Hay más dudas que explicaciones. Lo cierto es que nadie sabe cuáles son los verdaderos motivos que llevan a desmontar un sistema político y social que colocó a Europa como el paradigma del bienestar social durante más de 50 años. Es la economía, claro está, pero esta respuesta no resuelve el enigma de la violenta desinstalación de todo el aparato de seguridad social y otros sistemas públicos, como las redes de transportes e infraestructura. Otra vez la doctrina del shock, los poderes en la sombra.
España vive algo así como un golpe contra el Estado. El fin del estado de bienestar es también la retirada del Estado, que deja en el desamparo a sus ciudadanos. Es cierto que España por el peso de sus fundamentalismos religiosos llegó tarde, muy tarde, al proceso de industrialización europeo iniciado desde el siglo XIX, tendencia que asume sólo desde la segunda mitad del siglo XX. Pero no es hasta la muerte de Francisco Franco, en 1976, cuando comienza a tener conciencia del tiempo perdido.
España ingresa a la Unión Europea en 1986, con el gobierno de Felipe González. Sólo a partir de entonces inicia un frenético proceso contra el tiempo en una euforia modernizadora. La obsesión de ser europeos, de ingresar en el mundo desarrollado, comienza a armar un andamiaje de rápido montaje, pero con débiles bases. Un proceso de crecimiento apoyado sobre el sector financiero que les saca de sus fronteras para ingresar, nuevamente, en Latinoamérica a partir de la última década del siglo pasado, cuando por estas latitudes se estaba rematando todo el sistema productivo y la infraestructura pública. Las empresas españolas no vinieron a producir nada, sino a lucrar con lo que otrora eran los servicios públicos latinoamericanos. Los intereses españoles, tras haber sido despedidos casi definitivamente del continente hacia finales del siglo XIX, volvieron a sus viejas colonias.
La historia se repite. O eso parece. Del mismo modo que la pérdida de sus colonias durante el siglo XIX fue en parte efecto de la decadencia de la monarquía en la península y de la emergencia por estos lados del poder estadounidense, hoy ha comenzado a vivir un deterioro similar, cuyos desenlaces son aún impredecibles. Con la economía peninsular en el suelo y sin ninguna señal de recuperación en el horizonte de mediano plazo, las grandes empresas hispanas tienen no sólo gran parte de sus activos en Latinoamérica, sino que también aquí están sus esperanzas. Es en este contexto que se explica el sonado escándalo tras la nacionalización de YPF.
España ya está en recesión y tiene una tasa de desempleo de casi un 25 por ciento, la que llega a un 50 por ciento en el caso de los jóvenes. La Bolsa de Madrid está en niveles de hace diez años, y el nivel de riesgo país va en pleno ascenso. La causa, el excesivo gasto y endeudamiento, que ha llevado a una situación de insolvencia que amenaza a la economía en su conjunto.
Mariano Rajoy, como en una extensión de los poderes de la Unión Europea y de los mercados, está dispuesto a pagar hasta el último euro de esa deuda. Cada semana anuncia nuevos recortes fiscales, despidos, venta de activos públicos, aumento de impuestos para reducir el déficit fiscal. Pero pese a estas cruentas políticas, los todopoderosos mercados financieros, que tienen su expresión en el desempeño de las acciones en la Bolsa, expresan sus dudas. Las empresas pierden valor día a día y la economía parece haber perdido su equilibrio.
Las órdenes que surgen desde el corazón de la UE obligan a los países en problemas a aplicar una y otra vez la misma receta de austeridad fiscal. Como si esperaran en un ritual casi mágico que la misma acción finalmente resulte. Pero si estas medidas no han tenido un efecto en Grecia, tampoco lo tendrán en España. Porque las políticas de austeridad no sacan a una economía de la recesión, sino que contribuyen a su hundimiento. Mientras mayores sean los impuestos y más gastos tenga que enfrentar la población, menor actividad tendrá la economía y, en consecuencia, menor recaudación el Estado.
Hay otra cara de esta crisis que sólo ahora comienza a emerger. Es el gran clamor de las izquierdas latinoamericanas para recuperar los activos privatizados, hoy en su mayoría en las manos de empresas españolas. Si llegara a tomar más peso este discurso en un mediano plazo, tendríamos un nuevo argumento para afirmar que la historia se repite.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 757, 11 de mayo, 2012