La semana pasada el director de Carabineros, general Gustavo González, hizo unas afirmaciones en televisión que en un país democrático le habrían costado el cargo.
Las declaraciones las hizo González en el canal Chilevisión, que se prestó, al igual que todos los canales de televisión abierta de Chile, a ser funcional a la campaña comunicacional emprendida por Carabineros a raíz de la trágica y lamentable muerte por asesinato de un joven carabinero de 27 años, Cristián Martínez, la noche del once de septiembre, aniversario del golpe de estado.
(La campaña de prensa es parte de una tarea constante de Carabineros por mantener una presencia de carácter positivo en los medios de manipulación social dominantes en Chile, tarea en la cual también se empeña con esmero la policía civil de Investigaciones. La reciente carta de Carabineros al New York Times se encuadra en este marco).
El general Gustavo González dijo en Chilevisión que ya estaba bueno de críticas a Carabineros desde la “clase política”. Los carabineros se sienten incomprendidos y doloridos. El general resaltó que en la última encuesta surgida del seno de un centro de pensamiento político de la clase dominante, Carabineros ocupe el primer lugar de la confianza de los chilenos en una lista de instituciones del país. En su monólogo, el general no tuvo ningún problema en meter en un mismo saco a estudiantes rebeldes y delincuentes comunes.
A la mañana siguiente a la muerte del carabinero asesinado, en medio del dolor del país, el general Luis Valdés, jefe de zona metropolitana de Carabineros, afirmó que la institución a la cual pertenece es la reserva moral de la nación. Tal cual, y lo dijo en el aniversario del golpe de estado.
Si las declaraciones de estos dos uniformados no son graves en Chile, (ya que pasan coladas, al parecer los políticos profesionales las encuentran normales o se hacen los sordos), la evidencia es que la democracia en Chile goza de muy mala salud.
(Al menos ayer, martes 25 de septiembre, la Contraloría de la República dictaminó que los observadores de la defensa de los derechos humanos, pueden subir a los buses de Carabineros a inspeccionar el trato que están dando a los detenidos en manifestaciones públicas de protesta social).
Mala salud democrática, porque los cargos policiales deben limitarse al cumplimiento de la ley en sus funciones. No se trata de mala voluntad de la “clase política”, que por lo demás no existe como tal. Lo que necesitamos los ciudadanos es que Carabineros no venda la pomada y respete la ley. Empezando por el respeto a las personas, en la calles, los campos, los buses y las comisarías. Tarea que cuando las papas queman deja con frecuencia de cumplir.
En un mismo día, el doce de septiembre, el general Luis Valdés declara a la prensa que el arma que mató al carabinero Cristián Martínez la noche del once, es parte de una infinidad de armas clandestinas que están en manos de delincuentes abocados principalmente al narcotráfico. A la misma hora el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, justificaba, con el asesinato del carabinero Martínez, la presentación al Congreso Nacional de un proyecto de ley que lleva su nombre, destinado a controlar y reprimir, dado el caso, a las manifestaciones sociales, particularmente de estudiantes.
En otras palabras, Hinzpeter miente, o no sabe lo que dice, cuando afirma que su preocupación es el orden público y el control de delincuentes. Ahí tiene a los delincuentes señor ministro, se los indica el general Valdés, deje que los movimientos sociales hagan su camino y ocupen legítima y democráticamente las calles.