Los “porfiados hechos” -como decía la antigua retórica de la Izquierda- demuestran que el desgaste de los partidos, víctimas de sus propias prácticas, pone en riesgo a la política propiamente tal, entendida como la actividad colectiva más noble de los ciudadanos de una república.
Si no surge una alternativa de cambio que permita retomar la vía de desarrollo democrático y de independencia nacional que truncó el golpe de Estado de 1973, la nación entrará en los tiempos de la ira y el desmoronamiento que antecede al fascismo. Existen fuerzas agazapadas como la UDI, el partido más votado de Chile, que esperan pacientemente su hora.
Una indiferencia política que erosiona las conciencias y ciega la razón se ha adueñado de buena parte de nuestra población, hace años elogiada por su cultura política. El desprestigio y decadencia de los partidos es un fenómeno universal. Sin embargo, ese fenómeno encontró en algunos países latinoamericanos como Venezuela, Bolivia y Ecuador, soluciones originales que significaron un notable avance para sus pueblos. Esas naciones, que vivieron el derrumbe de los partidos socialdemócratas y democratacristianos, hoy se encuentran a la vanguardia, junto a Cuba y Nicaragua -que vienen de otras experiencias-, en la construcción de sociedades participativas. En ellas la capacidad de autodeterminación de sus pueblos es mucho más que una frase pomposa. En ellas se han iniciado experiencias motivadoras de millones de voluntades, como el proyecto de socialismo del siglo XXI que ha puesto en marcha el proceso de integración en América Latina y el Caribe.
El rechazo a las prácticas clientelares de muchos partidos -que salpica a todos y hace pagar a justos por pecadores-, llegó con retraso a Chile. Pero llegó con mucha fuerza y va tomando un ritmo acelerado. Después de la dictadura militar, que aplicó sin titubear las formas más extremas del terrorismo de Estado mientras generales y empresarios se llenaban los bolsillos, cabía esperar que los partidos perseguidos por ese régimen echarían las bases de un sistema de plena democracia, justicia social y honestidad. Pero no fue así. Los 20 años de gobiernos de la Concertación no tocaron los pilares de la institucionalidad dictatorial; en lo esencial, estuvieron al servicio de la misma casta oligárquica que manipuló a la tiranía. La acumulación de riqueza en pocas manos aumentó y se hizo más expedita. Las ganancias remesadas al exterior alcanzaron niveles inéditos gracias a medidas de inspiración neoliberal de esos gobiernos que, a la vez, favorecieron el enriquecimiento de políticos y funcionarios de sus respectivas capillas.
A falta de una alternativa que representara los intereses del pueblo, la mayoría ciudadana “castigó” a la Concertación el 17 de enero de 2010 entregando el gobierno a la derecha. Como es natural, el gobierno del empresario Sebastián Piñera ha profundizado el trazo grueso de las políticas que inició la dictadura y que afinó la Concertación. Su fracaso personal no servirá de nada -salvo para demostrar que los empresarios gobiernan mejor mediante servidores políticos o militares-, si desde el pueblo no se levanta una alternativa a la derecha de dos caras.
La institucionalidad y el modelo económico deben ser cambiados. Son las compuertas que impiden desarrollar la potencialidad democratizadora que late en la sociedad chilena.
Si en las actuales condiciones llegamos a las elecciones presidenciales del próximo año, estaremos otra vez ante el falso dilema de votar por ésta o aquélla versión de la derecha. Lo mismo dará que gane Bachelet o Golborne porque se agravará el escepticismo y el rechazo a los partidos y a la política.
La iniciativa para superar esta situación está en el movimiento social, sobre todo el movimiento estudiantil. Los estudiantes movilizados constituyen hoy la fuerza principal en capacidad de sumar sectores y poner en acción a los que quieren un cambio. Asumir esa responsabilidad es un deber que los estudiantes no pueden rehuir.
Rumbo a ese objetivo -imposible de materializar de inmediato ni con procedimientos burocráticos-, se presenta una oportunidad de reivindicar a la política como una acción de masas conscientes. Podría lograrlo -por ejemplo- la abstención activa en las elecciones municipales del 28 de octubre. Se incorporan en forma automática alrededor de 5 millones de ciudadanos a los registros electorales. Los nuevos electores son jóvenes que no querían inscribirse porque rechazaban la perversión de la política. La voluntariedad del voto les permite negarse a ser instrumentalizados para prolongar artificialmente la vida a un sistema moribundo.
La abstención activa en las elecciones municipales permitirá, asimismo, solidarizar con la protesta social a sectores que se han visto impedidos de participar en marchas, paros, tomas y otras manifestaciones. La abstención activa se convertirá en un espacio de “enganche” entre sectores sociales dispuestos a rescatar la política del pantano a que la llevaron los partidos.
MANUEL CABIESES DONOSO
Editorial “Punto Final”, edición Nº 757, 11 de mayo, 2012