Queremos y exigimos que haya garantías de que realmente el proceso es un proceso justo”. El exmagistrado Baltasar Garzón se refirió así en Torres (Jaén) sobre la defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que encabezará el juez suspendido.
En declaraciones a Efe, Garzón, que se encuentra en su pueblo natal de Torres en calidad de director académico de los Cursos Universitarios de Verano en la localidad jiennense, añadió que, “como tenemos dudas, pretendemos demostrar que hay algo detrás y sobre todo que no está habiendo derecho a una defensa justa, presunción de inocencia y por supuesto a un proceso con todas las garantías”.
Baltasar Garzón se sumó ayer al equipo legal que defiende a Assange, refugiado desde el 19 de junio en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar su extradición a Suecia.
El exjuez subrayó que Julian Assange le solicitó que se incorporase al equipo jurídico para “coordinar las actividades en los diferentes países de su defensa, ya sabe que esa incidencia de la penuria procesal y judicial que está sufriendo el fundador de WikiLeaks se extiende a varios países, principalmente Gran Bretaña, Estados Unidos, Suecia y ahora también Ecuador, aparte de su país natal como es Australia”.
“La idea es establecer una estrategia en la que quede clara, por una parte, el respeto que Julian Assange tiene por la Justicia de cada uno de esos países, y también el hecho de que la investigación a la que está sometido realmente constituye una especie de persecución por sus actividades como fundador de WikiLeaks y por el propio trabajo de denuncia y de conocimiento de hechos graves que WikiLeaks viene desarrollando desde hace mucho tiempo”, ha afirmado.
El exmagistrado destacó la “sensación de que no es un proceso tal como lo entendemos en el sentido de que le investiguen unos hechos como los que se le imputan en Suecia, que desde nuestro punto de vista son inconsistentes, sino que detrás puede haber otras intenciones”.
“Queremos establecer o demostrar esa realidad y, sobre todo, queremos y exigimos que haya garantías de que realmente el proceso al que se le somete es un proceso justo”, concluyó Garzó