El homenaje al general Augusto Pinochet, realizado el pasado 10 de junio en el teatro Caupolicán, de Santiago, removió las heridas provocadas por los crímenes cometidos por la dictadura militar (1973-1990).
Este acto recordó que en Chile no hay verdadera justicia en materia de derechos humanos, que los victimarios no se sienten arrepentidos por los crímenes cometidos, y que las víctimas y sus familiares no han sanado sus heridas.
Es más, los honores a Pinochet evidenciaron que aún está vigente la institucionalidad creada en dictadura.
El homenaje
El homenaje a Pinochet fue organizado por la Corporación 11 de Septiembre, que reúne a seguidores y excolaboradores del régimen militar. El componente principal del acto –o la excusa del mismo– fue la presentación del documental Pinochet del realizador Ignacio Zegers.
Según afirmó en su discurso el presidente de la Corporación 11 de septiembre, Juan González, ese documental “nos recuerda la inmensa obra del gobierno de Pinochet (…) y nos muestra que parte importante del país ha sido burdamente engañado por personas que sostienen una mirada tuerta de la realidad, quienes han falsificado los motivos del pronunciamiento militar ocultando mañosamente que el bienestar de hoy se les debe precisamente a los militares”.
Una vez exhibido el documental los asistentes vitorearon al exdictador chileno. Gritaron: “¡Gracias por librarnos de los izquierdistas!” y “¡Viva Chile, Viva Pinochet!”.
Entre los asistentes a la actividad destacó el nieto del general, Augusto Pinochet Molina, quien definió el evento como “un acto para honrar la historia y el trabajo que muchos chilenos, no sólo mi abuelo, hicieron para levantar al país”.
También estuvieron Miguel Menéndez Pinar, nieto de Blas Pinar, ministro del dictador español Francisco Franco, y Joseph Torres, presidente de la Juventud Cubana en el Exilio.
Este homenaje a Pinochet provocó una reacción de ira colectiva entre las víctimas y sus familiares, quienes decidieron “funarlo” (denunciarlo, maldecirlo, opacarlo). Unas 2 mil personas llegaron con este propósito hasta las inmediaciones de Teatro Caupolicán, el que se encontraba acordonado por un contingente de 500 policías.
Una mujer llegó amarrada a un catre, semidesnuda y con sus ojos vendados. De esta manera traía a colación “La Parrilla”: uno de los métodos de tortura con los que se flageló a miles de personas.
Agentes de la Policía defendieron la realización del evento. Incluso, facilitaron a sus participantes autobuses de la institución para que salieran en ellos. Y fueron particularmente violentos en la represión de los manifestantes. Para ello se valieron de carros lanza aguas y lanzagases y del uso desmesurado de bastones metálicos. Los manifestantes, por su parte, encararon a los participantes del homenaje a quienes, en algunos casos, escupieron y golpearon.
En numerosas ciudades de Chile hubo protestas a la misma hora que se registraba el homenaje, como ocurrió en Valparaíso, donde 500 personas se congregaron espontáneamente en la Plaza Victoria y se enfrentaron a efectivos de la policía militarizada. En las redes sociales el rechazo al homenaje fue uno de los tópicos más tocados durante casi una semana.
En entrevista con apro el expreso político Nelson Cabrera –quien fue torturado durante su reclusión– señaló que “fue un cuadro penoso ver que hay personas que se permitan apoyar lo que significó el horror de la dictadura”.
Cabrera mostró su rabia con los asistentes al homenaje en el Caupolicán: “los hijos de desparecidos y fusilados, los torturados le dijimos con nuestra ‘funa’ a los que quieren jugar a ser fascistas: ‘si quieres burlarte de las víctimas tienes que atenerte a lo que venga, o sea te vamos a sacar la chucha (golpear)’ porque no queremos fascismo en Chile”.
La ira evidenciada tras este homenaje por víctimas y sus familiares se ve impulsada por un contexto de impunidad: A pesar de los avances alcanzados en materia de justicia, la mayor parte de los criminales no han pagado sus culpas.
