Resulta que ahora todo se hace en nombre de la naturaleza y con estricta base científica. Pero no pequemos de ingenuos. Esto responde a que el “lavado verde” incluso ha llegado al Estado y no se queda sólo en la dinámica de la empresa privada. Los expertos siempre le trabajan a alguien. Los estudios no se pagan solos, y cada vez se pagan mejor… El GreenWash opera tan fuerte como la susceptibilidad de las Ong green para amparar ciertas “etapas del desarrollo”, avalando su sustentabilidad en una carrera de lobbistas hasta ahora bastante próspera.
Ya les contaba hace algún tiempo el caso del carbón extraído de la isla Riesco por la Minera Invierno, de Copec, empresa que tuvo en la gerencia por veinte años al actual ministro de Energía. Resulta que “expertos” en medioambiente avalaron su extracción aludiendo a su “sustentabilidad”, dado que al no ser importado desde Africa, se reducía fuertemente su huella de carbono por concepto de transporte y por consiguiente, se lograba un fuerte ahorro en combustibles.
Que el carbón fuese más barato por ser local, hacía que los “científicos” sin sonrojarse dijeran que el carbón reducía su huella de carbono, siendo que es evidente lo ridículo que resulta decir esto tomando en cuenta que mientras más barato resulta este contaminador carburante, se hace más viable la apertura de termoeléctricas para responder al apremio energético al que nos somete la gran minería. Con este hecho me di cuenta de lo complejo que es el mundo verde y el conveniente nicho en el que se encuentran metidos y comprometidos todos aquellos que trabajan haciendo informes de impacto ambiental.
Ahora, la Ley de Pesca fue formulada por Pablo Longueira desde bases científicas que aludieron al criterio de sustentabilidad. Con el argumento de proteger los recursos pesqueros de la sobreexplotación, postuló que no debían incluirse más actores en el mercado, por lo cual se decidió circunscribir la concesión a las siete poderosas familias para conseguir derechos de propiedad heredables a perpetuidad.
En nombre de la sustentabilidad y sin molestarse en cuestionar la pesca de arrastre o la desaparición del jurel y la merluza, la repartición de millas en desmedro de los artesanales o que la mayoría de lo extraído no responde a recursos para el consumo humano sino para la producción de harina de pescado para alimentar la industria de la carne ya sea de salmón, pollos, cerdos y pavos, se dio curso a la nueva legislación.
En Chile por habitante se consume menor cantidad de pescado que en Africa, puesto que no se incentiva su consumo, y dado que el modelo extractivo responde a las necesidades de los mercados externos en el ya consabido y añejo “modelo de exportación primaria”.
El Senado acordó que los permisos de pesca se entregarán por un plazo de 20 años, y quienes sean condenados por prácticas antisindicales o por infracciones a los derechos del trabajador no podrán acceder a las subastas. Se estableció, además, que el Estado de Chile tendrá los derechos de soberanía sobre la explotación. Pero la ley es confusa para un simple mortal. Por un lado se hacen declaraciones de buena voluntad y por otro, se entrega la licencia de depredar de manera controlada supuestamente por sesudos técnicos.
Lo único claro es que estamos en un punto de no retorno en varios aspectos de la ecología. No es alarmismo y periodismo amarillo citar el informe de la Fundación Centro de Investigaciones e Informaciones Periodistas (Ciper), que asegura que en 20 años las extracciones de jurel descendieron en un 90% para convertir toda la biodiversidad en una triste y homogénea harina, lo que nos hace recordar cómo los bosques de Chile son convertidos en astillas mientras nuestras cordilleras se ahuecan para que los chinos la terminen convirtiendo en chips de fetiches tecnológicos para chiquillos hipster.
Si bien la dimensión gremial -que tiene a los pescadores artesanales y a las comunidades originarias costeras en pie de lucha frente al enorme kraken que se está tragando el mar chileno mediante la concentración del mercado en nombre de la “sustentabilidad”-, se aleja de lo eminentemente verde y ecológico, dejar este factor fuera es no entender que el capitalismo es un hecho que agrede de forma irreparable el medioambiente, por más reducción de impacto ambiental, planes de mitigación, ley Valdés, informes anuales de sustentabilidad con rico cóctel, y plaza de trabajo para muchos técnicos en sustentabilidad se promuevan o establezcan.
La ONU ya ha advertido que si la cosa sigue así, para 2050 no tendremos peces en el mar; los gobiernos y empresas pesqueras están al tanto de esta situación, pero el dinero es más fuerte.
No son cabezas de pescado. No señor, y no se trata de seguir tomando caldo de estas cabezas. Debemos desobedecer, junto a la gente de mar, las malas leyes que hoy por hoy se hacen en nombre de la “sustentabilidad”, la nueva treta que tiene el poder para vendernos la pescá. No dejemos que eso suceda más, cuando 4 mil kilómetros de costa huelen así de mal.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 772, 7 de diciembre, 2012