La recuperación de su riqueza petrolera y gasífera iniciada por la hermana República Argentina, constituye un hecho relevante para América Latina. Por supuesto, es todo un suceso para el pueblo argentino que ejerce su soberano derecho de rescatar a YPF para el patrimonio nacional.
Al firmar el proyecto que expropia a la transnacional española Repsol el 51% de Yacimientos Petrolíferos Fiscales -la empresa que desarrolló la industria petrolera, privatizada hace 14 años por el neoliberalismo que campeaba en el gobierno de ese país-, la presidenta Cristina Fernández tomó una decisión histórica, que respalda la nación y que merece el más decidido apoyo de los países latinoamericanos. El proyecto ya ha sido aprobado en el Senado y dentro de poco, el petróleo y el gas volverán a ser totalmente argentinos.
El derecho de la República Argentina a tomar esta decisión necesaria al interés nacional es incuestionable, y las amenazas del gobierno español -sumido en profunda crisis económica y social- no tienen más asidero que la arrogancia que le permite el apoyo de la maltrecha Unión Europea.
Hace más de cincuenta años, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 1803 (XVII) de 14 de enero de 1962, que reconoce el derecho de los Estados a disponer en plenitud de sus recursos naturales y estratégicos. Señaló que por razones de utilidad pública, seguridad o interés nacional procede la nacionalización, expropiación o requisición de dichos recursos. Especifica, además, que “la vulneración de los derechos soberanos de los Estados y naciones sobre las riquezas o recursos naturales es contraria al espíritu y a los preceptos de la Carta de Naciones Unidas y entorpece la cooperación internacional y la preservación de la paz”.
El interés nacional por razón de utilidad pública en la renacionalización del petróleo y el gas argentinos es un hecho objetivo. En 14 años, Repsol, la transnacional hispana, fue incapaz de elevar la producción de acuerdo a lo prometido. Argentina se ha visto así en la obligación de importar combustibles por más de 9 mil millones de dólares. Tampoco en ese periodo Repsol aumentó la exploración y explotación de las reservas de petróleo y gas que existen en abundancia en el país, provocando una seria crisis energética. Las acusaciones por daño ambiental contra Repsol asimismo son graves en las provincias petroleras argentinas. Por otra parte, el reciente descubrimiento de ricos yacimientos de petróleo y gas no convencional en la zona de Neuquén-Mendoza, demanda inversiones y una capacidad de manejo que exceden el limitado desempeño de Repsol en esas materias.Como han recordado diversos analistas, el desempeño de Repsol-YPF ha sido insuficiente para cubrir las necesidades de Argentina. Entre 2004 y 2011 la producción petrolera descendió casi en 20% y la de gas en 13%. Las reservas probadas de petróleo y gas también disminuyeron.
Como cabía esperar, la empresa española ha protestado por la decisión argentina y a través de amenazas y gestos agresivos del gobierno que encabeza Mariano Rajoy, pretende obtener la mayor indemnización posible. La solidaridad de tono matonesco desplegada por el gobierno de España en apoyo a Repsol, ha convertido un problema entre un gobierno y una empresa privada en un conflicto entre Estados. Una vez más, se repite el fenómeno de esas alianzas gobierno-multinacional que bien conocemos en América Latina y que Chile sufrió en la década del 70.
Entre el 35 y el 50% de las ganancias de las transnacionales españolas provienen de América Latina. Parece existir, incluso, un problema de mala conciencia. América Latina ha sido una zona predilecta de los capitales españoles, actuando muchas veces en complicidad con gobiernos y empresas asociadas en cada país. Así han logrado que se dicten leyes con franquicias que facilitan sus elevadas ganancias y remesas al exterior. La nación chilena, por ejemplo, tiene pésimas experiencias con las empresas españolas Telefónica y Endesa, con Aguas Andinas y con los bancos hispanos BBVA y Santander, entre otras compañías que controlan parte considerable de la economía chilena.
