En Chile nació el Partido Igualdad, una nueva tienda política levantada por organizaciones sociales. No es otro desprendimiento de la Concertación ni del Partido Socialista (PS), sino una creatura de organizaciones sociales, cuyo alumbramiento y existencia son absolutamente ignorados por los medios de información. Sólo un extenso aviso pagado por el Servicio Electoral (Servel) en grandes diarios le dio visibilidad a este partido al dar a conocer el domingo sus objeciones “técnicas” a cientos de candidatos de todos los pactos, incluido un 17% de los 181 aspirantes que logró inscribir de Igualdad para la próxima contienda municipal del 28 de octubre.
El nombre del nuevo partido también emergió breves instantes en los medios el 2 de agosto, cuando en el sorteo oficial de listas su secretario general –Iván Carrasco– sacó la última letra que quedaba en la bolsa negra del Servel, después que hicieran lo mismo los dirigentes más conocidos de los partidos tradicionales.
La ignorancia y desinterés por cuanto ocurre en el país real hizo preguntarse a “expertos” analistas locales “¿de dónde salió ese partido?”, porque el último signo que quedaba en el saco era la codiciada letra “A” (A-Pacto Igualdad para Chile), que ahora estará en el primer lugar del voto entre los candidatos a alcaldes y concejales que se medirán en octubre.
Los resultados y la incógnita de la tasa de abstención de esta próxima contienda angustian a la clase política ante el creciente desprestigio de los partidos representados en el parlamento y del sistema político en general. Además, existe incertidumbre ante el enigma del estado de ánimo eleccionario de unos 6 millones de votantes renuentes incorporados al sistema por la ley.
La norma chilena establece “pactos”, o alianzas, que en la mercadotecnia electoral disfrazan u ocultan la verdadera identidad política de los candidatos, al punto que muchas veces el elector sólo conoce el rostro del aspirante en abundantes y costosas gigantografías, pero raras veces el candidato informa a qué partido pertenece y menos su ideología. Los postulantes suelen proclamar “¡Vota por mí: soy el cambio!” cuando en rigor quieren decir “¡Vota por mi para que todo sigua igual”!
Ésta será la primera elección con “inscripción automática” –que omite el trámite previo de inscribirse a los ciudadanos mayores de 18– y voto voluntario, es decir, sin multa por no acudir a sufragar, como hasta ahora. La nueva ley fue motorizada por la esperanza de los políticos profesionales de seducir a más de la mitad de la población en edad de votar que no se interesa por el juego electoral, sea por no estar inscrita o porque simplemente no sufraga.
Iván Carrasco Mora, candidato a alcalde en Santiago
El sociólogo Iván Carrasco Mora (42), secretario general de Igualdad, es el candidato a alcalde por Santiago. Absolutamente novato en las lides electorales, pero fogueado entre las organizaciones sociales, principalmente de pobladores y estudiantes de casi todas las regiones del país, dijo que su postulación principalmente busca visibilidad para el nuevo partido.
Hijo de los periodistas José Carrasco Tapia –asesinado por la dictadura de Pinochet en 1986– y Olivia Mora Campos, ex presa política, el candidato considera su postulación como una oportunidad para dar a conocer a la opinión pública los postulados de su hasta ahora desconocido partido.
Sin embargo, los “igualitarios” están seguros que elegirán como concejala por Santiago a Rosario Carvajal (41), licenciada en historia, dirigenta del movimiento social capitalino Patrimonio y Barrio Yungay, de antigua trayectoria en la lucha por preservar la identidad de los barrios del casco céntrico antiguo. La lucha por la supervivencia de sus habitantes y por mejorar la calidad de vida urbana, la condujo a enfrentar con las uñas la constante arremetida “modernizadora” de la voraz industria inmobiliaria, generalmente coludida con los municipios y capaz de incendiar propiedades protegidas como patrimonio para después “salvar” a sus propietarios comprándolas baratas para levantar grandes edificios.
Rosario Carvajal, que se auto define como independiente, describió a Igualdad como una “plataforma, un instrumento creado por las organizaciones sociales, integrada por sus dirigentes para marcar diferencias con la clase política”, desde comunistas a pinochetistas confesos, como la Unión Demócrata Independiente (UDI), o semi-encubiertos, como Renovación Nacional (RN), las dos tiendas que actualmente gobiernan Chile.
“No estamos en ningún pacto, ni con la derecha ni la Concertación, ni con los pactos del PC, y estamos presentando 181 candidatos en 43 comunas de 6 regiones, entre ellos a 25 como aspirantes a alcalde”, precisó Carrasco. Entre estos candidatos, hay 6 que postulan en Rancagua (6ª Región, Libertador) con el Partido Humanista y otros 4 de Concepción (8ª Región, Bío Bío) como “independientes”, porque allí aún no han inscrito el partido
Tributo a Bilbao y Arcos
El nombre del partido evoca el lema fallido de la Revolución Francesa (Igualdad, Libertad, Fraternidad) pero también a la Sociedad de la Igualdad, establecida en 1850 por intelectuales y escritores progresistas como Francisco Bilbao, Santiago Arcos y otros, bajo la llamada “república conservadora”, que según los historiadores más críticos data de 1831 con Diego Portales.
Al parecer, en más de 170 años la desigualdad continúa campeando en Chile, salvo los interregnos de uno que otro gobierno de signo popular permitido por las clases dominantes, incluido Salvador Allende, a quien dejaron gobernar 3 años con férrea oposición –legal e ilegal– para terminar derrocándolo con el golpe de 1973; la República Socialista de 1932 –tolerada apenas una semana–, y el gobierno de Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), que alcanzó a crear las bases materiales de un nuevo “proyecto país”, democrático y desarrollista, pero su líder falleció por enfermedad antes de concluir su mandato. Las empresas públicas que fundo Aguirre (energía, acero, salitre, etc.) fueron privatizadas por Pinochet, incluso en beneficio de uno de sus yernos.
