Después de tantos sacrificios de la protesta social, manifestando su rechazo a la institucionalidad que limita nuestras libertades y derechos ciudadanos, sería absurdo que en las próximas elecciones municipales se entregara un voto de confianza a la Concertación sólo porque se autotitula “oposición”.
Hay que abrir otro camino, uno que se corresponda con la realidad que vive el país y que reiteran las encuestas de opinión frente al masivo rechazo a los actuales partidos políticos por sus prácticas burocráticas y corruptas. Precisamente es en las municipalidades donde se inicia la pirámide de la corrupción institucional. Y es allí donde se ha visto con claridad la declinación de los partidos construidos a imagen y semejanza del modelo neoliberal.
Los bloques -Concertación de Partidos por la Democracia y la derechista Coalición por el Cambio-, son repudiadas en casi iguales porcentajes en todas las encuestas de opinión. Incluso la “opositora” Concertación acumula más rechazo todavía.
No obstante, las encuestas no lo dicen todo. La que acusa con voz de trueno es la voz del pueblo. Hasta las protestas locales, enfocadas a problemas muy específicos, revelan un desafío a la institucionalidad y a sus instrumentos de coerción y cooptación. Las demandas escalan rápidamente desde lo simple a lo complejo, apuntando al corazón del sistema: al modelo económico y a la Constitución Política generada por la dictadura empresarial-militar.
Aunque la protesta social todavía carece de la fuerza, organización y nivel de conciencia que le permitiría poner en jaque al sistema, ya ha hecho temblar a la institucionalidad. El gran empresariado -rebosante de ganancias- y los administradores políticos del sistema no se explican cómo un país con una tasa de crecimiento anual del 6% y bajo desempleo (4%) -que incluso importa mano de obra-, confronta una crisis social y política tan profunda. Ni el presidente de la República lo tiene claro. Así lo expresaba el 21 de octubre pasado en conversación con directores de revistas. Admitía sentir temor -que sin duda comparte la clase dominante- de que pueda desatarse una crisis de ingobernabilidad. Señalaba dos factores que podrían empujar a su gobierno al abismo: a) la profundización de la crisis capitalista mundial; y b) la protesta social que convierta el epílogo de su gobierno en un golpe de Estado (ver PF 745, pág. 3).
Eran los meses álgidos de la movilización estudiantil. Desde El Mercurio hasta la “progre” pero modosita revista Mensaje, pedían reformas políticas y económicas urgentes.
Los temores de la burguesía se han atenuado pero no han desaparecido. Lo reflejan sus voceros políticos. Y lo confirman los zapadores de la lucha social mimetizados en las maltrechas filas de la Izquierda. Estos saboteadores subordinan el movimiento a sus propios intereses partidarios y a la institucionalidad parlamentaria. Así hicieron con las demandas primitivas de la protesta estudiantil que incluían la Asamblea Constituyente y la renacionalización del cobre, entre otras exigencias que comparten amplios sectores del pueblo. La manipulación aisló al movimiento, aunque no logró enajenar la simpatía que aún despierta en la población. Hoy existe amplia conciencia de que unos y otros, la Concertación “opositora” y la derecha gobernante, tienen intereses comunes que sirven devotamente, cada cual a su modo.
Lo decía en marzo de 2002 el diputado Sergio Aguiló en su artículo “Chile entre dos derechas”. Han pasado diez años y la situación no ha variado. Hoy, como entonces, “…las agendas de la Concertación y de la Alianza por Chile son, en lo fundamental, idénticas. Son de derecha, sin más. Y ese es el principal problema político de nuestro país en estos tiempos: tener que optar entre dos derechas”.
Pero, ¿estamos obligados a “optar” entre un segundo periodo de la derecha o traer de regreso a La Moneda a Michelle Bachelet?
A ese callejón sin salida conducirá el tobogán electoral después del consabido saludo a la bandera con el rutinario candidato de Izquierda que viabilice el traspaso de votos a la Concertación.
No obstante, hay la posibilidad de convertir las elecciones municipales en un acto de rechazo ciudadano al sistema político. El movimiento social aún no está en condiciones de crear -como en otros países- su propio instrumento electoral para disputar el poder. Sin embargo, el rechazo ciudadano puede manifestarse mediante la “abstención activa”, que dé un portazo en las narices a las dos derechas e inicie el proceso de construcción del instrumento político-electoral del pueblo.
La “abstención activa” significa construir un amplio movimiento de repudio a la política bastarda modelada por el neoliberalismo. Se trata de reforzar las organizaciones sociales y acelerar el tránsito a la alternativa popular.
La inscripción automática trae 4,5 millones de nuevos electores, en su mayoría jóvenes. Elevará a casi 13 millones el universo electoral. Digno escenario para derrotar una institucionalidad roñosa, último bastión de las dos derechas.
MANUEL CABIESES DONOSO