Alegando “simulación” y “falta de condiciones de confianza y transparencia”, 93 organizaciones de derechos humanos, de libertad de expresión y de periodistas se retiraron (13-09-2012) de la asamblea de organizaciones de la sociedad civil convocada por el gobierno para definir la metodología de elección de integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, establecido por la ley homónima publicada el 25 de junio de 2012 en el Diario Oficial de México.
Según el portal de la ONG Artículo 19, entre las organizaciones que se retiraron de la asamblea del 7 de septiembre se encuentra la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 71 estructuras en 22 estados de la nación, y otros 22 centros y asociaciones, incluida la ONG Artículo 19. Al retirarse de la asamblea, las entidades reiteraron “su compromiso para la construcción de un Mecanismo eficaz de prevención y protección de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, cuando se garanticen las condiciones necesarias para facilitar una participación incluyente”.
El informe de Artículo 19 precisa: “Un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos, de la libertad de expresión y periodistas que han participado desde el inicio del proceso de consulta para la elaboración de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como en las consultas subsecuentes para la definición del reglamento y protocolos de actuación correspondientes, decidieron retirarse de la Asamblea de organizaciones de la sociedad civil para definir la metodología de elección de quienes integrarán el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por las siguientes razones:
“El proceso de convocatoria fue elaborado e instrumentado de manera unilateral por parte de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), quien seleccionó a las organizaciones participantes en la Asamblea sin señalar los criterios en los que se basó, a pesar que durante la sesión su representante intentó negarlo.
“Debido a esto, al iniciar la sesión se expresó la preocupación de que la mayoría de las organizaciones presentes no cumpliera con los requisitos establecidos en la convocatoria emitida por la Secretaría de Gobernación para participar en la Asamblea de organizaciones. No obstante, durante el inicio de la Asamblea se solicitó transparentar la información de las organizaciones participantes a fin de que se validara que cumplían con los requisitos señalados por la propia convocatoria, lo cual fue rechazado.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), coordinadora de la Asamblea, no facilitó las condiciones adecuadas para garantizar un diálogo constructivo y propositivo en la Asamblea, lo que impidió que fueran atendidas y solventadas las dudas planteadas desde el inicio de la sesión.
“No se garantizaron las condiciones adecuadas para que las organizaciones que no radican en Ciudad de México pudieran participar en las deliberaciones y la toma de decisiones de la Asamblea, lo que impidió que su voz fuera escuchada y sobretodo tomada en cuenta en las deliberaciones.
“Finalmente, las organizaciones civiles abajo firmantes reiteramos nuestra voluntad manifiesta desde el inicio de proceso para la Ley que cobija este mecanismo y de mantenernos en él cuando se garanticen las condiciones adecuadas de transparencia e información que permitan celebrar una nueva Asamblea de las organizaciones de la sociedad civil para definir el método de elección de quienes integrarán el Consejo Consultivo.
“Exigimos los siguientes puntos para asegurar la transparencia en el proceso:
● Que se reponga la convocatoria a las organizaciones civiles de derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión desde criterios incluyentes
● Que se publiquen los nombres y currículos de las organizaciones, defensores y periodistas que se hayan registrado en el procedimiento
● Que se hagan públicos también los nombres y currículos de los candidatos y candidatas al Consejo Consultivo del Mecanismos de Protección a Personas Defensoras y Periodistas
● Que la Asamblea de selección pueda ser observada y monitoreada por la prensa y personas u organismos interesados en este proceso”.
Firman: Artículo 19, Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Casa de los Derechos de Periodistas, A.C.; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh); Centro Jurídico para los Derechos Humanos, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., A.C.; Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC); Iniciativa por la Identidad y la Inclusión, A.C.; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC.; Propuesta Cívica, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 71 organizaciones en 22 estados de la República), Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Seiinac); y Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ).
Óptica del Centro Proh de DDHH
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh –fundado en 1988 por la Compañía de Jesús–), señaló en Radio Fórmula (18-09-2012) que la puesta en marcha del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas está detenida “por la falta de conocimiento de la sociedad al interior de las mismas organizaciones, con respecto a los mecanismos para la protección a defensores de derechos humanos y periodistas”.
