Somos más de 2 millones y medio las personas en situación de discapacidad en Chile. De las que están en edad de trabajar, el 90% no tiene un trabajo remunerado, y de las que trabajan sólo el 1% lo hace con un contrato. La gran mayoría no tenemos acceso a tratamiento ni rehabilitación integral. Entre los pobres la discapacidad es cinco veces mayor que entre los ricos. Sólo el 50% de nosotros logra terminar la enseñanza básica.
El Estado chileno no se hace cargo de su deber de garantizar nuestros derechos; a pesar de haber ratificado la Convención de la ONU sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y promulgado una Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social. Al contrario, las políticas públicas son insuficientes, y cuando se ejecutan son de carácter asistencialista y paternalista, de manera que en general la respuesta a nuestras necesidades y requerimientos queda librada a una industria benefactora privada, que ha constituido un mercado del asistencialismo en donde las personas pasamos a ser meros objetos de la caridad ajena, quedando relegadas como mercancías de iniciativas empresariales.
Esta forma de abordar la discapacidad es coherente con el modelo neoliberal impuesto en el país, el que, además, al centrarse fundamentalmente en la competencia, produce nuestra segregación económica y política, social y cultural, condenándonos a ser siempre perdedores en la disputa por discursos y recursos.
Estas campañas benefactoras tienen un efecto nefasto al reproducir un sentido común que nos hace ver como enfermas, incapaces de tomar decisiones de forma autónoma, de desarrollarnos de forma independiente, ligadas al padecimiento y que no aportan al desarrollo de la sociedad, contribuyendo a perpetuar la lástima pública y las actitudes conmiserativas.
Somos sujetos de derechos, no objetos de la caridad ajena. Exigimos el pleno goce y ejercicio de nuestros Derechos. Somos capaces de auto-representarnos, y no requerimos de otro que dirija nuestras acciones o actúe por nosotros. No estamos dispuestos a seguir dependiendo de la buena voluntad de las otras personas; reivindicamos la toma de conciencia sobre nuestros Derechos y el deber que el Estado y la Sociedad tienen de garantizarlos.
No queremos depender del “buen corazón” ni de la “buena voluntad” de nadie, pues no es con el corazón que se ejecutan políticas públicas adecuadas ni se garantizan nuestros derechos.
Tenemos derecho a la creación y al uso de los bienes materiales y culturales. Somos hombres y mujeres, actores, creadores, intelectuales, artistas y artesanos, dirigentes sociales y políticos, deportistas, profesionales.
La discapacidad NO ES el problema de individuos que no son capaces de adaptarse al desarrollo de la sociedad moderna, sino, por el contrario, demuestra el FRACASO DE UNA DETERMINADA SOCIEDAD QUE NO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES y requerimientos de sus ciudadanos.
YA NO ES CUESTIÓN de ayudas técnicas.
Ya no es cuestión de empresas de beneficencia.
Ya no es cuestión de caridad.
Ya no es cuestión de una campaña más o de un programa menos.
ES EL TIEMPO DE empezar a hacer las cosas por nosotros mismos.
Se trata de nuestra DIGNIDAD.
Es el tiempo de EXIGIR NUESTROS DERECHOS.
De nuestra AUTONOMÍA, de nuestra LIBERTAD, de nuestra EMANCIPACIÓN.