La Cámara de Diputados retomará hoy el examen del proyecto de ley de Orden Público, conocido como Ley Hinzpeter, rechazado por amplios sectores que lo consideran un instrumento para acallar y criminalizar la protesta social.
Es un claro intento de criminalizar la movilización social, la protesta y la acción política de la ciudadanía, asegura el abogado de los derechos humanos y diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez.
Asimismo, han expresado su desacuerdo con la normativa casi un centenar de agrupaciones gremiales y sindicales, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), la Confederación de Trabajadores del Cobre y el Colegio de Profesores.
También el movimiento estudiantil, agrupaciones ambientalistas, la Federación Nacional de Pobladores, la Coordinadora de Padres y Apoderados y la Federación de Trabajadores Profesionales de la Salud.
El objetivo de esa legislación, enfatizó el presidente de Confusam, Esteban Maturana, es ponerle una camisa de fuerza a la lógica reacción de los movimientos sociales ante la agudización del injusto modelo económico prevaleciente en el país.
“Claramente apunta a generar un modelo de vida en el que los pocos que están disfrutando de bienestar puedan vivir tranquilos, porque en Chile nadie se va a poder expresar, porque el que levante la voz, lo va a hacer so pena de ir a la cárcel”, alertó Maturana.
Aunque el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló en reciente entrevista que la citada norma solo buscaba el resguardo del Orden Público frente a desórdenes y actos de vandalismo, los recelos y preocupaciones se acentúan en todo el país.
Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, advirtió que puede ser una senda peligrosa. “Se está interfiriendo en una garantía fundamental de manera penal y todo el mundo sabe que el Derecho Penal y la sanción no resuelven los conflictos sociales”, dijo.