El ex fiscal Alejandro Peña será el encargado de conformar la Unidad Especializada de abogados en La Araucanía, la que seguirá las querellas criminales presentadas por el Gobierno contra comuneros del pueblo mapuche en esa región. Para Mijael Carbone, werkén de la comunidad de Temucuicui, la decisión es parte de un plan ideado por el Gobierno, que pretende encarcelar y asesinar a miembros del pueblo mapuche.
Continúa la tensión entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, luego que el Gobierno confirmara el envío del ex fiscal Alejandro Peña a La Araucanía para implementar la Unidad Especializada de abogados, que seguirá las querellas presentadas contra comuneros indígenas.
La decisión fue ratificada por el intendente subrogante y gobernador de Cautín, Miguel Mellado, quien aseguró que Peña “cumplirá con el sexto compromiso de la cumbre de seguridad de La Moneda”.
Para Mijael Carbone, werkén de la comunidad de Temucuicui, la decisión tiene el objetivo de incrementar la aplicación de la Ley Antiterrorista. Por ello, dijo, el envío de un “experto en montajes”, que se entenderá muy bien con el fiscal de Collipulli.
En este sentido, el vocero mapuche señaló que “va a caer como anillo en el dedo con Luis Chamorro y hoy no como fiscal tal vez, pero como un ente del Gobierno. Eso es verdaderamente preocupante, qué tipo de montajes se van a realizar hoy en la región de La Araucanía, con el ex fiscal Peña, el fiscal Chamorro y con todo el servicio de inteligencia y el aparataje tecnológico que el Gobierno a enviado a la zona”.
El vocero agregó que la medida “va a aumentar la represión policial en la zona y, por ende, las movilizaciones del pueblo nación mapuche”.
Además, Carbone expresó que el Gobierno está preparando el escenario para “asesinar a algún miembro de alguna comunidad del pueblo mapuche”.
En esa línea, Mijael Carbone agregó que “mandamos al ex fiscal Peña a territorio mapuche a terminar la estrategia y hacer los actores materiales de los hechos que nosotros creemos es un plan maestro que está realizando el Gobierno para de alguna otra forma callar el movimiento mapuche. Nosotros no vamos a permitir un mártir más en el pueblo mapuche, menos con esta preparación, sabiendo nosotros que esto se está armando y hay gente de exclusividad para este tema”.
Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular, se mostró sorprendido con el respaldo que el Ejecutivo da a una persona que goza de la “peor reputación en la persecución penal”, en alusión a la participación que tuvo el ex fiscal en el Caso Bombas.
“Todo hace augurar que en los próximos días y meses asistamos a un nuevo espectáculo, donde la persecución penal tiene que darse sobre el principio de objetividad. Lo más probable es que eso se vea opacado por la presencia del ex fiscal Alejandro Peña. Creo que es peligroso y que todo hace pensar que hay una disposición criminalizadora de la talla de Alejandro Peña y que todos ya sabemos cómo opera. Yo creo que es peligroso para la vida y la integridad física de las personas que habitan el sur de Chile”, detalló el abogado Román.
Ana Piquer, en tanto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, indicó que el Gobierno trata de manera dispar las denuncias de hechos violentos, supuestamente cometidos por comunidades mapuche, versus las denuncias de violencia policial realizadas por las mismas comunidades.
En ese sentido, la directora de Amnistía Internacional dijo que “el Gobierno está designando, al parecer, muchos recursos a perseguir y castigar las conductas cometidas supuestamente por comunidades mapuches, pero no se están destinando los mismos recursos ni la misma energía a la investigación de las denuncias de violencia policial. La designación del ex fiscal Peña o quien sea el designado termina siendo una muestra más de eso, que no se está investigando realmente toda la violencia que se está cometiendo hoy en las comunidades”.
Junto a esto, mostró su preocupación por el respeto al debido proceso en las causas que involucren a comuneros, toda vez que otro de los acuerdos adoptado en el encuentro de seguridad de La Moneda fue el fortalecimiento del uso de testigos protegidos.