No pocos analistas y cientistas políticos argumentaban, hace unos años, que las diversas y persistentes prácticas de corrupción de los gobiernos de la Concertación con funcionarios y operadores políticos adheridos a los rincones sombríos del poder, llevaron al fracaso electoral de 2009-2010.
También la denuncia de desvíos de fondos públicos a cuentas personales y partidarias fue la base de la campaña de Sebastián Piñera, que ilusionó en algún momento a desorientados electores con las promesas de cambio, de idoneidad, eficiencia, transparencia y probidad. El discurso electoral, aun cuando fracasó estrepitosamente en la mayoría de sus otras ofertas, sólo parecía incólume ante la probidad, virtud que con el paso de los años también se ha deteriorado. Hoy, el “gobierno de los mejores” repite los mismos vicios que “los peores”.
Lo que comenzó hace un tiempo en el Ministerio de Vivienda y la empresa Kodama, que gatilló la salida de la ministra Magdalena Matte, y siguió hace poco más de un mes con la irregular y frustrada licitación del litio -evento que también empujó fuera del gobierno al subsecretario de Minería, Pablo Wagner-, ha ingresado ahora a la misma Moneda con los sobreprecios en la licitación de equipos para la detección de narcotraficantes.
Con al menos estos tres casos a cuestas, el eslogan con que Sebastián Piñera llegó al gobierno, basado en la eficiencia pero sobre todo en la transparencia y honestidad, ha quedado como simple y clásica retórica política. En éste, como en varios otros aspectos, su gobierno, ya sea por mala intención, por omisión o desidia, comete errores y también ilegalidades similares a la Concertación.
El caso que ocupa hoy a la prensa, aun cuando tiene efectos amplificados y muy ruidosos en la política, si bien es grave y repugnante por sí mismo tiene una faceta aún peor. Es continuidad e indicador de una práctica corrupta de toda la administración pública. Porque a diferencia de lo que declaran funcionarios y jefes de departamentos y divisiones, no se trata de casos aislados en un mar de honestidad; se trata de unos pocos casos detectados en un mar de excremento. El Centro de Investigación Periodística (Ciper), que reveló este caso al conocer los e-mails entre el proveedor de los equipos y los funcionarios de la División de Estudios del Ministerio del Interior, destapó una más de múltiples prácticas de corrupción. Ese mismo centro periodístico había sacado a luz un par de semanas antes las irregularidades en la licitación del litio y la manipulación por el gobierno de las cifras de la encuesta Casen, aun cuando el engaño y robo aquí no se medía en dinero.
El caso “sobreprecios”, como ya se le conoce, reproduce un clásico robo al Fisco. En los e-mails filtrados a los periodistas saltaron a la luz pública los comentarios entre Tecnodata, la empresa que se había adjudicado la licitación de los equipos para detectar a los narcos, y el importador de los instrumentos desde Estados Unidos. Alfredo Giacoman, representante de Tecnodata, comentaba en esos e-mails que tenía “amigos” en esa División ministerial ligados al proceso de licitación, hablaba del pago de comisiones del ocho por ciento, del acceso que tenía a información reservada y del abultamiento del precio de los aparatos, porque el único oferente, decía, había resultado ser Tecnodata. En otros correos se perfilaban mejor los “amigos” de Giacoman, a quienes el subsecretario Rodrigo Ubilla les pidió la renuncia tras la salida “voluntaria” del director de esa División, el polémico ex fiscal Alejandro Peña. En uno de los correos el ejecutivo de Tecnodata afirmaba que ante la falta acordada de competidores, ellos ponían el precio. Y como tenía información sobre los presupuestos de la División, festejaba que había que ajustarse al alza para que el ministerio “gaste todo el presupuesto”. Este y otros contratos ascendían a unos 70 millones de dólares.
ESPECTACULO Y TONGO POLITICO
El resto del episodio es puro espectáculo político para las tribunas de la oposición y la galería electoral. El subsecretario Ubilla, que dio curso, tal como Magdalena Matte lo hizo en su momento, al proceso de compras, buscó de inmediato al abogado Luis Hermosilla para querellarse contra los eventuales responsables. Hubo incautación de computadores y declaraciones ante la Fiscalía de Alejandro Peña y del mismo subsecretario. Y como en casos similares, éstos seguirán tal vez por años en tribunales a medida que desaparezcan de la prensa.