Expropiar una transnacional en tiempos de la globalización produce -hoy como ayer- espasmos y amenazas de los organismos financieros internacionales y de los gobiernos de aquellos países que controlan la economía mundial. En ese sentido, con la renacionalización de YPF, Argentina ha confirmado su calidad de “país rebelde” que se ha jugado en defensa de su independencia económica. En efecto, Argentina fue capaz de suspender el pago de la deuda externa y desobedecer las instrucciones del Fondo Monetario Internacional, es decir de Estados Unidos, y salió adelante a pesar de amenazas y presiones. Su economía creció en vez de derrumbarse, como profetizaban los “expertos” neoliberales. Argentina ha tenido un crecimiento récor, aumentaron el empleo y las políticas sociales. Redujo fuertemente la pobreza y disminuyó la polarización social. Terminó con el negocio de las instituciones previsionales privadas (equivalentes a nuestras AFPs). Hace pagar impuestos a los latifundistas exportadores de soya y para colmo, ha fortalecido sus vínculos con Venezuela y participa activamente en iniciativas integradoras como Unasur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que ha causado una sonada derrota a EE.UU. y Canadá en la cumbre de Cartagena de Indias (Colombia). Argentina constituye, por lo tanto, un mal ejemplo y tiene que ser castigada. Este es el razonamiento de los amos del mundo.
En Chile las reacciones a la recuperación de YPF han sido variadas. El gobierno, luego de algunas declaraciones contradictorias, decidió mantenerse a la expectativa junto con recordar que la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) tiene un contrato con Repsol-YPF. Los empresarios, por su parte, han expresado su molestia porque tienen grandes inversiones en Argentina, que creen en peligro. Las diversas expresiones orgánicas de la Izquierda, entretanto, han apoyado la nacionalización de YPF. Asimismo distintas organizaciones sociales. Sin embargo, esa solidaridad aún es débil. Argentina necesita mucho más apoyo de sus hermanas, las repúblicas latinoamericanas. Las amenazas del gobierno español deben hallar una respuesta a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, preparar desde ya el boicot a los productos y servicios de las empresas españolas. Nuestro país y Argentina tienen una relación de hermandad que hunde sus raíces en la guerra de Independencia contra España. Esa relación histórica sólo ha sido quebrantada en contadas oportunidades por gobiernos reaccionarios, como fue la ignominiosa colaboración de las FF.AA. chilenas -comandadas por el dictador Pinochet- con Gran Bretaña durante la guerra de Las Malvinas.
“Mientras Argentina viene de vuelta, Chile sigue empeñado en dejar en manos privadas los hidrocarburos”, fue la frase medular del Sindicato de Trabajadores de Enap-Magallanes en una declaración sobre el tema. La Empresa Nacional del Petróleo, en efecto, vive la amenaza permanente de una privatización. No se ha materializado por la resistencia de los trabajadores y la importancia de la empresa en regiones como Magallanes. Ahora mismo, el “gobierno corporativo” que las autoridades estudian para Enap pudiera significar una privatización parcial. Es lo que espera El Mercurio, que en un editorial postula que sería la oportunidad para privatizar “al menos una fracción minoritaria” de Enap, para “someterla al examen del mercado”. La situación de esta empresa nacional es aún más peligrosa si se considera que el nuevo ministro de Energía, Jorge Bunster, proviene de la plana mayor de Copec, la compañía distribuidora de combustibles.
La causa argentina en pos de la recuperación de las Islas Malvinas, del petróleo y el gas, debe convertirse en bandera de lucha de los pueblos latinoamericanos. La recuperación de sus riquezas básicas es un paso fundamental para el progreso, la integración y el triunfo de gobiernos que atiendan efectivamente los intereses de sus pueblos. Chile también, en algún momento, tendrá que enfrentarse a las transnacionales que se han adueñado del cobre, del agua, de la energía, de las comunicaciones y del sistema financiero.Tendremos que hacerlo para construir un Chile justo y democrático.
PF
Editorial de “Punto Final”, edición Nº 756, 27 de abril, 2012