El nombre Igualdad lo decidió una asamblea social hace dos años y medio, tras debatir muchas opciones, porque la ley chilena no permite insinuar “lucha de clases” ni siquiera en el nombre de los partidos: está terminantemente prohibido por el legado jurídico de Pinochet, redactado entre cuatro paredes por sus asesores civiles de la clase política.
Los dirigentes sociales conocen el nombre de la avenida Bilbao, muy transitada en Santiago, pero probablemente sabían poco sobre su rebelde figura histórica, y de Arcos, temas jamás enseñados en la escuela. Los restos de Bilbao, excomulgado por la Iglesia y perseguido por los gobiernos republicanos, recién fueron repatriados desde Argentina en 1998.
El nuevo partido está inscrito en las regiones de Arica-Parinacota (15ª región), Tarapacá (1ª), Antofagasta (2ª), Coquimbo (4ª), Valparaíso (5ª) y Metropolitana (13ª). No alcanzaron a inscribirse en Concepción (8ª) y aún recogen firmas en Libertador (6ª) y Los Ríos-Valdivia (14ª). “Esperamos llegar al 2013 con 10 de las 15 regiones legalizadas y 36 mil afiliados para tener derecho a candidato presidencial: la ley pide 8 regiones legalizadas y 36 mil afiliados”, aclaró Carrasco.
Objeciones del Servicio Electoral
El organismo regulador electoral dio a conocer el domingo su objeción a 30 postulaciones del Partido Igualdad, y a centenares de candidatos de otras tiendas, y pactos políticos, por diferentes cuestionamientos, la mayoría apelables en el plazo de 5 días. Pero entre las objeciones a Igualdad, la más dura y compleja afecta al líder máximo del partido, su presidente, el concejal de Peñalolén (Santiago) y dirigente social Lautaro Guanca, ex comunista, quien lideró una derrota de la industria inmobiliaria en el plebiscito local 2011 al ganar el No a un nuevo plano regulador de la comuna, episodio político tergiversado o ignorado por los medios en Chile.
Guanca perdió todos sus derechos políticos al comenzar un enjuiciamiento tardío por “agresión a Carabineros” que sus partidarios califican de “montaje orquestado por abogados de la Municipalidad, la policía uniformada y la Fiscalía”. Los grandes derrotados en el referéndum fueron el alcalde en funciones y aspirante a candidato presidencial Claudio Orrego, de la Democracia Cristiana (DC), también los concejales de todos los partidos que integran el ayuntamiento, la Cámara de Comercio local y las corporaciones inmobiliarias.
Este fue el primer plebiscito ganado en el país por organizaciones sociales. Trancaron un nuevo plano regulador impulsado por el alcalde Orrego y los concejales, desde el PC a la UDI, confeccionado a la medida de los intereses de la Cámara de Comercio local y los designios inmobiliarios. Primero, Orrego envió la petición de referéndum, firmada por más de 6.000 ciudadanos, a la Contraloría General de la República, para ganar tiempo y con la esperanza que objetaran las rúbricas, explicó Carrasco. Pero cuando era evidente que esa estrategia no daría resultado, el mismo alcalde se apresuró a convocar “otro plebiscito”, que perdió 53-47 entre 70.000 votantes. El Mercurio y medios como radio Cooperativa (DC), explicaron después que “ganó la campaña del terror que impedirá construir viviendas sociales”. La derrota de Orrego fue impulsada por la Comunidad Ecológica y organizaciones sociales de la comuna. El líder de esta batalla cívica fue el concejal Lautaro Guanca, presidente del partido Igualdad.
El plebiscito se realizó en diciembre 2011, con funcionarios municipales haciendo horas extras en campaña puerta a puerta para conseguir votos aprobatorios, con la Cámara de Comercio detrás de la propaganda por más edificios de lujo en detrimento de los pobres de la comuna. Pero mientras la Contraloría revisaba las firmas, el alcalde y los concejales intentaron aprobar silenciosamente el nuevo plano regulador entre cuatro paredes. No pudieron porque una manifestación en septiembre 2011 derivó en trifulca en el ayuntamiento, intervino Carabineros y Guanca fue golpeado y resultó herido en la cabeza.
Casi al año de esta manifestación apareció la demanda judicial “por agresión a Carabineros”, justo a tiempo para que a Guanca le suspendieran sus derechos políticos, a tres meses de las elecciones municipales y cuando las encuestas aseguraban que sería el futuro alcalde de Peñalolén. Esta pequeña historia de esa comuna refleja el creciente estado de ánimo de la población contra los abusos del gran capital y sus aliados políticos de doble discurso a lo largo de todo el país. La ley electoral establece que los derechos cívicos se “suspenden” en cuanto se inicia un juicio y se restablecen, o pierden definitivamente, cuando hay condena. “Lautaro Guanca mide 1,65 mt y cada Carabinero con indumentaria anti-motines alcanza los 2 metros”, dijo Carrasco. “Es imposible que pueda agredir a un Carabinero: ésta es una maniobra para sacarlo del juego electoral”.
Carrasco explicó que en Chile cuesta mucho dinero construir un partido político, por la legislación que protege de la competencia a una clase política que se reparte el botín del poder en cuotas partidarias. Los gastos en notario para certificar firmas al momento de colectarlas pueden ascender hasta más de 2 dólares por persona, más de 70.000 dólares para afiliar a 36.000 adherentes, más dos años de intenso trabajo a través de las 15 regiones en que divide el país la geografía política vigente, también heredada de la dictadura, lo mismo que la Constitución e igual que las leyes políticas.
*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.