Cuando la señora Ministro del Trabajo sostiene que cualquier alza en el sueldo mínimo significa un deterioro en los índices de empleo está delatando la precariedad de un modelo económico y, al mismo tiempo, los límites de una democracia defectuosa. Según el argumento de la Ministro, cada 10 puntos de aumento en el salario mínimo implicaría tres puntos en la pérdida de empleos. Por lo tanto, cualquier pretensión por alcanzar un “salario ético”, tal y como han demandado los trabajadores y que supera en 30% el estándar actual traería como consecuencia un descenso de 9 puntos en el empleo. Lo que afirma la autoridad ministerial es que cualquier alza en los salarios solo es admisible si hay un alza en la productividad.
Es claro que un modelo económico entre cuyas “ventajas comparativas” destacan los bajos salarios está muy distante de cualquier consideración “ética”; Es más, la precariedad laboral y los sueldos bajos son parte constitutiva de su permanencia y de su “éxito”. Ello explica el férreo condicionamiento político que ejercen los sectores empresariales y que se proyecta en la legislación laboral. El “modelo chileno” solo es viable si el ámbito político se subordina y se identifica con las demandas del orden tecno económico. Desde una perspectiva crítica, esto pone en evidencia la vulnerabilidad de un tinglado económico que, como pocos, es estrechamente dependiente de las variables políticas.
Cuando la señora Ministro liga cualquier aumento de salarios al aumento de la productividad, está señalando el único modo posible, dentro del modelo, de mantener los costes marginales en el pago de los trabajadores sin alterar la ecuación fundamental que garantiza las altas ganancias del empresariado. Hagamos notar que las “reglas del juego” fueron instituidas, entre cuatro paredes, en los oprobiosos años de la dictadura militar y han permanecido, en lo básico, sin mayores modificaciones por casi tres décadas: En aquellos tiempos, lo “ético” se relacionaba más con la urgencia de reivindicar los Derechos Humanos más elementales.
Desde el punto de vista de los trabajadores la demanda por un “sueldo ético” no podría sino ser una demanda política. Es evidente que en el actual “modelo chileno” no hay posibilidad alguna de alcanzar un salario básico digno. Solo una reforma sustancial podría alterar el perverso equilibrio entre un orden económico y un modelo político concebidos, precisamente, para garantizar las pingües utilidades a las inversiones nacionales y extranjeras. Solo una reforma política capaz de abolir el diseño empresarial impuesto por el dictador podría instalar entre nosotros un horizonte democrático amplio en que lo “ético” pudiera encontrar su lugar en nuestra historia.
*Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS