localizadas entre Reñaca y Concón. En la escritura pública, firmada el 24/09/79 en la Notaría de Enrique Morgan, desconocida hasta ahora, se consignó que el pago era a crédito, en cómodas cuotas. Por los avatares de la vida, después de algunos años, los deudores, del INP como se entenderá, eran las empresas Egeco, como deudora principal y Reconsa, como deudora solidaria, ambas continuadoras de las aludidas en el párrafo anterior.
Pero como los términos del negocio tenían que ser muy atractivos para los privados, quienes son los motores del crecimiento económico, muletilla habitualmente utilizada en Chile, resultó que los mismos terrenos que eran de los empleados particulares, los cuales milagrosamente se habían transformado en fiscales por pertenecer al INP, enseguida pasaron al dominio de las mencionadas empresas constructoras, hipotecándose las mismas a favor de ese ente público porque esos privados se dieron el lujo de no pagarlos al contado, como correspondía.
Cuento corto, a los encopetados deudores se les olvidó servir su obligación monetaria al INP y a raíz de ello hubo diversas transacciones amistosas -en 1984 y 1988- entre las partes. Después de estas renegociaciones, según se aprecia en otro documento público, las deudas morosas de esas regalonas al Estado, al 14 de mayo de 1988, ascendían a la no despreciable suma de UF 940.400.
Transcurrió el tiempo y en marzo de 1993, el Presidente de la Cámara de Diputados, un profesor titular de Geomorfología de la Escuela de Geografía de la Universidad de Chile y el alcalde de la Municipalidad de Viña del Mar le solicitan al CMN que se declararan Santuario de la Naturaleza los sectores A1 y A2 del plano del Campo Dunar de la Punta de Concón, conforme a las especiales características de ese territorio de 45 hectáreas.
El gobierno accedió y el 5 de agosto de 1993 el presidente, Patricio Aylwin y el Ministro de Educación, Jorge Arrate, firman el Decreto Supremo Nº 481, instrumento en donde se fijan los límites de la zona protegida, señalándose que las superficies de los sectores A1 y A2 corresponden aproximadamente a un 32% de la totalidad del Campo Dunar.
Cuando se supo lo anterior, montaron en cólera los dueños de esas dunas, moviéndose con sagacidad en las altas cúpulas de la Administración. En razón a que eran deudores morosos del INP, le hicieron notar a éste que si se afectaban esas 45 hectáreas como Santuario, sería muy difícil que cumplieran sus compromisos, fórmula artificiosa compartida por el director nacional del INP, quien hizo gestiones ante el ministro de Educación para dejar sin efecto la decisión del CMN.
El 13 de diciembre de 1993, Marcos Lima, titular del INP, le hizo notar a un inocente Jorge Arrate, que Edmundo Pérez Yoma y Carlos Figueroa Serrano, connotados dirigentes políticos de la Concertación y socios de Egeco y Reconsa, habían comprometido sus fianzas personales en la operación y que por ello, era indispensable dejar sin efecto la afectación de las dunas.
A pesar de la sólida posición del abogado Pedro Pierry, consejero del Consejo de Defensa a del Estado (CDE) y a la vez asesor jurídico del CMN, en contra de la argucia empleada por la yunta INP-privados, el gobierno de entonces pisó el palito y redujo el Santuario a escasas 12 hectáreas, lo que se reflejó en el timorato Decreto Supremo Nº 106 del 9 de marzo de 1994, como vemos, de 2 días antes del cambio de gobierno.
En un informe en derecho del 2 de marzo de 1994 de ese consejero del CDE, hoy ministro de la Corte Suprema, entre otras cosas, decía que los terrenos de esas empresas entre Reñaca y Concón, incluyendo el Campo Dunar, equivalían a 674 hectáreas.
El 16 de febrero de 2005, publiqué en El Mostrador la columna “Devastación territorial y ambiental en la V Región” dando cuenta de este episodio y en la misma fecha, por escrito, le hicimos notar al Director Nacional del INP el pésimo comportamiento de pago de las deudoras y la mala práctica acontecida en 1994 respecto de la reducción de la superficie del Santuario de las dunas.
El 7 de marzo de 2005, nos contesta el titular del INP, reiterándonos la existencia de la deuda y de las consiguientes garantías hipotecarias y el 16 de marzo de 2005, alertado ese servicio público por nuestra dura interpelación, firma una nueva escritura de transacción con Egeco y Reconsa, condonando el cobro de intereses y otras cuitas.
En ese tiempo la comunidad de Concón estaba muy molesta con lo acontecido, y consiguiendo el apoyo de los parlamentarios de la zona empezaron a hacer gestiones para que se aumentara la superficie del Santuario. Les fue relativamente bien, pues el 26 de diciembre de 2006 la ministra de Educación, Yasna Provoste, por orden de la presidenta Michelle Bachelet, firma el Decreto Exento 2131, mediante el cual se aumentaron las 12 hectáreas a 20 hectáreas protegidas. Pero, acongojados, decían que peor era nada.
La insatisfecha comunidad de Concón, ahora con el apoyo más explícito de los senadores Chahuán y Lagos Weber y del diputado Rodrigo González, quien había sido alcalde de Viña del Mar, en la época en que se redujo la superficie del Santuario, continuaron con las tratativas para reponer la protección a toda la superficie de dunas de los sectores A1 y A2, es decir, para revalidar aunque fuera extemporáneamente el Decreto Supremo 481 de 5 de agosto de 1993.
Para ello era necesario que el selecto Consejo de Ministros de la Sustentabilidad acogiera los informes del Ministerio de Medio Ambiente y del CMN quienes, conforme a lo expresado en el primer párrafo, pedían la protección para 30 hectáreas adicionales.
Pero esos ministros, presionados por los interesados en continuar levantando torres en las dunas, luego invirtiendo suculentos capitales para crear riqueza, como dicen aquellos que desprecian la naturaleza, no se atrevieron a declarar como Santuario la cantidad de hectáreas faltantes. Se conformaron sólo con 10 hectáreas, perdiéndose entonces la ocasión para disponer de un interesante Santuario de la Naturaleza de 50 hectáreas.
En resumen, tal como un gobierno de la Concertación le obedeció, en 1994, a los privados que se habían beneficiado con una operación comercial realizada en el año 1979, efectuada en plena dictadura, ahora, en 2012, un gobierno de derecha hace lo propio, con los mismos dilectos empresarios.
El Santuario queda reducido a 30 hectáreas y en mi opinión, el asunto se terminó desde el punto de vista protección ambiental, pero ¿sería posible que se reúnan algunos diputados fiscalizadores de las actuaciones del poder ejecutivo e investiguen porqué los inmensos terrenos que les pertenecían a los antiguos imponentes de la Caja de Empleados Particulares, hoy muchos fallecidos, les fueron traspasados graciosamente a 2 empresas constructoras, cuyas continuadoras -Egeco y Reconsa- resultaron ser pésimas pagadoras de las deudas contraídas en 1979 con el INP?
Si tales parlamentarios adoptan la decisión de investigar, lo cual podría ser posible, necesariamente tendrían que tener ante su ojos la copia de la escritura pública de septiembre de 1979, la misma que sorprendentemente ningún servicio del Estado quiere ir a buscar al Archivo Judicial.
Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad”