¿Puede el Estado de Chile dejar en la impunidad el hecho evidente de que el presidente Salvador Allende fue, de una manera u otra, asesinado?. Lo está haciendo, hay que impedirlo.
El juicio está en la Corte de Apelaciones para ver si se confirma o rechaza el cierre del sumario decretado por el Juez Mario Carroza.
En Chile somos muchos, millones, los que queremos que se haga justicia en la causa judicial que se sigue por el asesinato de Salvador Allende. Los que no quieren son muy pocos, pero muy poderosos y están en todos los ámbitos del espectro de los que han hecho de la política una profesión, incluso en latitudes políticas y familiares que causan repulsión e invitan a una reflexión sobre la condición humana.
Hace algún tiempo los jóvenes masivamente señalaron que este presidente de Chile que nacionalizó el cobre y llevó adelante la reforma agraria e instaló la educación gratuita a todos los niveles ha sido la figura más relevante de la historia de Chile. En todas las marchas estudiantiles su imagen se aprecia por doquier. En cientos de miles de hogares chilenos se observa su foto en un lugar de privilegio. En 357 lugares del mundo su nombre lo es también de calles y avenidas, facultades universitarias, hospitales, escuelas, puertos e incluso ciudades.
Allende está ideológicamente vivo, es aún políticamente peligroso para el sistema de dominación capitalista. Entre tantos políticos corruptos y mentirosos al servicio de los poderosos, un presidente honrado al servicio de su patria y que estuvo dispuesto a dar su vida por el ideal de millones es peligroso. Los dirigentes pueden ser de otra manera.
Para matar a Allende se bombardeó e incendió el Palacio presidencial de La Moneda. Le pedimos al presidente del Consejo de Defensa del Estado Sergio Urrejola, que es un ente estatal que defiende el interés del fisco de Chile, se hiciera parte. Este funcionario, militante de la derechista Renovación Nacional y nombrado en su cargo por el presidente Piñera, nos respondió negativamente. Es decir no hay interés fiscal comprometido en un palacio presidencial y un presidente de la república bombardeado por la propia fuerza aérea de Chile.
El juez Mario Carroza cerró el sumario señalando que “no había acción de terceros en la muerte del presidente”. Ello a pesar de que varios generales de ejército reconocieron haber atacado La Moneda con tanques y que es un hecho público el bombardeo, que un oficial Mario López Tobar escribió un libro jactándose de ello. A pesar de que existe una grabación en el proceso del general Pinochet que señala “ofrézcanle un avión viejo…y el avión se cae…matando la perra se acaba la leva”. A pesar de que todos los colaboradores de Allende apresados en La Moneda fueron salvajemente asesinados. Nada de ello es “acción de terceros” para el ministro.
El ministro instructor no logra establecer un vínculo entre ese ataque mortal y masivo de ejército y aviación con la muerte del presidente, lo cual nos llevaría al absurdo de tener que sostener que el presidente salió de su casa en un día normal y en la soledad de su gabinete se dio unos tiros, sin que exista explicación de la motivación de esa conducta. Allende se dirigió al país, defendió fusil en mano el Palacio y la democracia, esa no es la actitud de un suicida. Sin golpe de estado Allende vuelva dormir en su casa el 11 de Septiembre por la noche. No se quiere ver ni reconocer la claridad del día.
El razonamiento del juez Mario Carroza ha resultado paradojal en la causa por la muerte del ideólogo de la dictadura Jaime Guzmán y allí ha señalado como responsable a Enrique Villanueva que habría sido dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez varios años antes del atentado y que ya no lo era al momento de su ocurrencia. Pero acá separa lo ocurrido sólo algunos minutos antes.
El ministro a pesar de que le hemos aportado evidencia documental se ha negado a investigar la responsabilidad norteamericana, del ejército argentino, del ejército brasileño en la muerte de Allende.