Es probable que en períodos electorales, los que se extenderán hasta las presidenciales del año entrante, este caso sea utilizado por la oposición como arma de campaña, tal como la derecha hizo tantas veces con los casos de corrupción durante los gobiernos pasados. Pero también es predecible otro escenario: a diferencia de otras situaciones, ésta puede desvanecerse con mayor rapidez. Porque estas licitaciones se realizaron a precios muy parecidos en los años 2007 y 2009, durante el gobierno de Michelle Bachelet. La oposición, con tejado de vidrio, preferiría llegar a un pacto con el gobierno y dejar que todo se enfríe en los tribunales.
Pero existe otro posible escenario. Como son muchos los departamentos, divisiones y ministerios que abren licitaciones a equipos especializados, los sobreprecios detectados en este departamento del Ministerio del Interior pueden servir para abrir una sospecha que se extienda hacia la PDI, Carabineros y, como ya se ha visto en otras ocasiones, las Fuerzas Armadas. Esta posibilidad adquiere más fuerza al observar los antecedentes de Tecnodata, vinculada al sector público desde hace varios años. La empresa ha sido proveedora no solo del Ministerio del Interior, sino de la PDI, Carabineros y el Ministerio Público.
Hasta el momento, ha habido efectos políticos menores que han servido de mucha especulación y que reviven la clásica competencia y mal trato al interior de la Alianza y del gobierno. Ubilla, que fue secretario general de Renovación Nacional, ha recibido el apoyo de Piñera, aun cuando la UDI espera verlo caer y seguir el mismo camino que Magdalena Matte y Pablo Wagner. El analista político Patricio Navia comentaba a CNN Chile que de renunciar Ubilla, lo haría después de informarle al país los resultados de las elecciones municipales. Un protocolo de salida que podría llevar, si no al cierre del caso, sí a su olvido.
Al hablar de este tipo de corrupción, hay numerosos otros frentes que compiten por la noticia. Durante esos mismos días por lo menos dos situaciones de corrupción emergían de forma paralela, aun cuando con diferente énfasis en los diarios del duopolio. La primera ha sido la red de protección de narcotraficantes en la PDI, con la salida de altos funcionarios de la institución; la otra ha sido la formalización de dos oficiales en retiro del ejército por la compra de equipos y pago de coimas en el “caso fragatas”. Por el mismo caso están procesados un contralmirante, dos vicealmirantes y un capitán de navío en retiro. Como se ha visto, la corrupción cruza las instituciones públicas y se mantiene incólume a los cambios de gobierno.
La corrupción ha llegado a ser útil al sistema binominal. No sólo como fuente de ingresos sino como política-espectáculo, como elemento que distrae y confunde a la ciudadanía respecto de los verdaderos problemas políticos. La corrupción puede hacer caer gobiernos, pero hasta el momento Chile no se ha planteado la necesidad de un cambio del sistema. Durante las dos décadas de vida del sistema binominal, los casos de corrupción han servido como factor para la alternancia entre las caras de la misma medalla política, rotación especialmente notoria en el escenario municipal.
Podemos considerar que la corrupción está enquistada en la administración pública y trasciende los gobiernos. Sin embargo, es necesario dejar claro que, al contrario de lo que sucedió durante los gobiernos de la Concertación, no se ha vinculado este caso con los partidos políticos como fuente de su financiamiento electoral. La corrupción ha quedado, hasta el momento, acotada a funcionarios públicos y su relación con los proveedores del sector privado. Esta diferencia la destacaba el periodista Nibaldo Mosciatti: “La administración de Sebastián Piñera ha reaccionado mejor que las administraciones anteriores en donde se negaba, encubría, defendía y hasta justificaba”. En una semana, el gobierno sacó a cuatro funcionarios y congeló los procedimientos comerciales que estaban en curso. Es una reacción efectista, que busca neutralizar y sancionar el caso e intenta lanzar el mensaje de probidad y eficiencia. No obstante, estos casos de corrupción, que tienden a opacarse tras un inicial brillo en la prensa, son sólo la punta del iceberg. Porque si hacemos un pequeño ejercicio de memoria, nombres como Inverlink, el caso coimas, Codelco, Gescam, indemnizaciones en Correos de Chile, Eurolatina, Chiledeportes, Indap, Esval, MOP-Gate y varias decenas más nos sugieren una manera ya clásica de hacer política. Como si bajo el rasero ideológico que impone el sistema binominal, el acceso a los fondos fiscales sea uno de los incentivos de la toma del poder político.