Solamente 70 militares y agentes de las corporaciones de la dictadura han sido condenados por crímenes de lesa humanidad y cumplen su sentencia en prisión. Ello a pesar de que cerca de 5 mil personas fueron asesinadas o hechas desaparecer, y varias decenas de miles fueron torturadas o forzadas al exilio.
Además, los militares apresados viven en un régimen carcelario bastante laxo que no guarda relación con la gravedad de sus delitos. De hecho, uno de los organizadores del homenaje a Pinochet, el exjefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán –quien purga condenas por casi 200 años de cárcel–, dispone de celulares y acceso a Internet en su celda de la cárcel de Punta Peuco. Con estas herramientas organiza actos públicos, ejerce como coordinador de los exagentes de la CNI y realiza informes de inteligencia que envía a altas autoridades del Estado.
Corbalán, en sus dos últimos años de prisión, ha pasado más de 180 días fuera de la cárcel. Se vale de beneficios que resultan odiosos a las víctimas. Por ejemplo, para una revisión habitual de su dentadura se internó en el Hospital Militar durante 13 días y para tomar exámenes de laboratorio, estuvo otros 20.
No sólo las víctimas de la dictadura quedaron afectadas con el homenaje al dictador. La “funa” también generó rechazos. La diputada María Angélica Cristi (UDI), mediante alocución pronunciada el martes 12 en hemiciclo de la Cámara de Diputados, cuestionó los intentos por impedir el homenaje a Pinochet e hizo un llamado a prohibir las “funas”: “Creo que llamar a funar es incitar a la violencia, sin duda (…) Desafortunadamente no hay ninguna ley que prohíba el funar, pero yo creo que sería tiempo que nuestro Código Penal así lo considerara”, dijo Cristi.
Y agregó: “Lo que más me dolió fue ver la furia con que fueron tratadas personas ancianas, con la mayor falta de respeto y desprecio por sus derechos humanos”.
El diputado de izquierda independiente Sergio Aguiló replicó estos dichos mediante twitters: “la diputada Cristi es mencionada como contacto de confianza por Álvaro Corbalán en su ‘memorándum’ de 17 páginas enviado a Piñera”, en referencia a un informe que este agente le envió en mayo pasado al mandatario en el que le propone distintas estrategias para enfrentar las protestas sociales.
Corbalán menciona en ese memorándum –que fue requisado por Gendarmería antes que llegara a destino- que la diputada Cristi es su persona de mayor confianza en el Congreso Nacional.
Justicia sorda, gobierno ciego
A pesar de los ruegos, el gobierno y los tribunales de justicia nada hicieron para evitar la afrenta del homenaje a Pinochet. El 8 de junio la Corte de Apelaciones, de Santiago, rechazó un recurso de amparo presentado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), en el que se pedía prohibir la realización del acto. Los recurrentes argumentaron que este homenaje a Pinochet constituía “un apremio o tortura sicológica para quienes perdieron a sus seres queridos” bajo el régimen militar.
La AFDD había pedido antes al presidente Sebastián Piñera “un pronunciamiento ético y político que condene este homenaje y que busque todos los medios para impedirlo”. Piñera hizo oídos sordos.
Quien si se pronunció al respecto fue el ministro de Obras Públicas y precandidato presidencial de la derecha, Laurence Golborne. Este, el mismo día del acto, hizo un llamado “a respetar la libertad de expresión, evitar la violencia y a no caer nunca en los vicios que nos llevaron a que la democracia en nuestro país se rompiera”.
Estas declaraciones las hizo en la sureña ciudad de Cañete, provincia de Arauco, donde se encontraba de gira junto al presidente Sebastián Piñera.
En contrapartida, el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, se declaró –el mismo día de acto en TVN- “arrepentido de haber sido partidario de un gobierno que violó los Derechos Humanos”. Un día más tarde adhirió a estos dichos el ministro Lavín. Sin embargo, nada hicieron para impedir el homenaje.
Tanto Lavín como Chadwick, ambos militantes de la filopinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), participaron del “juramento de Chacarillas”, celebrado el 9 de julio 1977. En la ocasión 77 figuras del espectáculo, el periodismo, el deporte y la política, antorchas en mano, comprometieron fidelidad al régimen y besaron la mano de Pinochet, en uno de los actos que más fuertemente simbolizó el carácter fascista del régimen de Pinochet.
