El candidato a Alcalde, Luis Batallé Pedreros, solicitó a la Contraloría General de la República investigar irregularidades ocurridas en la Municipalidad de Pirque y que configuran fraude al fisco y falta grave a la Ley de Probidad Administrativa. La acusación recae, en particular, sobre el Concejal, Pablo Ulloa y el ex alcalde Cristián Balmaceda Undurraga, ambos postulantes a la reelección. “Tenemos evidencias irrefutables del pago de sueldo por la suma de 10 millones de pesos a una persona que nunca ha trabajado en la Municipalidad u otro organismo fiscal. Se trata de un familiar directo de un Concejal”, aseveró Batallé.
El pasado 19 de octubre, la Concejala Betzabé Muñoz, presentó en sesión de Concejo Municipal, documentación proveniente de la AFP Provida donde aparece la Corporación de Educación y Salud de Pirque como entidad pagadora de cotizaciones provisionales a favor de la madre de Ulloa.
Los pagos efectuados por la institución municipal, cuya autoridad máxima es Cristián Balmaceda, fueron hechos desde el mes de julio del año 2010 hasta agosto del año 2012.
De acuerdo a la legislación vigente, los dineros asignados por el Estado a la institución mencionada deben ser usados en las áreas de salud y educación con el fin de atender las necesidades de los sectores más vulnerables.
Al respecto profesionales de la educación del Jardín Infantil y Sala Cuna,”Gregoria Díaz Arias”,señalaron que en el último tiempo han tenido que comprar, con su propio dinero, materiales tan imprescindibles como lápices, pañales, papelería. “Sin embargo, aquí se están desviando recursos públicos quien sabe para qué”, acotaron
Pese a la contundente evidencia, Ulloa, negó con insistencia que su progenitora trabaje o haya trabajado en alguna parte, “porque ella es dueña de casa, solamente”.
En medio de la campaña electoral, la conducta de este “servidor público” ha desatado la indignación de amplios sectores de Pirque que lo acusan de contubernio con la derecha política más ultra de la zona.
En declaración pública, el Movimiento Ciudadano de Pirque se refiere al hecho y se pregunta:
¿A qué bolsillo fueron a parar los 10 millones de pesos?
¿Existirán casos similares, al interior del Municipio?
¿Quién cobraba los cheques?
¿Dónde está el contrato de trabajo de la persona por la cual se pagaron las cotizaciones provisionales documentadas por la AFP Provida?
¿Existen copias de los comprobantes de retiro de cheques?
¿Existe un Informe que de cuenta de los servicios prestados, donde se detalle las funciones desarrolladas, como asimismo, el lugar, hora y fecha de ejecución de los trabajos realizados?
Por su parte, Cristian Balmaceda Undurraga, (RN) ha guardado total silencio sobre el caso.