Cinco subsecretarios del gobierno de Ricardo Lagos, en 2004, impusieron instrucciones al gobierno regional de Magallanes, incluido Conaf y otros organismos públicos, para que las solicitudes de concesiones de salmonicultura que pretendían operar en aguas colindantes a los parques nacionales Bernardo O’Higgins y Alberto de Agostini, no fueran objeto de informes negativos en su proceso de evaluación ambiental y así facilitar la expansión de la industria salmonera en la Patagonia chilena.
Así quedó en evidencia luego que las actuales autoridades de gobierno de la Región Austral desclasificaran un documento firmado por los ex subsecretarios de Pesca, Felipe Sandoval; de la Secretaría General de la Presidencia, Rodrigo Egaña; de Marina, Carlos Mackenney; de Bienes Nacionales, Jacqueline Weinstein; y de Agricultura, Arturo Barrera.
El texto, proveniente de La Moneda, ordena al gobierno regional de Magallanes que “las solicitudes de concesiones acuícolas en actual tramitación, que se refieran a las aguas marinas colindantes a los parques nacionales mencionados, no serán objeto de informes negativos en su proceso de evaluación de impacto ambiental por la circunstancia de situarse dentro de los limites cartográficos de dichos parques”.
Y agrega que “respecto a las solicitudes que han sido objeto de informes negativos de Conaf por esa sola circunstancia, la Corema requerirá una revisión de los pronunciamientos que permita destrabar la tramitación de tales solicitudes, cuando ello sea procedente”.
Esta presión va dirigida al gobierno regional, puesto que quien presidía la Comisión regional del Medio Ambiente era el propio Intendente. Además, el instructivo señala que “los criterios y procedimientos descritos serán aplicables a situaciones análogas que se presenten en otras regiones o respecto de otros parques nacionales del país”.
“Con ésta instrucción del gobierno central de la época, se posibilitó la instalación de emprendimientos acuícolas en zonas colindantes a parques nacionales de nuestra región, a pesar de los informes negativos emanados desde la Conaf”, afirmó a Ecoceanos News el actual Seremi de Bienes Nacionales de Magallanes, Alfonso Roux Pittet.
EL ROL DE LA MONEDA
La presión ejercida por La Moneda ocurría en el primer semestre de 2004, momentos en que el ex Presidente Ricardo Lagos afirmaba en el país y en el extranjero que la salmonicultura industrial era la “estrella de la economía chilena”, y esa orientación cruzaba todo el actuar de los funcionarios públicos, lobbystas, parlamentarios y empresarios.
La presión del gobierno ocurrió a través del oficio ordinario N° 1.208, a solicitud del Intendente regional de la época, Jaime Jelinic, quién realizó la consulta al entonces subsecretario General de la Presidencia, Rodrigo Egaña, quién reunió a sus colegas e instruyeron al gobierno regional de Magallanes a no poner resistencia a la instalación de las jaulas salmoneras en Parques Nacionales.
Esta información se hace pública 8 años después luego que el gobierno regional desmintiera al Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, en cuanto al interés del Ejecutivo de modificar los límites del Parque Nacional Bernardo O’Higgins para instalar jaulas de cultivo de salmón, lo que generó un amplio rechazo de la ciudadanía regional, del Centro Ecoceanos, y de autoridades y parlamentarios locales.
El actual Seremi de Bienes Nacionales, Alfonso Roux Pittet, afirmó que “no está en los planes del Gobierno modificar los límites de los parques nacionales”, y descartó que se intente favorecer a la industria del salmón. “Fueron los gobiernos de la Concertación quienes facilitaron y en particular el de Ricardo Lagos, quien presionó a los organismos públicos regionales competentes para destrabar las tramitaciones de solicitudes de concesiones en aguas colindantes a los parque nacionales”.
Frente a las primeras declaraciones del actual Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, Alfonso Roux afirmó que esas palabras no cayeron bien en La Moneda. El tema fue discutido por el presidente Sebastián Piñera en reunión con varios de sus ministros, y se decidió salir a desmentir tal información.
