Al fin se instala la polémica que interesa. La inicia con habilidad el profesor Salazar y le responde con altura Camila. Entre medio aparece una interesante opinión de Gonzalo Bustamante, alguien que excede ampliamente los límites de la izquierda y que desde la derecha aporta mucho más a la discusión de fondo que las reacciones intestinas de muchas personas de izquierda que se niegan al debate.
Polémicas como esta son otra consecuencia positiva de las movilizaciones iniciadas por el movimiento universitario el 2011 y que se extienden a otros sectores sociales y, también, a regiones completas del país.
Las demandas ciudadanas, soterradas durante los veinte años de gobiernos de la Concertación, se han expresado en plenitud durante el mandato de Piñera, muy especialmente a partir de las movilizaciones estudiantiles del 2011. Aunque el actual Presidente no es el enemigo principal para los sectores que demandamos cambios profundos en la sociedad chilena, si simboliza el régimen de desigualdades y abusos que caracterizan actualmente a Chile. Representa a ese puñado de personas y familias que se han enriquecido de forma ilegítima a costa del deterioro de la calidad de vida de la inmensa mayoría de los chilenos. Sin embargo, la ciudadanía se ha dado cuenta que sus problemas cotidianos trascienden a la autoridad de turno. Encuentran su raíz en un sistema económico-social injusto y en un orden político excluyente. Ello explica la descalificación que hace la opinión pública de toda la clase política: el gobierno, la derecha, la oposición y el Parlamento. Y este es un asunto ineludible para precisar los caminos a seguir.
No parece apropiado, como cree Camila, que el movimiento social deba “construir desde dentro y desde fuera de la institucionalidad política”. Esa dialéctica en este momento no funciona. Puede debilitar al movimiento social y confundirlo. En concreto, la alianza electoral de quienes desean los cambios con los partidos de la Concertación constituye un craso error pues el movimiento social se sentirá utilizado en favor de quienes lo traicionaron.
Chilenas y chilenos se dan cuenta que la incapacidad del Estado para responder a sus demandas no tiene que ver sólo con errores de las políticas públicas. La conciencia ha crecido suficientemente para comprender que se vive una crisis orgánica en el país y que hay un manifiesto deterioro de las principales instituciones. Es el modelo económico que cierra las puertas a una distribución justa y equitativa de la riqueza. Es la política social de la focalización que estigmatiza a los más pobres, excluye a las capas medias, y abre camino al lucro en actividades del área social. Es la institucionalidad política, consagrada en la Constitución de Pinochet y Lagos la que restringe la participación ciudadana. Es, en definitiva, la clase política rechazada por la ciudadanía por su manifiesto servilismo a los grupos económicos.
Dejemos fuera las injustas afirmaciones sobre los geógrafos (que molestarían a David Harvey), la descalificación a los viejos (que debiera ser incómoda para el mismo Salazar) o la manipulación de la dirección del PC a Camila y los jóvenes comunistas (muchos de los cuales jugaron un papel fundamental en la protesta del 2011, desafiando a la propia dirección del PC). Concentrémonos entonces en el centro de la polémica; vale decir, si la crisis de representación política y el cuestionamiento al neoliberalismo y a la institucionalidad heredada de la dictadura se debe hacer desde fuera de la actual institucionalidad, como lo cree Salazar o combinando la lucha desde la sociedad civil y simultáneamente aprovechando la actual institucionalidad política, como apuestan Camila y el PC.
Creemos, como el profesor Salazar, que el liderazgo político de la sociedad ya no está en los partidos de la transición eterna. Ni en la derecha ni en la Concertación. Los primeros son los inventores del modelo de injusticias y los segundos sus legitimadores. En consecuencia, y como ha sido en los últimos veinte años, nada se puede esperar de la actual clase política. Por ello, a pesar de la poderosa fuerza del movimiento estudiantil y el inmenso apoyo que recibió de la ciudadanía, un cambio verdadero en el sistema educacional no es posible dentro de la actual institucionalidad. Lo mismo en los que se refiere a la salud, la previsión, el régimen impositivo; y, por cierto, al orden político y a la Constitución que lo consagra.
No es novedad. Basta revisar lo que ha sucedido en América Latina en los últimos años y lo que se espera para los venideros. La crisis de representación y los dolores del neoliberalismo obligaron a la emergencia de gobiernos nacional populares desde el seno de la sociedad civil. En Venezuela, Ecuador y Bolivia el desprestigio de los partidos tradicionales significó su extinción y un nuevo bloque político emergió desde las entrañas de la sociedad civil. No es casual que su primera tarea haya sido elaborar una nueva Constitución. En Argentina sucedió algo similar, aunque con la especificidad que otorga a ese país el peronismo; en efecto, el kirchnerismo no sería posible sin la fuerza que le ha otorgado el movimiento social.
Camila acierta al señalar que el movimiento social debe irrumpir en la esfera política. No hay duda de ello, pero deberá hacerlo para proponer una nueva institucionalidad que supere la actual. Consecuentemente, no puede confundirse con las organizaciones políticas serviles a los grupos económicos ni con las instituciones en bancarrota. La sociedad pide otra cosa. El esfuerzo que se requiere es persistir en la protesta y simultáneamente articular las demandas parciales en los distintos frentes de la sociedad para construir un discurso común y un mismo lenguaje. Así se podrá ir instalando un nuevo proyecto hegemónico que la mayoría nacional reconozca como propio. Y la nueva dirigencia deberá nacer y madurar en ese proceso. Ciertamente la protesta no puede ser permanente, sino que las demandas parciales y desarticuladas deben integrarse progresivamente para reconstruir un nuevo proyecto de sociedad. Esta es la principal tarea del momento.
Entonces, no parece apropiado, como cree Camila, que el movimiento social deba “construir desde dentro y desde fuera de la institucionalidad política”. Esa dialéctica en este momento no funciona. Puede debilitar al movimiento social y confundirlo. En concreto, la alianza electoral de quienes desean los cambios con los partidos de la Concertación constituye un craso error pues el movimiento social se sentirá utilizado en favor de quienes lo traicionaron. Además, dicha alianza sólo servirá para repartir de otra forma las fuerzas políticas al interior de la Concertación, pero no les dará en ningún caso las mayorías parlamentarias suficientes para realizar desde allí algún cambio significativo. Esta Constitución fue elaborada precisamente para impedir que eso suceda.
Creemos que es el momento de fortalecer la sociedad civil, extender las demandas, articularlas nacionalmente y preparar el nuevo liderazgo que dirigirá el país en los próximos años. El proyecto que de allí emerja podrá recibir el apoyo de todos quienes lo compartan, incluidos los políticos tradicionales, pero subordinados a una nueva dirigencia y en el marco de nuevas organizaciones políticas. Y para eso, pensamos al igual que el profesor Salazar, que el liderazgo de Camila puede y debe ser decisivo.
Salvador Muñoz, presidente del Partido de Izquierda (PAIZ), fue Coordinador político de la campaña presidencial de Jorge Arrate. Roberto Pizarro fue Coordinador programático de la campaña presidencial de Jorge Arrate.