La comunidad de la provincia de El Loa celebra con actividades culturales y deportivas sus 133 años de vida. Más de trece décadas en medio del desierto inhóspito de Atacama, donde la tierra produce millones de toneladas de cobre, el “sueldo de Chile”.
Una paradoja si se mira la ciudad de Calama, su casi nulo crecimiento, su lento avance en materia de desarrollo y la desidia del residente flotante, que se niega a identificarse con una región que les resulta ajena. Este ambiente está fraguando una nueva protesta social que tendrá este año su primera expresión pública el 20 de marzo.
El costo de vida en Calama es 50% mayor que en el centro-sur del país. De los 140 mil habitantes -sólo en la comuna-, el 40% trabaja o depende de la gran minería, en especial de Codelco. El resto de la población calameña se reparte entre cuatro mil inmigrantes legales y más de mil indocumentados. Además de un alto número de afuerinos que llegaron a rebuscárselas con sueldos miserables en el comercio o los servicios.
Hace menos de un año, la Asamblea Ciudadana -conformada por dirigentes políticos, sindicales y sociales de la provincia de El Loa- decidió salir al paso de la realidad. Sus demandas se tradujeron en dos paros comunales en Calama, uno de los cuales resultó de alto impacto: más de 18 mil personas en las calles reclamando las reivindicaciones olvidadas por los gobiernos. “Algo conseguimos: pusimos el tema en el tapete y se logró crear conciencia entre los vecinos que mostraban poca identificación con la causa común que perseguíamos desde el municipio”, enfatiza Esteban Velásquez, alcalde de Calama.
El emplazamiento a la autoridad central debe tomar forma este año. La protesta social en Calama se ve incentivada por lo ocurrido en otras regiones postergadas, como Aysén, Lota, Coronel o Magallanes, así como por las luchas del movimiento estudiantil y del pueblo mapuche. Pero el alcalde Velásquez es más concreto: asume que la crisis del agua -entregada a privados-, los proyectos mineros con su contaminación que convierte a El Loa en una provincia con altos índices de mortalidad por cáncer gástrico, los nuevos proyectos de Codelco -como Quetena y la extensión subterránea de Chuquicamata-, están colmando la paciencia de los calameños que quieren ser consultados y escuchados. “Hemos tenido paciencia y nunca nos interesó entrar en una pelea sin diálogo. Pero lamentablemente quedaron de darnos soluciones desde el gobierno y esas respuestas siguen sin materializarse. Es hora de hacer ver que si paramos el sueldo de Chile, el país se verá muy afectado”, expresa el edil.
SOLO PROMESAS
Lo que solicita la Asamblea Ciudadana de Calama se resume en tres áreas fundamentales. La primera es recibir en forma directa el 5% de los réditos del cobre que se explota en los yacimientos de Chuquicamata y Radomiro Tomic. Daniel Ramírez, presidente de la Asamblea Ciudadana, acusa que “Codelco dio a conocer que sus excedentes en 2011 fueron de 5.800 millones de dólares, pero todo el mundo sabe que esa es sólo la cuarta parte de sus utilidades. Nosotros exigimos que nos den el 5 por ciento de lo que dicen obtener, que lo obtienen en la provincia de El Loa”.
La Asamblea pide, en segundo lugar, que se nacionalicen -o al menos se regularicen- los derechos de agua en la provincia. “Nosotros padecemos ‘estrés hídrico’ hace mucho tiempo. Este recurso, tan limitado, va a las faenas mineras y el ser humano no es tomado en cuenta”, agrega el senador José Antonio Gómez, presidente del PRSD.
Los otros problemas que detonan el inconformismo en Calama son el alto costo de vida, el escaso nivel de desarrollo, las nulas oportunidades de optar a una vivienda de calidad y el explosivo aumento de la competencia laboral de ciudadanos extranjeros. Daniel Ramírez, presidente de la Asamblea, afirma que “los grandes consorcios mineros están despidiendo gente para integrar nueva mano de obra a mitad de precio; esto genera resistencia en los trabajadores de la región”. Por otra parte, “nosotros no tenemos acceso a una universidad estatal, ni podemos desarrollarnos en áreas que permitirían quedarnos acá. El sistema nos obliga a emigrar”, dice Claudia Ogalde, dirigente del movimiento estudiantil.
