Más de un año de movilizaciones. Dos ministros de Educación depuestos de su cargo. Cientos de escolares expulsados de sus colegios y otros tantos profesores despedidos arbitrariamente de su trabajo. Miles de jóvenes que han conocido por primera vez los calabozos de las comisarías, los gases lacrimógenos, los balines, los bastonazos, el agua de los guanacos.
Millones de gestos de rebeldía, desplegados por todo Chile para mantener la demanda por una educación pública de calidad, digna, laica, gratuita y universal. Todo esto ha sido necesario para que, recién ahora, el gobierno empiece a responder a la agenda de los movimientos por la educación chilena.
El anuncio del ministro de Educación, Harald Beyer, de terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) es una decisión tardía e insuficiente. Pero no por ello una mala decisión. Todo dependerá de las notas a pie de página que contenga el proyecto. Como ha asegurado el presidente de la Fech, Gabriel Boric, “hay que estudiarlo con detalle, porque estamos acostumbrados a la letra chica del gobierno”. Suponiendo que el anuncio de Beyer no intente pasar gato por liebre, estaríamos, con matices y cambios cosméticos, de vuelta en el modelo de financiamiento universitario que conocimos hasta 2005, con el Fondo Solidario de Crédito Universitario.
La diferencia crucial es que ahora el nuevo fondo de crédito del Estado no sólo va a cubrir a los estudiantes de la universidades tradicionales, sino también a las universidades privadas.
Este punto es complejo, porque no es posible cerrar lo ojos ante miles de estudiantes de universidades privadas que necesitan mecanismos de financiamiento de sus estudios. El punto delicado es que las instituciones privadas, exceptuando honrosas excepciones, no han dado muestras de rigor y calidad que las hagan merecedoras de recursos públicos para sostener sus proyectos académicos.
Más aún si no han sido capaces de despejar la crítica que pesa sobre ellas por los mecanismos de enriquecimiento ilícito que implementan por medio de sociedades inmobiliarias y empresas de papel, y que permiten a sus dueños lograr pingües ganancias a costa de los estudiantes y sus familias.
En síntesis, la caída del CAE es una buena noticia, en tanto revierte una pésima decisión del gobierno de Ricardo Lagos que beneficiaba directamente a la banca.
Es una buena noticia ya que tapa la boca a los cínicos que se deleitan afirmando que las protestas no sirven para nada y que hay que conformarse, callar y pagar. Es una buena noticia porque muestra a un gobierno en retirada, que tiene que empezar a soltar lastre, tal como lo hizo en Aysén y tal como lo va a seguir haciendo en los dos años que le quedan por delante.
Pero también es una noticia peligrosa, ya que abandona a su suerte a las cien mil familias endeudadas de forma crónica mediante los usurarios créditos Corfo.
Es peligrosa en la medida en que, nuevamente, intenta dividir a los estudiantes, quebrando los vínculos entre las universidades tradicionales y las privadas. Es peligrosa ya que lo que se propone es salir del peor escenario, para volver a un pasado en el que tampoco había respuesta a las demandas estudiantiles, excepto el endeudamiento crónico y asfixiante. Al fin y al cabo el CAE sólo fue la malísima respuesta de la Concertación a las demandas que levantamos los estudiantes en los años 90.
Hay que ser muy prudente, para evitar que la nueva alternativa sea de nuevo un remedio peor que la enfermedad.
Finalmente, la caída del CAE puede ser una ocasión para desplegar con mayor alcance y profundidad el programa que los estudiantes presentaron al país en 2011. Las debilidades del proyecto de Beyer son las oportunidades del movimiento estudiantil. La gratuidad, como horizonte al cual orientar las demandas, debe permanecer en el centro de la discusión, ya que es la pieza que desmonta el entramado de la educación de Pinochet. Es evidente que este gobierno nunca aceptará este punto, por un sesgo ideológico que arranca de su dogmatismo neoliberal.
Pero está claro que no habrá solución al sobreendeudamiento, a la irracionalidad del sistema de educación superior y a la falta de inversión en investigación, desarrollo e innovación que sufre el país, si no se rompe con la doctrina del autofinanciamiento de las universidades.
Sobre esos puntos, Beyer no es capaz de decir ni una sola palabra. Es la hora en que el movimiento social por la educación tome la palabra, argumente, convenza y marque un rumbo que oriente la nueva república que necesitamos.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 756, 27 de abril, 2012