Es difícil calcular las diversas formas de comisiones, coimas y otras irregularidades para el desvío de los recursos públicos hacia billeteras privadas. Pero la OCDE ha hecho algunos cálculos que podrían incluso quedar cortos. De los gastos gubernamentales de los países del mundo, unos 400 mil millones de dólares se pierden en sobornos. Una cantidad que permitiría sacar de la pobreza a millones de personas en todo el mundo. En este universo, no son únicamente los políticos y los funcionarios públicos quienes crean el problema. Los banqueros, abogados, contadores e ingenieros que trabajan en contratos públicos también son responsables. La corrupción es un oscuro y perverso fenómeno que se hunde por varias capas de la política, de la economía, del conjunto de las relaciones del poder. Un fenómeno que al favorecer a estas elites, perjudica a la gran masa de la población.
EL PARADIGMA
DE LAS CORRUPCIONES
Es posible que estos cálculos sean conservadores y sólo estén acotados a aquellos recursos que desvían los funcionarios menores a sus propios bolsillos y los operadores políticos a sus respectivos partidos, como sucedió durante los años de la Concertación. Pero hay otro tipo de corrupción que está en el centro de la política y que ha marcado las últimas décadas En Chile. Es un tipo de corrupción mucho más institucionalizada, que estructura el mismo modelo económico y político. Es un tipo de corrupción que por estar tan adherida a la institucionalidad, no es materia de discusión política ni de titular de periódico alguno.
Un caso no lejano son las grandes mineras, las que declararon pérdidas durante quince años consecutivos y con eso evitaron pagar impuestos en circunstancias que ganaron cantidades siderales. Para hacer esta operación, que les otorgó miles de millones de dólares desviados desde un país pobre y desigual, no tuvieron que pagar ni coimas. Simplemente, hicieron uso de leyes y reglamentos. Esta corrupción institucionalizada, y responsable de todas nuestras miserias económicas y desigualdades sociales, es sin duda mucho peor que aquella que hoy aparece en los diarios. Es como comparar lo que ganan los bancos y el retail con la usura legalizada, como comparar las “reprogramaciones” de La Polar con el robo hormiga de los supermercados. Es una corrupción entre los grandes poderes económicos y el poder político en desmedro de la sociedad nacional.
La lista y los casos de corrupción y desvíos de dineros públicos a cuentas privadas es larga y ha sido tratada decenas de veces en estas mismas páginas. Pero hay una gran operación que podríamos denominar la “madre de todas las corrupciones”, sobre la cual se apoya la institucionalidad económica y política de los últimos treinta años. Es sobre las privatizaciones de las empresas del Estado a partir de los años 80, las que se extendieron hasta la mitad de los gobiernos de la Concertación para dar paso a las concesiones, que descansa la cultura de la corrupción. Por la venta de treinta empresas públicas privatizadas durante la década de los 80, la Contraloría calculó que el Estado perdió más de 2.223 millones de dólares, lo que a 1990 correspondía al 6,4 por ciento del PIB. Si extendemos estos cálculos a 2011, con un PIB de casi 250 mil millones de dólares, estas pérdidas significarían unos 16 mil millones. Si a estas cifras agregamos los recortes y comisiones en el proceso de concesiones -recordemos MOP-Gate, el lobbying empresarial ante los gobiernos y parlamentarios y lo decoramos con el binominal-, tenemos el Chile actual: el país más desigual del mundo.
PAUL WALDER
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 769, 26 de octubre, 2012