“El atentado contra la autoridad, la resistencia y la desobediencia” de los 18 detenidos en la madrugada del 13 de mayo en la Puerta del Sol podría ser castigado a penas de cárcel de entre dos y cuatro años y a multas de entre tres a seis meses.
Según el artículo 550 del Código Penal: “Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”. A partir de esta formulación, la gravedad de la pena va a depender de si los detenidos tienen antecedentes penales.
Una portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid confirmó que “muchos” de los detenidos tienen antecedentes policiales. De momento se sabe que muchos de ellos continúan en la comisaría de Moratalaz, donde se negarán a declarar, según ha comentado Sara, miembro de la Comisión Legal de Sol del 15-M. Previsiblemente mañana serán trasladados a disposición judicial.
La represión policial marcó el primer aniversario del movimiento 15-M, que volvió a la Puerta del Sol de Madrid, cuna de la protesta, para luchar por un cambio económico, político y social, y con una actitud muy clara: no rendirse. Durante el desalojo se produjeron choques entre los policías antidisturbios y los manifestantes, algunos de los cuales se sentaban en el suelo para impedir ser expulsados del lugar. Los activistas que opusieron resistencia fueron arrastrados por los uniformados fuera de la plaza y después detenidos.
Mientras tanto en la sociedad española crece la polémica por el presunto carácter indiscriminado e ilegal de las detenciones. En YouTube ha aparecido una denuncia de una ciudadana madrileña que declara que su marido ha sido detenido junto a manifestantes del 15-M, a pesar de que ellos acababan de salir de una discoteca y se vieron envueltos en algo en lo que no tenían nada que ver.