Aunque este año se logró la aprobación de la ley que crea un mecanismo para operar en favor de la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, Marroquín dijo que estas leyes suenan bien, sin embargo en el momento de su aplicación es cuando se encuentran las dificultades. Añadio que la tarea de “implementación de mecanismos para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas es un proceso que ha tomado ya varios años para varias organizaciones civiles”.
“Es conocido que en los últimos años las agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos, así como contra periodistas han tenido un incremento alarmante”, dijo Marroquín, entrevistado por Ricardo Rocha. “Específicamente, por ejemplo, cuando se refiere a la libertad de expresión muchos informes han señalado los riesgos que existen para quienes ejercen esta libertad por su profesión y han indicado también que la mayor parte de las agresiones y amenazas provienen del ámbito gubernamental”.
Marroquín dijo que “la falta de protección a personas defensores y periodistas se debe a lo que ya ha sido señalado muchas veces, en relación a la investigación de los delitos y también a un problema muy fuerte, la falta de coordinación entre los diversos niveles de gobierno. “Hay que recordar que muchas de estas agresiones son cometidas en el ámbito de los gobiernos estatales o municipales, de tal manera que se ha estado buscando cómo hacer que se dé esta efectiva coordinación que permita una mayor protección a defensores de derechos humanos y a periodistas”.
El activista precisó que en abril de éste año se logró la aprobación de la ley que establece la creación de ese mecanismo y se fijaban plazos bastante claros para que comenzara a operar; así como los diversos elementos que lo compondrían, entre ellos un Consejo integrado por 9 miembros de la sociedad civil, que que representaran tanto a periodistas, como a defensores, y también una persona del ámbito académico. “Éste proceso se ha iniciado; desafortunadamente no se ha podido avanzar y esto no es sólo algo exclusivo de este proceso: es uno de los puntos débiles en todas las leyes que se han aprobado en México.
“Las leyes suenan bastante bien, e incluso proponen avances. Sin embargo, en el momento de su aplicación es cuando empezamos a encontrar diversas dificultades, específicamente en el ámbito del mecanismo de protección de personas defensoras y defensores”. Marroquín aboga por dar un mayor reconocimiento al trabajo realizado por las diversas organizaciones que están participando y que se emita una convocatoria que permita una mayor participación de las otras organizaciones civiles. Y que las organizaciones que ya están presentes en éste mecanismo puedan también lograr consensos para facilitar los avances”.
El “Mecanismo” en Veracruz
Javier Duarte, gobernador de Veracruz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), firmó (18-09-2012) el Convenio para el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Afirmó que el respeto pleno de las libertades es condición esencial para el desarrollo armónico y destacó el rol de periodistas y defensores de derechos humanos, “quienes cumplen funciones invaluables en toda sociedad”.
El gobernador Duarte fue acompañado por Omeheira López Reina, titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno (ministerio local del Interior), y asistieron como testigos Alan García Campos, funcionario de DDHH de la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones para los DDHH, junto con Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. López Reyna agradeció al gobernador que haya sumado al Estado en la participación de un mecanismo que garantice acciones conjuntas con el gobierno federal en favor de la integridad física y derechos de quienes trabajan por la libertad de expresión.
El gobernador bloqueó las funciones de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, cuyas tareas fueron asumidas por la Policía Naval. “Va a seguir el Programa (Veracruz Seguro), vamos a seguir desarrollando acciones”, dijo Duarte (18-09-2012). “La coordinación que hemos podido establecer las instituciones federales, estatales y municipales ha sido clara y efectiva”. Según Imagen del Golfo, “hizo hincapié en que no volverá la Policía Intermunicipal Veracruz-Bocsa del Río, y la Policía Naval continuará en esa taarea el tiempo necesario, porque los resultados se han rtatificado en las fiestas patrias” (15 y 16 de septiembre).
El gobernador aseveró que “México vive tiempos inéditos que han puesto a prueba el temple y determinación de los gobiernos, así como la fortaleza de la sociedad. El país enfrenta una circunstancia sumamente compleja, que en el caso de nuestro Estado hemos afrontado con valor y firmeza; y en los meses recientes hemos vivido y superado grandes desafíos, amparados en la fuerza de la ley y el respaldo de los ciudadanos”. Dijo que Veracruz puso en marcha diversas acciones para atender esta circunstancia, consciente de la nueva situación que enfrenta el ejercicio periodístico.
Fuentes:
Imagen del Golfo: http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=341949
Radio Fórmula: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=271183