“Pobre Chile…”. Esas fueron las únicas palabras que el diplomático español Carmelo Soria fue capaz de articular durante el tormento de golpizas y torturas al que le sometieron los agentes de la temida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta que la dictadura de Augusto Pinochet utilizó como uno de sus principales instrumentos de represión política, informa El País.
La fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha solicitado al juez Pablo Ruz que reclame a Chile y a Estados Unidos la extradición de los siete miembros de ese cuerpo que secuestraron y mataron a Soria el 14 de julio de 1976 y dicte una orden de busca y captura internacional contra todos ellos.
Los reclamados, todos ellos en su día pertenecientes a la Brigada Mulchen, son José Remigio Ríos San Martín, Jaime Lepe Orellana, Guillermo Humberto Salinas Torres, Pablo Belmar Labbe y Patricio Quilhot, todos ellos de nacionalidad chilena, al que se suma el estadounidense Michael Vernon Townley, también empleado de la DINA.
Ríos y Lepe, vestidos de carabineros, fueron los que dieron el alto a Soria con la excusa de una infracción de tráfico. Después, lo condujeron a una vivienda que ocupaba Townley. Desde las seis de la tarde de ese día hasta la diez de la noche, los esbirros del régimen lo mantuvieron maniatado y con la cara vendada. Le rompieron todas las costillas para obligarle a confesar sus relaciones con el Partido Comunista de Chile. Antes de estrangularlo le inyectaron o hicieron beber media botella de pisco para que su muerte pasara por un accidente de tráfico.
Esa misma madrugada introdujeron el cadáver de Soria en su coche y lo condujeron hasta un canal donde tiraron el cuerpo y el vehículo. En el interior de éste dejaron media botella de licor y metieron una nota mecanografiada en el bolsillo del diplomático español en la que un supuesto amigo le contaba teóricas infidelidades de su esposa. Esa nota, según los investigadores, fue redactada por los propios torturadores. “El cadáver apareció con las manos crispadas, signo de gran dolor o sufrimiento que es inusual en los accidentes de tráfico”, explica el fiscal en su escrito.
La fiscalía considera que esos hechos serían constitutivos de los delitos asesinato, detención ilegal y genocidio ya que se produjeron en un contexto de “represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar”. El Ministerio Público considera que España es competente para investigarlos debido a la nacionalidad española de Soria y a que el proceso que se abrió en Chile fue archivado en 1996 aplicando un decreto-ley de 1978 considerado “un acto material de autoamnistía de la dictadura chilena que se camufló bajo la apariencia de norma jurídica”.