1.- Estudiantes ausentes. Mucho se ha especulado en torno a la eficacia de las protestas, en cuanto, se afirma, la mayoría de los estudiantes ni siquiera están inscritos en los registros electorales. De suerte que el coro vocinglero por una educación pública, gratuita y de calidad no vale mucho a la hora de contar votos. En la actualidad, se ha modificado la ley electoral en el sentido de una inscripción automática y del voto voluntario. En principio, no hay ninguna razón teórica o empírica que indique una transformación radical del padrón electoral.
La cuestión de fondo es si acaso los millones de jóvenes ausentes en los procesos electorales modificarán su comportamiento en virtud de una ley de la república. Pareciera que la indiferencia a las elecciones se relaciona más bien con una “desconfianza radical” respecto al sistema político en vigencia que a otra cosa. Esto explica la distancia del movimiento estudiantil frente a los partidos tradicionales, incluidos los partidos de izquierda, y la multiplicación de diversas agrupaciones alternativas. Hasta el presente, los partidos mismos no han mostrado un particular interés en reconstruir los puentes hacia los movimientos sociales en general y hacia el movimiento estudiantil en particular.
El síndrome de los “estudiantes ausentes” significa, ni más ni menos, la existencia de un “mundo político paralelo” sin vasos comunicantes con la institucionalidad política construida tras la dictadura. Esta no es una buena noticia para las autoridades de gobierno ni para la “clase política” adscrita al oficialismo o la oposición. Este mundo político otro es variopinto y reconoce matices, sin embargo, como conjunto expresa una “racionalidad política” muy alejada del cálculo electoralista y de los “grandes temas” que se discuten en el poder legislativo.
Para decirlo con moderación, en la mayoría de estos “estudiantes ausentes” hay indiferencia, acaso desdén, hacia el “establishment” político tradicional; y no faltan buenas razones que expliquen esta actitud arraigada entre los más jóvenes. Los cuatro gobiernos concertacionistas fueron capaces de poner en evidencia que dicho conglomerado no era la solución sino una parte importante del problema. En un balance retrospectivo de la mentada Concertación, se podría afirmar que más allá de los discursos, lo cierto es que el país no avanzó significativamente hacia una democracia más plena, convirtiéndose en los hechos en mera administradora del orden heredado, aplicando medidas cosméticas cuando hubo ocasión. La modificación de la LOCE por la LGE resume muy bien este punto de vista.
2.- Piñera, Hinzpeter y los otros
La llamada “Ley Hinzpeter” impone drásticas sanciones a quienes promuevan o participen en futuras protestas estudiantiles, entendiendo como agravante el usar capucha. El gobierno le ha puesto “suma urgencia” a esta iniciativa del ejecutivo y ya ha sido aprobada por la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados en diciembre 2011. Se busca convertir en “delito” lo que la autoridad considere un atentado contra las personas y/o contra la propiedad. Las penas consideradas son de presidio menor en su grado medio, es decir, 541 días a 3 años de cárcel. Se llegó al extremo de incluir entre los delitos toda forma de registro fotográfico, audiovisual o de sonido.
Lo que quiere el señor ministro es fortalecer un “estado policiaco” que criminalice toda expresión de los movimientos sociales. Es claro que si llega a aprobarse este proyecto de ley, el concepto mismo de democracia en Chile descendería varios escalones hacia el sótano del autoritarismo y sería el equivalente de apagar un incendio con gasolina. El proyecto pone en evidencia, una vez más, la escasa vocación democrática del actual gobierno de derechas y la miopía política de que adolece.
Basta imaginar a cientos o miles de jóvenes estudiantes procesados en virtud de esta ley para dimensionar la profundidad del dislate. Solo la incapacidad política de un gobierno explica el talante autoritario de una administración como la actual. Convertir el mero llamado a una movilización en “incitación” de “desórdenes u otro acto de fuerza” es una grave limitación a la libertad ciudadana. El proyecto de ley pareciera redactado por un encargado de la DINA, pues carece del más mínimo tino político que se espera de un ministro de estado.
3.- El espectro de Pinochet
Las actuaciones recientes del actual mandatario muestran que el espectro de Pinochet todavía se pasea por La Moneda. Para vergüenza de este país, hace muy poco sectores de extrema derecha se han permitido enaltecer la figura del sátrapa en un acto público, haciendo apología del crimen y el terrorismo de estado. Este acontecimiento que habría sido inaceptable en cualquier democracia sana ha sido posible entre nosotros gracias a una actitud permisiva y tolerante de un gobierno de derechas que posa de liberal. Lo cierto, es que en el seno de la Alianza política de la derecha el liberalismo político no existe. La elite dirigente no es otra que aquella que consagró el terror en “Chacarillas”, formada en un anticomunismo de Guerra Fría y, desde luego, en el neoliberalismo de Chicago.
En este contexto, nada tiene de singular que un ministro de “Renovación Nacional”, la supuesta “ala liberal” de nuestra derecha haya engendrado un proyecto de ley digno de las más afiebradas ensoñaciones del “Mamo Contreras” El gobierno de Piñera, como el dios Jano, tiene dos caras. Un rostro sonriente y demagógico cada vez que engaña a los chilenos con promesas y mentiras, un rostro autoritario y agresivo cuando se trata de hacer frente a los movimientos sociales que se expresan en diversas ciudades del país. Es triste observar los establecimientos educacionales cercados por carros policiales y a los estudiantes convertidos en delincuentes por autoridades incompetentes e incapaces del más mínimo respeto por los planteamientos de los jóvenes estudiantes de Chile.
La pretensión gubernamental de reeditar entre nosotros las conocidas prácticas pinochetistas de represiones masivas como fundamento de un “orden policiaco” debe ser denunciada como prácticas abiertamente antidemocráticas. Los ciudadanos tienen pleno derecho a expresar su malestar ante el atropello a sus derechos. No es lícito que este gobierno o cualquier otro convierta las escuelas en “campos de concentración” de corte fascista, no es aceptable que un gobierno que se reclama democrático patrocine una iniciativa legal que, en los hechos, niega las libertades más elementales.
Hasta el presente, el gobierno, y por extensión la “clase política” en su mayoría, ha cerrado las puertas a las demandas de los estudiantes, buscando soluciones cupulares que burlan una y otra vez las cuestiones de fondo. Hasta el presente, las autoridades solo enarbolan la cavernaria política del garrote, negándose a buscar con seriedad una real salida política al conflicto. Los estudiantes han estado ausentes de la institucionalidad política porque no se les reconoce en su estatura de ciudadanos, han estado ausentes porque se buscan soluciones sin que el movimiento estudiantil sea tomado en cuenta. En definitiva, la ausencia estudiantil no es sino un síntoma más de una democracia enferma.
*Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS