El 3 de mayo, la Relatora especial de la ONU sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada, Raquel Rolnik realizará, por primera vez en la Universidad Central de Chile, una conferencia en la que abordará la situación en general que, en materia de vivienda digna o adecuada enfrenta el país y, particularmente, las consecuencias que en este ámbito ocasionó el terremoto con posterior tsunami del 27 de febrero de 2010.
La actividad se desarrollará de 11:00 a 12:30 horas, en el Auditorio N °1, Campus Vicente Kovacevic, ubicado en Avenida Santa Isabel 1186.
En virtud del tema de la reconstrucción, en poder de Raquel Rolnik se encuentra un informe que fue elaborado por las organizaciones de apoyo del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, respecto del terremoto-tsunami del 27 de febrero 2010 y los procesos de reconstrucción en Chile. En el documento -que se adjunta al final de esta página- sus autores se preguntan, entre otros aspectos: “¿Estábamos preparados para una catástrofe? Al parecer no. Ahora sabemos que la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) era una estructura muy reducida y frágil para reaccionar adecuadamente a una crisis como la que vivimos en Chile a raíz del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010. No fue capaz de evaluar riesgos, de capacitar, de informar ni diseñar planes preventivos en la escala necesaria. Pese al prestigio que esta institución tenía a nivel internacional, no pudo coordinar la primera respuesta de forma adecuada y llegado el momento no se constituyó en el soporte técnico que las autoridades políticas necesitaban”.
Además, se advierte: “Como señala la Escuela de Líderes de Ciudad en el “Informe Talca pos–terremoto el centro histórico en disputa. Modelo de Reconstrucción, Mercado Inmobiliario y Actoría ciudadana”, el actual modelo de reconstrucción se distingue por la ausencia de un plan de reconstrucción a largo plazo, multisectorial y descentralizado, que contemple financiamientos específicos y una institucionalidad a través de la cual, éste se implemente. En la práctica esto se ha traducido en un abordaje sectorializado, ineficiente y poco integral de las problemáticas, la ausencia del Estado en el proceso de reconstrucción, la centralidad del rol de los privados en el diseño e implementación de las soluciones y, al mismo tiempo, la ausencia de la participación ciudadana en la definición de las respuestas a sus problemáticas. Esto ha repercutido enormemente en la calidad de vida de los damnificados y de toda la población que habita las zonas más dañadas debido a que se ha producido un considerable atraso en el proceso de reconstrucción…”.