La comunidad de Totoral consiguió frenar el proceso de negociación para la construcción de la Termoeléctrica Castilla y ahora demanda que la Tercera Sala de Corte Suprema ratifique el contundente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que anuló los permisos ambientales de la central Termoeléctrica Castilla, la más grande de América Latina, que la empresa brasileña MPX Energía, intenta imponer en la costa de la Región de Atacama.
Este triunfo ciudadano se logró pese a la insistencia de los abogados Ignacio Poblete y Cristian Tapia, vinculados a la organización Conapach, para que sus representados acepten dinero y mitigaciones ambientales que ofrecía la multinacional. En la audiencia además llamó la atención la casi desesperada petición del abogado Lorenzo Soto, que también representa a un grupo de pescadores, para que la Corte Suprema acepte una conciliación con el sector que estaba de acuerdo con negociar con la empresas y en forma paralela falle el caso, lo cual fue rechazado por el Ministro Sergio Muñoz.
De todas formas, el juez supremo instó hasta el último momento a que se busquen formulas para lograr una conciliación. Incluso preguntó si habían propuestas para negociar por separado el puerto de desembarque de carbón y la termoeléctrica. Muñoz preguntó directamente a los abogados de la empresa si se podían separar los dos proyectos industriales.
Frente a esto, los abogados de OMX Operación Marítima Ltda. señalaron que el puerto y la termoeléctrica eran proyectos que no se podían negociar separadamente. Es más uno de los abogados señaló que necesitaban mostrar los permisos para la construcción de la termoeléctrica, para que los financistas aportaran los recursos para el puerto.
Y ante la insistencia del Ministro Muñoz de lograr una conciliación, se había avanzado a una formula en que se implementaría una negociación para la construcción del puerto, y que la Corte seguiría su camino para fallar el caso de la Termoelectrica. Sin embargo, aquí fue clave el hecho que varios pescadores le habían quitado poder a los abogados Tapia y Poblete, que aceptaban el puerto, y se lo habían entregado al abogado Inti Salamanca al cual le ordenaron no realizar negociaciones y rechazar este proyecto.
Como no puede haber conciliación parcial, el Juez Muñoz, declaró entonces que no se llegaba a conciliación y por tanto deberá fallar este caso próximamente.
Luego de la audiencia, las afueras de la Corte Suprema se transformaron en una fiesta comunitaria de las personas que habían viajado desde Atacama a Santiago, las cuales celebraron esta larga lucha por la defensa de la vida y el mar.
La Junta de Vecinos de Totoral, la Mesa Social de Atacama y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), han llevado a cabo un largo proceso para detener el megaproyecto energético, que ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en diciembre de 2008 y hoy su futuro está en manos de la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida por el Ministro Sergio Muñoz.
Los abogados Álvaro Toro, que representa a los vecinos de Totoral, e Inti Salamanca, a pescadores que le quitaron poder a Tapia y Poblete, esperan ahora que la Tercera Sala de la Corte Suprema ratifique el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió los recursos de protección interpuestos por las comunidades y determinó que el Seremi de Salud de Atacama había procedido de manera ilegal y arbitraria al cambiar la calificación ambiental del proyecto Castilla de “contaminante” a “molesto”. El fallo de la Corte de Antofagasta implicó la anulación de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de este proyecto