Frente a la presión ejercida en 2004 por el gobierno de Ricardo Lagos y el actual impulso del Subsecretario de Pesca junto a empresarios, el director del Centro Ecoceanos, el médico veterinario Juan Carlos Cárdenas, afirmó que “este oficio demuestra lo que era vox populi: el secuestro del Estado de Chile por parte de los intereses salmoneros chilenos y transnacionales”.
“Así como la complicidad del gobierno de Ricardo Lagos para respaldar, mediante manipuladoras acciones administrativas, la masiva y destructiva expansión de la industria salmonera, lo que desembocó tres años después en la crisis del virus ISA, el mayor desastre sanitario, ambiental, productivo y social para las regiones costeras de la zona sur austral de Chile”, precisó Juan Carlos Cárdenas.
El director del Centro Ecoceanos agregó que “llama la atención el papel que jugo en estos procesos el ex Subsecretario de Pesca Felipe Sandoval, quien es hoy miembro del directorio de la mega compañía salmonera AquaChile y asesor de la presidenta de SalmonChile, Maria Eugenia Wagner”.
EL DOCUMENTO DE LA MONEDA PARA INSTALAR SALMONERAS EN PARQUES NACIONALES
Fruto de las reuniones y estudios efectuados, las autoridades a cargo de todos los organismos sectoriales involucrados, concordaron un conjunto de criterios y situaciones que intentan solucionar el problema que enfrenta la salmonicultura en la región austral.
El oficio señala los acuerdos de los diversos subsecretarios para facilitar la expansión salmonera en la región de Magallanes y Antártica chilena
– La Subsecretaria de Marina agilizará la tramitación de decreto que modifica las áreas aptas para la acuicultura en la región de Magallanes.
– Las solicitudes de concesiones acuícolas en actual tramitación, que se refieran a las aguas marinas colindantes a los parques nacionales mencionados, no serán objeto de informes negativos en su proceso de evaluación de impacto ambiental por la circunstancia de situarse dentro de los limites cartográficos de dichos parques.
– Respecto a las solicitudes que han sido objeto de informes negativos de Conaf por esa sola circunstancia, la Corema requerirá una revisión de los pronunciamientos que permita destrabar la tramitación de tales solicitudes, cuando ello sea procedente.
– La Intendencia en conjunto con los organismos nacionales competentes agilizará el proceso de zonificación del borde costero en desarrollo, a objeto de que ella sea aprobada y formalizada mediante Decreto Supremo en el corto plazo.
– Paralelamente el Ministerio de Bienes Nacionales iniciará los procedimientos tendientes a la aclaración de los decretos que crearon los parques nacionales en cuyos límites cartográficos hayan incluido aguas marinas con el único objeto de precisar que la declaración solo ha referido a las tierras fiscales, sin afectar a las aguas marinas colindantes a ellas. Para estos efectos, el Ministerio de Bienes Nacionales procederá en coordinación con el Ministerio de Agricultura.
– Los criterios y procedimientos descritos serán aplicables a situaciones análogas que se presenten en otras regiones o respecto de otros parques nacionales del país, en la medida que se constate la concurrencia de los mismos supuestos de hecho y derecho que sirven de sustento al presente acuerdo.
En materia de criterios de regulación se plantea “normalizar la situación de las aguas marina colindantes a los parques nacionales, mediante los instrumentos legales disponibles en nuestros ordenamiento. Asumir la calidad jurídica de las aguas marinas colindantes a los parques nacionales, ajustando a tal calidad las actuaciones de todos los organismos sectoriales, sin perjuicio de efectuar las aclaraciones necesarias a través de los mecanismos jurídicamente pertinentes.
Avanzar hacia un ordenamiento general del uso del borde costero que permita definir usos preferentes, conciliando los objetivos de protección ambiental, preservación, turismo y desarrollo productivo”.
Además, el oficio impone “otorgar protección a las porciones de agua o zonas marítimas que lo requieran, a través de las medidas de afectación y/o protección pertinente, como parques marinos u otros contemplados en la legislación vigente”