Hay que ser muy cándido para creer que en este país de mercachifles se puede separar la política de los negocios. La primera es un buen trampolín para que los negocios prosperen; no hay que confundir la hipocresía con el cinismo – son conceptos opuestos -. Nuestros antiguos ricos – la derecha – y los nuevos – la Concertación – profesan un virginal cinismo, pues no sólo se han hecho ricos con la teta del Estado, sino que proclaman esta proeza como una gran virtud. Nada nuevo bajo el sol.
A comienzos del siglo XX, José Pedro Alessandri Palma se hizo millonario adjudicándose las concesiones de las obras públicas, en base a la existencia de un sindicato de obras públicas que se quedaba con todas. Hoy, Eugenio Tironi, Enrique Correa, Oscar Guillermo Garretón y Jaime Estévez, entre otros, lo hicieron por parte de la Concertación. En el gabinete ministerial de Sebastián Piñera hay una mayoría de empresarios, alumnos del Verbo Divino y chiquillas del Villa María Academy y, después, de la U. Católica; para estos “servidores públicos” no hay ninguna contradicción entre negocios y las “pegas reguleques” de ministros. Al menos, un candidato a ocupar uno de estos cargos se dio cuenta de que podrían existir conflictos de intereses: ¡qué tipo más inocente!
El ex ministro de Justicia – para más remate – ha tenido el mérito de expresar, con toda claridad, lo que constituye la filosofía de la casta política que se apropió de la democracia, convirtiéndola en un supermercado, a donde sólo concurre apenas el 40% del universo electoral. Cuando este “pensador”, Teodoro Ribera, sostuvo que si no nominaban en el gabinete a los empresarios, habría que buscarlos en la hospedería del Hogar de Cristo – para ellos unos rotos y piojentos – o entre los operadores políticos, es decir, gente que sin trabajar, viven del Estado.
Teodoro Rivera no se hace ningún problema en haber contratado, en gendarmería, meses antes de que se acreditara el Instituto del cual es dueño, a Luis Eugenio Díaz, y recontratarlo, posteriormente, cuando la acreditación fue acordada con el voto del presidente del CNA.
Las universidades privadas, invención del gobierno de Augusto Pinochet, se desarrollaron y crecieron al alero de los gobiernos de la Concertación, que jamás las fiscalizó y, ni siquiera, se atrevió a aplicar la ley que les prohibía el lucro, como corporaciones de derecho privado. Paradójicamente, en la centro-izquierda y en la socialdemocracia – esta última aliada al socialcristianismo – se desarrolló el pensamiento, en toda su extensión, de Hayek y los Chicago-Boys.
La gente olvida, fácilmente, que el Consejo Nacional de Acreditación fue una de las piadosas ideas de los gobiernos de la Concertación para controlar, en algo, a las universidades privadas, que recibían becas con aval del Estado y que, a su vez, servía para enriquecer a los bancos. Si se eliminara la acreditación, las universidades serían unas empresas que podrían lucrar a su amaño y sin ningún control, ni siquiera – como ocurre con los bancos y el retail que, al menos, una Superintendencia coludida con ellos – hacen las veces de fiscalizar.
Eugenio Díaz, líder de la Izquierda Cristianas (IC), defensor de los derechos humanos, abogado laboralista y un cristiano progresista y partidario de la opción por los pobres, se convierte de idealista en un vendedor inescrupuloso de acreditaciones a universidades de muy poca calidad académica y con balances bastante sospechosos, lo cual no viene sino a confirmar la fuerza de la concepción amoral de que los negocios y la política son lo mismo y que la segunda es la sirvienta de la primera.
Los nuevos incorporados a esta nueva concepción – el caso de Díaz, de algunos Mapu, y tantos otros de la Concertación – son más radicalmente partidarios de los Chicago-Boys que los antiguos seguidores de “San Pirulín” Escrivá de Balaguer, Jaime Guzmán y el cura Hasbún . Como antes eran provincianos y de clase media, hoy se han vuelto locos con sólo sentarse en los antiguos cenáculos de los plutócratas.
Es lógico que en el mundo de los mercaderes, Joaquín Lavín haya sido, nada menos, que ministro de Educación cuando declaró, sin asomo de rubor, que su inversión en la Universidad del Desarrollo la había recuperado ampliamente y, como respuesta a esta insensatez, lo enviaron a un ministerio de mayor jerarquía, según ellos – algo así como ocurre en el Vaticano-.
El que la UDI hubiese elegido como su candidato a la presidencia de la república a Laurence Golborne no puede ser más simbólico respecto a la hegemonía cultural de la concepción amoral de la política al servicio de los negocios, que se ha expandido por toda la casta en el poder.
Camilo Escalona, hijo de panadero, hoy convertido en un repúblico, afortunadamente presidente de esa inutilidad que es el Senado – donde se agrupan los duques de Venecia de nuestra provinciana política – expresa, a las maravillas, el marasmo mercantil en que hemos caído, al asegurar que Michelle Bachelet dará más garantía a los empresarios que el propio Golborne., empleado modelo de Cencosud. Yo creo que Escalona está diciendo la pura verdad: sólo los ignorantes creen que la ex Presidenta va a cambiar el sistema impositivo, implantar la educación gratuita y de calidad para todos y, para más remate, convocar a una Constituyente.
Rafael Luis Gumucio Rivas
26/12/2012