Cristina Fernández, presidenta de Argentina, envió al Congreso de su país, un proyecto de ley titulado “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” destinado a nacionalizar Repsol YPF. La nacionalización abarca 51% de las acciones de Repsol, con lo cual Repsol España queda con un 6%, es decir en cuarto lugar tras el Estado argentino [26,03%], las provincias con producción petrolera [24,99%] y el grupo Petersen –bajo control de la familia de banqueros, Esquenazi– con un 25,46%. La evaluación del monto a pagar será fijada por un tribunal de tasaciones en Argentina.
Desde su implantación en Argentina, Bolivia y Venezuela, la ingeniería financiera de Repsol infringió leyes y creó falsas expectativas en las licencias de concesión que obtuvo.
En 2006, con el objeto de ampliar su capital, intentó revalorizar sus reservas en la Bolsa de Nueva York, declarando una baja de 25% de reservas probadas, en circunstancias que incluía en aquellas reservas, el cómputo de reservas probables, total que en definitiva distorsionaba su realidad frente a posibles inversores. Operación que se realizó ante la Security Exchange Commission [SEC], de EEUU, en manifiesta violación al Securities Exchange Act de EEUU de 1934.
En declaraciones a Fortín Mapocho y a La Prensa de La Paz [Bolivia] en 2006, Ramiro Paz, ingeniero, economista y consultor internacional, experto en explotaciones de hidrocarburos, declaró que “sólo pueden considerarse reservas probadas aquellas cuyo análisis de ingeniería y geología demuestren que pueden ser recuperadas [con un 90 por ciento de probabilidades] de reservorios existentes, que cuenten con un mercado asegurado por un contrato de compra venta”.
El objetivo de Repsol era presentar ante la SEC un contrato con LNG Pacific [consorcio formado también por British Petroleum y British Gas], para financiar un gasoducto a Chile desde Tarija y su posterior exportación a la costa oeste de EEUU. Dicho proyecto jamás existió, siendo la intención de Repsol de “inscribir como suyos los 48 millones de pies cúbicos [TCFs, en inglés] de reservas probadas y probables que tiene el país” [declaración de Ramiro Paz].
En el 25% en cuestión se computaba una baja de 52% en las reservas probadas de Bolivia y de 42% en las de Argentina junto con menores cantidades en Venezuela y otras áreas.
En este escándalo de evaluación de reservas tres diputados argentinos –Elisa Carrió, María Fabiana Ríos y Eduardo Macaluse–, presentaron un libelo en el Congreso de Argentina, para iniciar una investigación de los manejos de Repsol en el período 2005-2006. El libelo, aparte de la declaración de Ramiro Paz citada, se basa en las propias de Antonio Brufau, presidente de Repsol, quien reveló que “en total, la revisión de reservas asciende a 1254 millones de barriles equivalentes de petróleo [bep]”. La consecuencia de esto según Brufau, ascendería entre 160 y 170 millones de euros [unos 250 millones antes de impuestos] el impacto en los resultados del 2006 de esta baja de reservas, y de 50 millones de euros para el ejercicio del 2005.
Los diputados indicaron la existencia de cuatro estudios jurídicos estadounidenses que iniciaron demandas a la compañía, a saber: Lerach Coughlin Stoia Rudman & Robbins LLP [www.lerachlaw.com/cases/repsol]; Charles J. Piven, P.A. [www.5.syscom/read/178231_p.htm]; Schatz & Nobel, P.C. [www.snlaw.net] y Schiffrin & Barroway, señalaron además que posiblemente se iniciarían otras demandas en plazas europeas.
