La semana previa al anuncio de la reforma tributaria, el presidente Sebastián Piñera volvió a repetir que Chile podría alcanzar el desarrollo hacia finales de esta década, si mantiene las actuales tasas de crecimiento. Durante el primer año de su gobierno el producto nacional creció 6,1 por ciento, en 2011 un seis, en tanto las proyecciones para el año en curso están en torno a un cinco por ciento, debido a la crisis financiera de las grandes economías del mundo.
Estas afirmaciones las hizo Piñera inmediatamente después de unas declaraciones emitidas en Estados Unidos por Felipe Larraín, su ministro de Hacienda. En la ocasión, ante un encuentro de inversionistas en Nueva York, Larraín advirtió que “si nos rendimos a la tentación de responder a las demandas accediendo a todas ellas, nunca llegaremos a nuestra meta de ser una nación desarrollada ni de acabar con la pobreza”. En su declaración, el titular de Hacienda hacía una clara referencia a las movilizaciones estudiantiles y ciudadanas, que exigen una respuesta rápida a sus demandas.
Los cálculos de Piñera no están, sin embargo, fuera de las estadísticas. Si nos atenemos al FMI, el país alcanzaría en 2015 un ingreso per cápita de 20.000 dólares, cifra estimada como el umbral para ingresar al exclusivo club de las naciones desarrolladas. Chile, de cruzar esta meta, sería el primer país latinoamericano en salir técnicamente del subdesarrollo. Hace una semana el FMI corrigió las estadísticas económicas, y ubicó el PIB chileno del año pasado en 272.600 millones de dólares, lo que equivale a 15.453 dólares anuales per cápita (poco más de 7,5 millones de pesos) que por paridad de compra se elevan casi a 18 mil dólares (unos 8,7 millones de pesos). Si comparamos estas cifras con las de hace diez años, veremos que el PIB alcanzaba en 2001 a 68.800 millones de dólares y el ingreso per cápita a 4.400 dólares. Un aumento del 260 por ciento en una década.
El gobierno de Piñera, lo mismo que sus antecesores de la Concertación, se apoyó en las leyes de mercado para apuntar hacia esta meta, porque el cuento del país desarrollado lo hemos venido escuchando desde los tiempos de los ministros Foxley, Eyzaguirre y Velasco. Ha sido un cálculo basado en el modelo neoliberal, cuya creación de riqueza es innegable, según estas cifras, está apoyada en la inequidad. Del mismo modo como se ha multiplicado la riqueza en Chile, ésta se ha concentrado en los dueños del capital, creando una de las sociedades más desiguales del mundo.
Por ello las advertencias de Larraín en Nueva York. Porque el desenvolvimiento de que gozó el modelo neoliberal durante las dos a tres últimas décadas, hoy se ha estrellado contra una ciudadanía consciente de estas injusticias que clama por una redistribución de esta enorme y creciente riqueza.
En la advertencia de Larraín se esconde parte de la esencia del modelo neoliberal. Durante los últimos treinta años el sector privado ha gozado de todo tipo de regalías fiscales, las que han ido desde la entrega a precios de saldo de las empresas del Estado, a la eliminación de la competencia pública y a impuestos mínimos. Un evidente sesgo económico, porque tales concesiones han derivado en un Fisco debilitado y en la transferencia de prácticamente todo el financiamiento a actividades tan básicas como salud, educación, energía. Un esquema que se extendió por décadas, pero que ha terminado por explotar con la educación privada.
REFORMA INDOLORA
El anuncio de una reforma tributaria por parte del gobierno de Piñera es la mínima reacción ante este clamor ciudadano. Porque, como muchas de sus acciones, ésta no corresponde a iniciativas programadas, sino a reacciones ante la contingencia. Así como el gobierno de Piñera tuvo que subir los impuestos temporalmente en 2010 para financiar la reconstrucción tras un evento azaroso como el terremoto, hoy lo hace al observar que el expansivo proceso de movilizaciones detonado en 2011 no tiene atisbos de reversión. Sólo recursos obtenidos a través de mayores impuestos podrían amortiguar la efervescencia social. Por medio de la reforma tributaria el gobierno, al hacer cambios suaves al sistema, pretende aumentar la recaudación en unos 700 millones de dólares. Una cifra que no altera significativamente el actual escenario.
Los impuestos son una de las bestias negras de la economía a los ojos de cualquier neoliberal. Es por ello que durante los últimos veinte años prácticamente no fue materia de discusión, salvo escasas excepciones. Durante estas dos décadas, el gobierno de Patricio Aylwin subió el impuesto de primera categoría desde una base mínima, legada por la dictadura, del diez por ciento a un 15 por ciento, tasa que rigió hasta 2001. A partir de entonces, durante el gobierno de Ricardo Lagos, una nueva reforma tributaria lo lleva gradualmente desde el 15 por ciento a un 17 por ciento, tasa válida hasta 2010.
Ha sido, como gran paradoja, el gobierno de derecha el que ha vuelto a cambiar esta dinámica. Para financiar la reconstrucción el gobierno elevó el impuesto a la renta de primera categoría a un 20 por ciento para 2011 y al 18,5 para 2012, el que volvería a bajar en 2013 al 17 por ciento. Con este aumento, el gobierno habría obtenido más de tres mil millones de dólares. El actual proyecto prevé volver a subir la tasa al 20 por ciento. Pero, del mismo modo que en 2010, hoy nuevamente asistimos a los histéricos reclamos de la UDI por el alza tributaria propuesta. Otra vez levantan la campaña del terror económico sobre la huída de los inversionistas y el alza en el desempleo. Un discurso que se cae por su propio peso, al observar el comportamiento de la economía chilena tras las alzas a los impuestos. Sin ir más lejos, los últimos dos años, pese a un aumento de tres puntos al impuesto de primera categoría, la economía chilena creció sobre el seis por ciento.
