Durante toda esta mañana se especuló que la Fiscalía y los querellantes del Caso Bombas solicitarían la lectura completa del fallo del Tercer Tribunal en lo Penal de Santiago, que absolvió a los seis imputados por colocación de artefactos explosivos y financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, esto no ocurrió: la audiencia no duró más de 15 minutos, en los cuales el tribunal cumplió con su obligación de dar lectura resumida al fallo, favorable para Gustavo Fuentes, Felipe Guerra, Mónica Caballero, Omar Hermosilla, Carlos Riveros y Francisco Solar.
El fiscal Víctor Núñez solicitó el procedimiento, que implicaba la lectura de entre 500 y 700 páginas del fallo, pero la jueza Marcela Sandoval se negó. Así, la sentencia se enviará a todas las partes involucradas por correo electrónico, según determinó la magistrada.
Ahora el Ministerio Público tiene un plazo de diez días para solicitar la nulidad del juicio, lo que será estudiado, afirmó el fiscal Víctor Núñez. Este, según dijeron las partes querellantes, sería el escenario más probable.
La lectura de la sentencia confirmó la absolución de las seis personas incriminadas y determinó que la Fiscalía, el ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) paguen los costos del juicio.
Además, se acordó que los audios serán remitidos a la comisión investigadora del Caso Bombas en la Cámara de Diputados a expresa petición del presidente de la instancia, el diputado independiente René Alinco.
Por su parte, el abogado defensor Julio Cortés calificó la petición de lectura como “una pataleta” de la Fiscalía y una muestra más de su conducta errónea y negligente. El profesional reafirmó además la idea de demandar al Estado por los perjuicios provocados a personas inocentes.
En tanto, el tribunal va a oficiar a los organismos pertinentes por la posible comisión de delitos de falso testimonio y obstrucción a la justicia por parte de policías, en su calidad de peritos y testigos durante el juicio.
Cabe señalar que en caso de que la Fiscalía pida la nulidad, podrían transcurrir al menos dos meses antes de que los tribunales superiores ratifiquen la absolución de los imputados o anulen el juicio.
Finalmente, el abogado defensor Rodrigo Román señaló que las defensas asistieron “una vez más a un triste espectáculo” del Ministerio Público y que el actuar de los fiscales “rayó en lo clínico”.