El año 2008, el gobierno de Michelle Bachelet ingresó al Congreso un proyecto de ley que intentaba modificar la actual Ley General de Urbanismo y Construcciones. Este proyecto no logró llegar a puerto, ya que las organizaciones ciudadanas que luchan por conquistar instrumentos de planificación territorial democráticos, participativos y que aseguren territorios y ciudades sustentables y a escala humana, ingresaron con el apoyo de parlamentarios cerca de 700 observaciones a dicho proyecto nacido en la Cámara Chilena de la Construcción. Finalmente, no se produjo consenso político en el Senado, ya que su aprobación produciría grandes cambios territoriales, gestando inseguridad en la inversión extranjera y un aumento de los conflictos sociales en los territorios y en las ciudades.
Entre los temas más importantes que no se llegó a consenso en la mesa de trabajo que se formó en ese tiempo entre el Minvu y los miembros de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, fue cambiar la planificación del desarrollo urbano actualmente vigente por una planificación por condiciones o una planificación de caso a caso o más bien la llamada “planificación de la corrupción y desigualdad”.
Hoy día, el gobierno de Piñera, retoma esta demanda de los especuladores del suelo y de la industria inmobiliaria, para modificar las actuales leyes urbanas y aumentar más aún el laissez faire en nuestros territorios.El tema se está debatiendo en forma enmascarada en el Consejo de Asesores de la Política de Desarrollo Urbano del territorio. La intencionalidad de los gestores de este proyecto, es que se apruebe la idea en esa instancia para modificar la actual ley de planificación. Citamos las intenciones de los autores del texto de la revista Fundamenta N°42 de Mayo 2011 de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC):
“Entre las múltiples prerrogativas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo está la de dictar la Política Nacional de Desarrollo Urbano ¿Por qué es importante que Chile vuelva a tener una PNDU? Entre otras razones cito “Porque permitiría dar sustento y un sentido de coherencia a la reformulación global de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y a su correspondiente Ordenanza General.”
En esta misma revista se define este término:“El sistema de planificación por condiciones es un modelo en el cual el territorio se entiende posible de ser desarrollado, siempre y cuando se cumpla con una serie de condiciones o exigencias, orientadas a que los desarrollos internalicen sus externalidades, medidas caso a caso en forma objetiva y transparente.” En breves palabras no existiría una exposición pública del plan y todos desconoceríamos lo que puede ocurrir en nuestro entorno o barrio.
En esta definición además no se establece una realidad indesmentible: el territorio de Chile es ante todo un territorio de riesgo, geográficamente loco entre mar y cordillera ,con escaso suelo útil y uno de los países con más sismos, terremotos y tsunamis del mundo, por lo que la premisa de la CCHC es falsa, ya que solo una pequeña parte de territorio puede tener las condiciones de habitabilidad para el desarrollo urbano .Por otro lado ,si el suelo se mueve violentamente, las normas deben aún ser más estrictas para evitar las pérdidas humanas como lo demostró el año 2010, pérdidas gran parte gestadas por la escasa fiscalización a los profesionales y empresas de la construcción.
La norma actual trabaja por zonificación, lección aprendida históricamente por los errores de instalar actividades no complementarias en el mismo suelo, las cuales gestaban conflictos sociales entre los residentes y las industrias, oficinas o comercio. Actualmente se establece una base de planificación por zonificación la cual norma además según densidad, constructibilidad, altura, etc., permitiendo diferentes tipos de construcciones según se cumplan las condiciones urbanísticas. En breves palabras se establecen condiciones, pero con una base planimétrica clara para todos. La razón de esta normativa se basa en la Constitución Política del Estado que establece que la propiedad solo puede ser normada cuando obedece a una función social. Esta es la razón porque los estudios de los planes reguladores son largos y complejos, contemplando además los aspectos sociales, económicos y culturales para normar el bien común.
La gran falencia de esta ley, es la nula participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración y aprobación de los Planes Reguladores Comunales, que inciden dramáticamente en la calidad de vida y el buen vivir de las vecinas y vecinos, quedando expuestos al arbitrio del político de turno en la alcaldía respectiva. Esto lo podemos constatar en comunas con alcaldes inmobiliarios como Ñuñoa, La Reina, Macul, Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco. Iquique, Castro, Peñalolen y muchas otras ciudades en todo el país.
Hoy día, las y los habitantes de las ciudades viven día a día los nefastos efectos de monstruosas edificaciones que dejaron externalidades urbanas negativas de por vida, y que nunca fueron fiscalizados a pesar de estar normados en la ley, como la falta de áreas verdes y espacios públicos, de equipamiento social, de vías de circulación , de servicios públicos, etc. El costo social de dichas externalidades no puede quedar al arbitrio del alcalde de turno, ya que la realidad nos ha demostrado su fracaso.
Si todos los días vemos a través de la prensa la corrupción existente en los municipios, imagínense si ellos quedan a cargo de establecer “caso a caso” las condiciones para cada edificación.
La especulación del suelo solo traería más beneficios a las empresas que manejan el lobby político, creando burbujas de especulación inmobiliaria en todo territorio nacional.
Por ello ahora es el momento de decir basta de favorecer a las grandes empresas de la industria inmobiliaria y a la banca hipotecaria a costa de la gran mayoría de la población, cada día más empobrecida, más endeudada, con menos oportunidades y con una peor calidad de vida. Las ciudadanas y los ciudadanos queremos reglas claras, igualdad ante la ley y una ciudad para proteger la vida, a nuestras familias, a la sociedad y por cierto al medio ambiente.
*Katia Cotoras es arquitecta y fundadora de “Amigos de la Reina ambiental”
Moisés Scherman es economista y miembro del Movimiento Amplio de Izquierda