EN CHILE SOBRA LA PLATA
En algún momento un diputado de la UDI, como argumento para frenar la reforma tributaria, dijo que en Chile sobra la plata. El parlamentario dijo, sin embargo, una media verdad, porque no matizó sobre la distribución de esos recursos. Los datos del FMI, que proyectan un ingreso per cápita para 2015 de 20 mil dólares (9,7 millones anuales, 811 mil pesos mensuales) hacen evidente dos realidades: el gran crecimiento de la riqueza y su tremenda concentración. Porque esos 20 mil dólares seguirán siendo una mera estadística sin una fuerte redistribución de los ingresos. Si bien en la actualidad el ingreso per cápita se eleva a 18 mil dólares, un estudio de la Fundación Sol afirma que el 60 por ciento de los chilenos no supera los 3 mil 500, en tanto el 0,1 por ciento más rico genera cerca de 112 mil dólares per cápita anuales. Con estas características, hablar de país desarrollado sólo puede tener sentido para un sector minoritario de la sociedad chilena.
Pese al escándalo de la UDI, la reforma tributaria de Piñera no es una acción redistributiva, sino que apunta a reforzar el modelo neoliberal en momentos críticos. Los mayores recursos se destinarán a calmar las protestas estudiantiles y otras demandas ciudadanas. El modelo, con reformas tributarias tan mínimas, mantendrá sus características de concentración de la riqueza. Sólo una reforma profunda permitiría que la gran mayoría de la población pueda disfrutar del tan anunciado desarrollo. Estudios de Cepal apuntan en esta dirección. Para reducir la desigualdad y avanzar hacia el desarrollo, Chile, como otras naciones latinoamericanas, necesita un verdadero pacto fiscal que permita al Estado obtener mayores recaudaciones para invertir en políticas públicas.
Actualmente la recaudación tributaria en América Latina es de un 18 por ciento del PIB. Pero este nivel es muy bajo, tanto en relación con el grado de desarrollo relativo de la región como, sobre todo, con las necesidades de recursos implícitas en las demandas de políticas públicas que enfrentan los Estados latinoamericanos. Pese a que la recaudación tributaria creció en la región desde un trece por ciento en 1990 al 18,9% actual, en Chile esta relación no ha variado mucho. Aun cuando en 2011 la recaudación tributaria alcanzó el récor de 41 mil millones de dólares, esta cifra sólo representa un 15 por ciento del PIB. La economía chilena tiene un amplio margen para ampliar sus impuestos y disminuir sensiblemente los actuales niveles de desigualdad.
Si Chile quiere integrarse en pleno, y no sólo en la forma, al grupo de países de la OCDE, debiera acercarse a sus indicadores. Pero la distancia es aún enorme. En 2007, la carga tributaria de los países de la OCDE fue del doble de la de América Latina. En el caso de Chile, debiera aumentar la recaudación tributaria desde el 15 por ciento del PIB a cerca del 34 por ciento, lo que significarían más de 90 mil millones de dólares según el PIB de 2011. Un salto, una quimera, si atendemos a la actual polémica por un alza tributaria a la gran empresa de escasos tres puntos porcentuales y unos míseros 700 millones de dólares adicionales. La baja recaudación chilena respecto a su PIB no sólo se compara con el resto de los países de la OCDE, sino también con las mayores economías latinoamericanas. Es así como en Argentina la tasa es de 31 por ciento, en tanto en Brasil es de 32,6 por ciento.
El problema no sólo apunta a la cantidad, sino también a la forma de recaudación, orientada principalmente a los impuestos indirectos, como el IVA, que paga mayoritariamente la población, pobres incluidos. En América Latina sólo un tercio de la recaudación procede de impuestos directos: el grueso recae en impuestos al consumo y otros impuestos indirectos. Esto conduce a una situación grave, porque la distribución del ingreso después del pago de impuestos es más inequitativa que la distribución primaria. Si consideramos, dice Cepal, que el impuesto a la renta es el más progresivo de los impuestos, esto significa que la estructura tributaria de los países latinoamericanos es más regresiva que la que corresponde a las economías desarrolladas. Por algo Chile es una de las economías más desiguales del planeta.
Los impuestos constituyen en los países de la OCDE una gran herramienta para amortiguar las desigualdades. La carga tributaria en los países de la Unión Europea reduce en promedio la desigualdad (entre antes y después de los impuestos) en –32,6 por ciento, aun cuando hay países como Dinamarca en que esta reducción llega a casi –41 por ciento. En Latinoamérica, la reducción es irrisoria: –3,8 por ciento promedio, en tanto en Chile es de –4,2 por ciento.
El desarrollo, tal como lo ha vivido Chile y América Latina, ha llegado a un punto de inflexión. Aspectos como las crisis financieras, dice Cepal, y como el cambio climático, ponen en entredicho los paradigmas de crecimiento económico que predominaron en las décadas precedentes. Por tanto, la única salida en Chile y la región es rediseñar el modelo económico y político, sobre una base de mayor presencia estatal que se haga cargo de las nuevas realidades que surgen de la crisis. Ante este escenario, la reforma de Piñera está encaminada a ganar tiempo ante las movilizaciones y la protesta social.
PAUL WALDER
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 756, 27 de abril, 2012