Federico Willougby, hombre tan allegado a la embajada norteamericana que junto con Sergio Arellano, a la sazón dirigente democratacristiano, fueron los únicos civiles en el cuartel general de los militares golpistas que el 1 de septiembre fue a declarar y dijo lo que quiso, no se le hizo pregunta alguna para aclarar el hecho. Reconoció ser el responsable de la exhumación del cadáver el año 90 y no se le preguntó porque partes importantes de él fueron arrojadas a la basura.
La banda terrorista Patria y Libertad que fue procesada en su momento por querer asesinar a Allende no se fue citada a declarar a pesar de nuestras reiteradas solicitudes.
Consta en el proceso que el informe de la policía civil chilena firmado por el prefecto Pedro Espinoza validando el suicidio se obtuvo por dos oficiales de ejercito luego que pusieran una pistola en la cabeza del policía.
Se dice que el presidente se suicidó con un fusil Aka 47, este nunca apareció. Nunca se practicó un peritaje para acreditar si es posible que un fusil de este tipo puesto en ráfaga sólo pueda disparar dos tiros.
El fiscal norteamericano Propper señala en un libro editado en 60 mil ejemplares y vendido en Chile. “Laberinto”, que quien disparó directamente al presidente fue el capitán de la Escuela de Infantería René Riveros, este concurrió a declarar y señaló que era primera vez en su vida que escuchaba la imputación, su coartada no se investigó, simplemente se le creyó donde dijo estar y lo que habría hecho el día 11.
La nueva autopsia practicada a los restos esqueletizados del presidente, son un conjunto de embustes, se señala que no hay huellas en él de agresión externa, que no había ingerido alcohol y que murió de dos disparos autoinferidos de un fusil AKA; los orificios no se acreditan en la pericia y el fusil tampoco está. ¿Como pudieron acreditar esto?. Simplemente repitieron la autopsia fraudulenta de la dictadura. El ministro nos negó asistir a la exhumación y sólo lo aceptó con un recurso judicial y cuando habían ya 62 medios de prensa autorizados, ¿porque éramos molestos?. La autopsia señala que es un suicidio. Esa conclusión esta fuera del ámbito de la pericia pues, como veremos, el suicidio es una categoría jurídica y no médica.
El Ministro toleró que el general López Tobar no le entregó los nombres de los pilotos que bombardearon La Moneda, y que la Fuerza Aérea dijera que no los tenía, lo cual fue respaldado por el Ministro de Defensa Andrés Allamand. Nadie en Chile cree eso. Sólo cuando la Corte lo ordenó se citó nuevamente a López Tobar quien entregó un nombre y al día siguiente se desdijo. El ministro cortó el problema de un machetazo jurídico: el bombardeo no tenía nada que ver con la muerte del presidente y debería verse en otro proceso. El general López ya no sería importunado en este proceso.
Nada hay en el proceso que respalde o acredite la versión de la dictadura de la muerte por mano propia. Pero aún en ese caso es de todas maneras homicidio. La Suprema Corte de Estadaos Unidos estableció que quienes se arrojaron al vacío en las Torres Gemelas no cometían suicidio, porque su voluntad no era libre, como sostenían las compañías de seguro, sino eran víctimas de homicidio.
El Partido Socialista no se querelló por la muerte de su líder histórico que hoy le es incomodó en grado sumo. Su hija senadora sólo puso un par de abogados “para estar informada de lo que ocurría en el proceso”, el gobierno derechista tampoco, el Consejo de Defensa del Estado los mismo. El contubernio de la clase política – que en una dialéctica de gobierno/oposición nos rige – en contra de nuestro estado y de nuestra historia republicana es evidente.
Los ministros de cortes de apelaciones saben que para culminar su carrera en la Corte Suprema deben pasar por el rasero político del Senado. Aclarar la muerte de un presidente de la república no ha sido interés de ningún miembro de esa cofradía. La mayoría de los jueces que han aplicado justicia, a los grandes, no digo al cabo y al sargento, han visto truncada su carrera judicial.
Pero las fuerzas de un pueblo son enormes e inagotables y en algún momento habrá justica para el presidente más grande Chile.
ROBERTO AVILA TOLEDO
Abogado querellante en la causa por la muerte del presidente Allende.