Este escándalo en la Bolsa de Nueva York fue determinante para que como lo expresa el libelo ya citado, los ADR´s de Repsol en la Bolsa de Nueva York [NYSE] cerraron con una baja del 7%. El 27 de enero de 2012 cayeron aproximadamente un 5% en la NYSE. Asimismo, sufrieron una baja de más del 12% en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de donde fueron retiradas de la rueda, así como una baja del 7,67% en la misma fecha en la Bolsa de Madrid y una pérdida de 2.000 millones de Euros de valoración en el mercado. También sufrieron una baja del 8% en la bolsa de Frankfurt. Las consecuencias para Brufau son claras pues en sus declaraciones admite la responsabilidad de Repsol Argentina en su estrategia contra el Estado argentino y la legislación americana sobre evaluación de reservas petroleras, arriesgando con ello sanciones penales demandadas por los estudios jurídicos nombrados más arriba.
Hasta 2009 Argentina fue exportador de hidrocarburos. En 2011 se constató un déficit energético evaluado en US$ 3.029 millones. La causa de esto fue la temeraria política seguida por Repsol que privilegió el reparto de utilidades por sobre la exploración que permitiera ampliar su capacidad productiva. Como consecuencia de esta política desde 2001 las reservas de gas de la compañía bajaron en un 50%. En su discurso Cristina Fernández expresó que “la utilidad neta de YPF entre 1999 y 2011 fue de US$ 16.450 millones y los dividendos pagados fueron de US$ 13.246 millones”.
El 9 de marzo el representante del Estado argentino en el directorio de YPF reafirmó la necesidad de reinvertir utilidades y frenar de esa manera la caída de su producción. De eso se deducía que no debían pagarse dividendos por un largo período de tiempo. Diez días más tarde la provincia de Neuquén retiró a YPF la concesión de dos áreas de hidrocarburos. En abierto desafío a las advertencias del gobierno, el 21 de marzo, el directorio de YPF distribuyó sus utilidades con acciones, desafiando al gobierno argentino que había exigido que no se pagaran dividendos y que se invirtieran las utilidades para incrementar la producción. Desde esa fecha 6 provincias involucradas en la explotación revocaron las licencias de concesión en 12 pozos petrolíferos.
Cristina da un paso que tendrá repercusiones fundamentales en el reconocimiento de bienes públicos en el continente. En lo concreto, con la gestión de Repsol preocupada de ganancias a corto plazo, Argentina ha pasado a ser por primera vez en los últimos 17 años importador neto de energía con un gasto de más 3 mil millones de dólares en petróleo y gas. Frente a este balance, los actores sociales, la ciudadanía de las provincias productoras, juegan un rol fundamental en la vigilancia de las m℮tas que se asignará la nueva autoridad de YPF. Recordemos que del paquete de 51% detentado por el Estado, 51% del mismo [esto es, 26,01%] es controlado por el gobierno federal y el 49% [esto es, 24,99%] se distribuirá entre las provincias.
Se sella así la asociación entre gobierno federal y provincias por la explotación de los hidrocarburos, bien público propiedad de la Nación argentina. Es como debe ser para un bien público.
Recordemos que esta fue la intención del Estado de Chile cuando el proyecto de nacionalización del cobre que enviara Allende al Congreso, fue aprobado por la unanimidad de los partidos políticos de entonces. La riqueza del cobre pasaba a ser un bien público o bien de la Nación. El gobierno de turno, con el respaldo de la Nación, no tenía otra misión que cautelar y ampliar dicha riqueza, asegurando con ello un mayor bienestar de la población. Pero también se relegaba al pasado la participación ciudadana presente sólo en los momentos electorales. Las nuevas formas democráticas, desde ese momento en adelante, estarían abiertas a la ciudadanía para generar los grandes cambios institucionales que exigían los nuevos tiempos.
A casi cuarenta años de esa experiencia fallida, surge el mensaje de Cristina al continente y al mundo, en una era por los bienes públicos del planeta. Enumeremos algunos de ellos: salud, educación, vivienda, empleo, pensiones, medio ambiente, ciencia, tecnología…
Te admiro Cristina porque muchos cayeron en el intento en Suramérica y el Caribe cuando buscaron recuperar lo que poderes coloniales y mercaderes arrebataron en más de 400 años de colonialismo.
* Héctor Vega, es Director de Fortin Mapocho.com
18 de abril 2012