El ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter en sus declaraciones difundidas por los medios busca confundir a los ciudadanos. Una cosa es que no hubo diputados con estatura política y lo bastante conscientes de lo que son los deberes, responsabilidades y límites de las funciones de un ministro del Interior en una democracia digna de ese nombre para acusarlo. Otra, es desconocer que sobraban los fundamentos democráticos para exigir que fuera cursado el libelo y luego destituido constitucionalmente.
Y las pruebas o testigos dan abasto para demostrar que el susodicho ordenó utilizar de manera arbitraria y abusiva la fuerza pública para reprimir brutalmente a los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Aysén.
Por suerte los diputados Sergio Aguiló y Rodrigo González no se callaron ante las cámaras de TV e insistieron que las órdenes de Hinzpeter habían violado los derechos constitucionales. Sus declaraciones pusieron énfasis en que la integridad física de los ciudadanos ayseninos fue directamente afectada por la operación policial digitada desde la misma Moneda por un ministro de un Presidente que obviamente no podía no estar al tanto de las decisiones tomadas por su ministro.
Porque fundamentos en Derecho y Justicia sobran para acusar a R. Hinzpeter. Las figuras jurídico-político constitucionales no faltan. Los últimos genocidios, guerras étnicas sucias y de exterminio constituyen para los juristas un terreno que permite detectar y construir nuevos delitos que antes cabían, para ocultarlos, en la Razón de Estado, en la defensa del Orden Público, en la Ley de Seguridad del Estado o de Estados de sitios, de guerra o de excepción. Pero a las derechas las violaciones de los derechos humanos y colectivos le resbalan.
El uso desmedido de la fuerza contra poblaciones indefensas no toca su sensibilidad. El dogma criollo del Orden Público las blinda.
En las postrimerías de la dictadura, mientras el pueblo peleaba por la democracia en las calles, la clase dominante civil apoyaba la represión pinochetista y preparaba el escenario para compartir el poder con las nuevas derechas concertacionistas. De ahí el acostumbramiento a la violencia estatal o a su banalización en los medios. Cuestión de cultura en la derecha chilena.
El discurso del Orden es violencia en tiempos del despertar y de las demandas: real y simbólica. Y es simbólico que no se haya aprobado la acusación constitucional. Así se busca legitimar la violencia estatal y la impunidad.
Aunque los concertacionistas llegaron a grados parecidos de represión contra el pueblo con F. Harboe y Pérez Yoma en su calidad de espadachines del Orden Público durante el Gobierno de Bachelet Y ésta tampoco se inmutó ante los tres jóvenes mapuche muertos. Tampoco ha pedido disculpas.
Que las leyes en una democracia no sirvan para juzgar a los poderosos es consagrar la impunidad de las elites políticas como paradigma en derecho. Contra toda lógica y verborrea liberal.
Entrar con bandas armadas en columna con carros policiales; pateando puertas de hogares, agrediendo físicamente ciudadanos, disparando balines o quién sabe con qué, busca amedrentar a una comunidad para aplastar física y psicológicamente a sus habitantes y sembrar el Terror. Fue lo que hizo el Estado-Gobierno comandado por el dúo Piñera-Hinzpeter en Puerto Aysén.
Además, según altas autoridades de Carabineros, el ministro era informado por comunicación telefónica diariamente de la evolución de la situación.
El relato del senador Horvath es un “fundamento” insoslayable y bastaba para acusar a Hinzpeter. Sus propios correligionarios diputados de RN optaron por ignorarlo. El senador del partido del presidente establecía en entrevista en el canal TV del Senado, con lujo de detalles y argumentos convincentes, la analogía entre las tropas nazis entrando en ciudades (polacas o aldeas judías) y la violencia inusitada con la que Fuerzas Especiales de Carabineros atacó viviendas ayseninas.
La preguntas que los ciudadanos nos hacemos es: ¿hasta qué punto la demagogia de un Ministro-abogado puede llegar a los límites de desconocer los principios jurídicos elementales de lo que es la Constitución y el buen Gobierno sin socavar los fundamentos mismos del Estado de Derecho?