Es de común conocimiento que uno de los fundamentos básicos del Estado moderno, si es que no el principal, es la concentración y monopolio de la coerción en función de la protección de los derechos de diversa índole de los individuos, siendo estos los que en última instancia y movidos por principios superiores y etéreos delegan contractualmente al Estado, ya concreto, un resto de sus derechos naturales – libertad por ejemplo – en busca de un objetivo general: la convivencia pacífica y el bienestar general.
Esta perspectiva de la que ha hecho uso la teoría y filosofía política para explicar y esquematizar el deber ser, respectivamente, delata una cierta ingenuidad si nos proponemos, por otro lado, analizar al Estado con mayor suspicacia y detenimiento. Es más, y sin pretender ser exhaustivos, acoplar esta percepción de lo que es y hace el aparataje estatal a la contingencia política y social chilena – o si se quiere latinoamericana, en el contexto de la crisis de la hegemonía neoliberal – expone la faceta mal intencionada o cínica de este, cuando gobiernos neoliberales, tendenciosos al privilegio y por tanto exclusión de las mayorías, hacen de su uso. O también cuando gobiernos socialdemócratas buscan el apaciguamiento – la pomada – y no la transformación de la estructura y lo que esto conlleva ideológicamente.
En los últimos meses se han presenciado, a nivel nacional, un sin número de hechos que nos aclaran, aun más, el panorama. Los gremialistas han pretendido restablecer – su ímpetu reaccionario les impide ver la ilegalidad de su iniciativa (1) – la pena de muerte como sanción máxima por delitos que conlleven la muerte de funcionarios de Carabineros en servicio; la compra por más de 3 mil millones de pesos en vehículos antidisturbios para la función represora de FF.EE; las declaraciones personales de un General, pero bajo una lógica institucional, en cuanto carabineros es la reserva moral de la sociedad; la aprobación de la Ley Hinzpeter y la reforma a la Ley Antiterrorista pinochetista – concertacionista (bacheletista) que califica como terroristas a todo aquel que difunda ideas en contra del sistema político vigente.
En apariencia y para los sectores sociales alineados con el orden y la concepción de un Chile liberal o que es lo mismo decir democrático liberal, democrático limitado o democrático en transición, estas iniciativas, haciendo uso del aparato del Estado, sin duda que responden a la vocación de servicio público de los representantes en busca de una sociedad armónica, legible, avergonzada de la real diversidad. No obstante para la amplia base social a la izquierda de la Concertación, aquella con proyecto critico y transformador – aunque por ahora atomizada – dichas iniciativas responden a la intención de coartar y criminalizar la iniciativa popular, su proyecto de poder concreto y su destino manifiesto de sujeto consciente.
Dicho esto cabe preguntarse el porqué de la facilidad con la que emergen al debate y aplicación conceptos de este tinte pretencioso, con expresos retazos dictatoriales o si acaso no se ha hecho suficiente o frenado de alguna manera, aunque espuria, la potencia excluyente y enajenante de los gobiernos a través de las herramientas que el aparato del Estado les da.
Un concepto para comprender lo anterior es el de protección, entendiéndolo como función primaria del Estado. Charles Tilly (1985) propone que la protección ante las amenazas que brinda el Estado a la ciudadanía obedece a la lógica del chantaje y por lo tanto a la de un negociado – con el cobro respectivo a la sociedad – ya que “…en la medida en que las amenazas frente a las que un gobierno determinado defiende a sus ciudadanos son imaginarias o son consecuencia de sus propias actividades, el gobierno ha establecido el negocio de la protección” (1985:3). Bajo esta lógica, el Estado de Chile, por medio de la gestión practica del gobierno de turno, mediante la criminalización de la protesta y movimiento social, la militarización del orden publico – por ciertos sectores llamada sobreintervencion – como mecanismo de control social en comunas urbanas periféricas, en resumidas cuentas, a través del reforzamiento de la represión objetiva y subjetiva, estaría inventando una amenaza. Esta amenaza aparente, en la práctica, seria la violencia política y social justificada de los sectores del pueblo subalternos.
¿La legitimidad del gobierno que fomenta esta práctica? No es relevante, al menos desde la sociedad (gobernados), pero si en y desde las propias autoridades. En otras palabras “… la legitimidad se basa a partir de la tendencia a que otras autoridades intervengan para confirmar las decisiones de una autoridad [en igual o superior nivel de poder].” (1985:4). En Chile, la noción liberal de participación ciudadana exclusivamente mediante el voto parece una de tantas analogías atingentes a este punto. Más específicamente, la discrecionalidad de los representantes formales una vez electos y la inexistencia de incentivos institucionalmente expresados – por ejemplo referéndum revocatorio, elección popular de Intendentes, entre otras – para que estos tengan una conducta vinculante con la sociedad.
Desde el control de la protección que supone inevitablemente concentrar y monopolizar la fuerza, Tilly nos dice que el gobierno, por medio del Estado, utilizo históricamente 3 métodos para expandir su dominio a todo el territorio, a sabiendas que con solo un ejército propio, unificado y profesional no basta. Es así como se explica (a) la extensión de la burocracia a las comunidades locales, (b) la creación de fuerzas policiales dependientes del gobierno y no de individuos y (c) una estrategia múltiple basada principalmente en la cooptación, compra de voluntades, división del rival, entre otras. (1985:8)
Sin duda este último punto es el mas relevante en cuanto comprende “…estrategias que hiciesen que el bienestar del magnate dependiera del mantenimiento de la estructura de poder existente.” (1985:9)
Esta dinámica no solo proviene, por otro lado, desde arriba, es decir, desde los individuos constitutivos de la “política formal” – como por ejemplo concesiones Concertacionistas a iniciativas tributarias de la otra derecha – , sino que también, y lo que es más grave pues denota un alto grado estructural de infiltración, desde los segmentos populares. Por lo tanto esto último ya no da por hecho simplemente un Estado con intereses de clase (Marx) o uno dividido en una dimensión represiva y técnica (Lenin), sino que más bien un aparato Estatal hegemónico con raíces en la población mediante instituciones, políticas públicas y prácticas en general tendientes a inclinar la balanza a la hegemonía ideológica de los dominadores (Gramsci).
Esto, en lo concreto, puede tener su aplicación en los pobladores de ciertas comunas de Santiago, quienes han transmutado su potencialidad como sujetos conscientes a usuarios de programas o proyectos de intervención municipal que obedecen a la lógica cuantitativa de objetivos y metas de cumplimiento – por ejemplo programas de victimización del delito en municipalidades – y por tanto indiferentes en diseño y ética a un tratamiento de las estructuras perpetuadoras de la segregación y de la pobreza, entendida esta en su carácter multidimensional. Por otro lado, y si nos tomamos el tiempo, veremos como se han comenzado a generar instancias de autogestión, por ejemplo, desde la educación popular, como medio de transformación de los sujetos (niños, jóvenes y a fin de cuentas todo aquel involucrado) en su propio entorno social próximo, en ciertas comunas no solo de la capital, sino del país. Concentrando la atención en estas iniciativas, inevitablemente hará mas explicito el contraste con la lógica institucionalizada que no hace más que vender “bienestar” (transitorio) a un alto costo.
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La única transformación viable y eficaz para la transformación de las estructuras es la formación de un bloque contra hegemónico, con identidad política e ideológica, no pragmática, y principalmente con vocación de poder. |
Esto, por otro lado, obedece, como menciona James Scott (1999), a una lógica con la cual se ve la naturaleza y la sociedad. Esto en el sentido de que el Estado a medida que ha evolucionado a convertido a la sociedad y naturaleza en un objeto legible, simplificado, entendible en función de una dominación efectiva. Los bosques han sido domesticados volviendo vulnerables o lisa y llanamente inexistentes los ecosistemas y las ciudades rediseñadas bajo criterios economicistas. Todos los caminos conducen a Roma, toda la urbe conduce a la Sociedad de Consumo. A la vez, las relaciones sociales, en el caso chileno a costa de la militarización de las comunas urbanas y por tanto de la represión en su más amplio sentido, no solo físico, han sido reconvertidas o al menos se ha buscado ello. El panóptico estatal se ha vuelto lógica constitutiva, estandarizando los indicadores de conducta o esta misma. Se vigila lo que se es y ya no lo que se puede llegar a ser o hacer.
El Estado, con gobiernos a la cabeza, se construye a si mismo eliminando o neutralizando a su enemigo interno por medio del monopolio de la fuerza. Necesita de la extracción de recursos económicos y humanos para mantenerse en pie, por lo cual acude a los grupos privilegiados, quienes a cambio de protección estatal para sus negociados, le brindan los recursos. Un sistema tributario regresivo que grava a la mayoría en beneficio de esos pocos, siendo estos últimos los que benefician en la lógica antes dicha a los personeros del gobierno, cooptándolos y usufructuando dentro del triangulo de hierro de la elite económica, el gobierno y la burocracia, puede ser un ejemplo, con sus detalles y observaciones no mencionados, realista.
Sin duda lo escrito es sabido de alguna u otra forma, desde la vivencia común o la teoría. Lo que es relevante en este caso es, primero, no olvidarlo y darlo por hecho como algo de “sentido común” y, segundo, comprender que la única transformación viable y eficaz para la transformación de las estructuras es la formación de un bloque contra hegemónico, con identidad política e ideológica, no pragmática, y principalmente con vocación de poder.
(1) El Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Chile, en su Art. 4, Inc. 2 es explicito al mencionar que “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.”
Tilly, Charles. (1985). War Making and State Making as Organized Crime.
Scott, James (1999). Seeing Like a State.
Rodrigo Cárcamo Hun
Profesor de Historia y CC.SS