A fines de 2011, luego de intensas tratativas y ya con el antecedente de dos paros comunales -junio y agosto -, desde Santiago las autoridades decidieron encauzar las demandas de Calama con un diálogo aparentemente directo. En esa ocasión, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, recibió en La Moneda a una delegación del movimiento ciudadano y se comprometió a dar curso a una agenda que hasta ahora sólo está en proceso de evaluación.
“Son calmantes que no significan las soluciones que la gente de esta zona necesita. No se aprecia ningún interés por acelerar este proceso de reivindicaciones históricas y por ello la comunidad está molesta”, afirma Marcos Espinosa, diputado del PRSD, quien ha intercedido para que los puntos que se discutieron comiencen a tener respuestas. Pero los meses pasan y sólo se vislumbran buenas intenciones. Por un lado, Codelco firmó sucesivos acuerdos de urbanización por 1.500 millones de pesos y materializó el programa Calama Plus, un estudio que observó las carencias de Calama en materias viales y de arquitectura. El director del equipo de diseño de ese programa, Alejandro Alvarez, asume que “nos hemos dado cuenta que hay vacíos en la conformación urbanística de esta comuna. Si Calama no avanzó durante años fue porque las autoridades locales no generaron proyectos bien estudiados”.
BOMBA DE TIEMPO
En las últimas semanas, tras el fracaso de las mesas de diálogo entre la Asamblea Ciudadana y el gobierno regional de El Loa, se produjo un quiebre impulsado por el choque del gobernador, Luis Garrido (RN), con el alcalde Velásquez y sus partidarios. Pero hay temas de fondo que van saliendo a la luz. El convenio del agua de Lequena, que se alimenta del río Loa y que estaba en manos de la minera Collahuasi -firmado por más de cuatro mil millones de pesos el 2004 y escondido por las autoridades de la época-, estuvo a punto de dejar a Calama y sus alrededores sin el vital elemento. Situación muy grave si se mira la realidad de Alto Loa, con comunidades indígenas que viven de plantaciones tradicionales y cuya vida y cultura transcurre en torno al afluente del río.
También afectó el proyecto Quetena, de Codelco, que traerá más de dos mil trabajadores de otras zonas del país. Estos y sus familias harían de Calama una ciudad colapsada bajo montañas de basura, un torrente de vehículos -ya hay cuatro mil en Calama, que carece de avenidas y calles de doble vía-.
“Por años, esta zona ha sido contaminada por los privados, sin que ninguna autoridad hiciera algo. Ya ganamos la batalla por el agua y saliendo a la calle, la gente entenderá que con este gobierno ésa es la manera de tratar, como sucede en Aysén o en Magallanes”, argumenta Esteban Velásquez. Lo cierto es que se percibe en Calama un ambiente de disconformidad que se ha expresado en barricadas nocturnas y llamados a movilizarse.
Este 20 de marzo, la Asamblea Ciudadana resolvió llamar a la comunidad a una protesta masiva, que por ahora será de advertencia. “Lo más probable es que en abril se radicalice la situación con nuevos paros, si no hay respuestas efectivas”, agrega José Mardones, presidente de la CUT provincial. En la Asamblea Ciudadana de Calama saben que es el momento preciso para reclamar las reivindicaciones postergadas. “Calama necesita alzar la voz en temas como la descentralización y la justicia social. Si tenemos que apelar a nuevos paros comunales, lo haremos cuando corresponda”, concluye Velásquez.
La concejala de Calama, Norma Araya (PS), afirma: “Apelamos al derecho a tener una mejor calidad de vida. Que no todo el que llegue a esta tierra la vea sólo como un lugar para juntar dinero y luego marcharse. Queremos desarrollo social, económico y cultural. Estamos dispuestos a todo por conseguirlo”.
RICARDO PINTO NEIRA
En Calama
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 753, 16 de marzo, 2012)