Otras altas autoridades del país están entre los juramentados: el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet; el presidente de la oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI) Juan Coloma; y el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero (UDI).
Muchos otros ministros, subsecretarios y jefes de servicio pertenecieron al núcleo duro del pinochetismo. Imágenes de estas autoridades junto a Pinochet han sido ampliamente difundidas en las últimas semanas para mostrar la similitud que existe entre este gobierno y el régimen de Pinochet.
La institucionalidad
Las marcas dejadas por los honores rendidos a Pinochet han acelerado el severo cuestionamiento existente en el seno de la sociedad chilena a la institucionalidad vigente que tiene en la Constitución de 1980 su máximo estandarte.
La expresidenta Michelle Bachelet expresó este sentir en carta enviada, el 17 de junio a la Junta Nacional de la Democracia Cristiana: “La sociedad chilena demanda cambios profundos en nuestro sistema político. Nuestra democracia tiene que ser cada vez más legítima y la crisis de representatividad existente en el país requiere ser enfrentada con la máxima urgencia. El sistema electoral chileno no da para más: necesitamos un cambio al sistema binominal, pero también una nueva ley de partidos políticos, el voto de los chilenos en el extranjero, elección democrática en los gobiernos regionales y primarias como mecanismo de participación ciudadana”.
Dos días antes el expresidente Ricardo Lagos había manifestado algo similar tras reunirse con parlamentarios de su coalición, la Concertación de Partidos por la Democracia, en la sede de la Fundación Democracia y Desarrollo: “Me parece inadmisible que haya un partido político que diga ‘no acepto sentarme a debatir el tema’, porque los chilenos hemos estado sujetos a ese veto de la minoría, porque en este tema, la UDI es minoría y se asila en la Constitución de Pinochet y en los quórum de Pinochet. Esto no es democrático”. Y aseguró que el sistema binominal “está muerto”.
El secretario general de la UDI, diputado José Antonio Kast, replicó a Lagos recordándole que “la actual Constitución de Chile lleva la firma de Ricardo Lagos y él fue parte de las modificaciones que se le hicieron”.
Kast aludió al hecho de que en 2005, cuando se hicieron reformas a la Constitución de 1980, el presidente Lagos quiso que se eliminara de la Carta Magna la firma de Pinochet y se incluyera la suya. Lagos hizo esto a pesar que las reformas no acababan con todos los enclaves autoritarios de la Constitución pinochetista siendo la reforma más significativa, la eliminación de los senadores designados.
El diputado Kast afirmó que durante 20 años, “el binominal le ha dado estabilidad a la política chilena. Si uno lo compara con otros sistemas electorales del mundo, ha funcionado igual o mejor que en otros países”.
El cuestionamiento a la institucionalidad es transversal. Una muestra de ello: el pasado 7 de junio varios importantes movimientos sociales agrupados en el referente Democracia para Chile ingresaron –con el patrocinio de diez parlamentarios– un proyecto de Reforma Constitucional que busca que la carta fundamental contemple la realización de plebiscitos vinculantes.
En los considerandos de este proyecto se señala que “el Estado chileno vive una profunda crisis de representatividad, generada por un sistema electoral y cerrojos constitucionales que han sido diseñados precisamente para deformar la voluntad ciudadana y para impedir la vigencia del principio más básico de la democracia, esto es: que la mayoría decida”.
Para salir de la crisis de representatividad Democracia para Chile propone el establecimiento de la institución de los plebiscitos vinculantes dado que estos permitirían “dirimir con plena legitimidad los grandes conflictos sociales que atraviesan al país en materias como la preservación de la naturaleza, la inversión extranjera en la gran minería del cobre, la equidad y calidad de la educación, la administración de los fondos previsionales, los derechos de los pueblos originarios, la plena igualdad de derechos para la diversidad sexual, la descentralización del Estado; el uso de los territorios a nivel regional o comunal y todo lo concerniente al efectivo ejercicio de la soberanía popular”.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=311824
*Corresponsal del semanario Proceso (México); se publica en Clarín.cl con autorización del autor.