El dirigente de los pescadores artesanales, Honorino Angulo, figura entre las 22 personas contra las cuales el Ministerio del Interior invocó la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Sin embargo, el juez de Letras y Garantía de Aysén, Juan Patricio Silva no inició de inmediato la tramitación de la querella debido al error del gobierno de presentar una fotocopia simple que acredita la representación del querellante y no un documento original como lo ordena la legislación vigente.
“Previo a proveer, exhíbase dentro de tercero día, en original o en copia autoriza el título en cuya virtud comparece el querellante de autos, conforme lo dispuesto en el inciso 6° del Código de Procedimiento Civil aplicable en la especie, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud, para todos los efectos legales, atento lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 18.120”, explica la resolución del magistrado.
El oficio firmado y difundido por el Ministro, Rodrigo Hinzpeter, apunta los dardos, en forma especial, al dirigente social Honorino Angulo. (ÉL) “ha incitado, promovido y fomentado acciones violentas”…”impidiendo incluso que dirigentes sociales y gobierno no puedan mantener un diálogo que permita solucionar los conflictos sociales”, asevera
La acusación contra Angulo revela que el gobierno realizó un seguimiento constante a las opiniones del dirigente entregadas a los diferentes medios de comunicación.
“Lo que queremos es que haya un subsidio al pueblo, donde el que corta la leña, el que compra la bencina para andar en moto, ése sea el beneficiado, y no las grandes empresas, porque eso no se ve reflejado en el sueldo de cada una de las personas que vivimos acá en la región.”
“No se ha llegado a acuerdo con el gobierno, el señor Alvarado esta haciendo una estrategia. Hubo una reunión, pero no acuerdo, es una mentira, como siempre lo ha hecho el gobierno”, son algunas de las declaraciones del dirigente utilizadas para justificar la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en su contra.
El vocero del Movimiento Social de Aysén, Iván Fuentes, aseguró la defensa legal a todos los querellados, “sean o no dirigentes, porque son de los nuestros”.
“Debería haber una ley para la inoperancia política, porque la inoperancia conduce a lo que ha pasado acá. Inoperancia de los gobiernos regionales. La inoperancia de habernos juntado con cinco autoridades y que no supieron responder nunca”, señaló Fuentes.
“La verdad es que tengo mucha tristeza porque el gobierno no escuchó a la ciudadanía. Y las autoridades regionales de Aysén deberían renunciar ya que han sido inoperantes al no adelantarse a los conflictos”, agregó.
Las 22 personas tildadas de “violentistas”, se enteraron de la noticia mientras participaban en el concierto “ cantando contra la represión” y hoy se reunirán, en la Cámara de Comercio de Aysén”, con el grupo de abogados que asumirá su defensa.
La lista de requeridos/as confeccionada bajo la directa supervisión Hinzpeter la conforman:
-Jorge Corvalán Clavero
-Carolina Paillaleve Álvarez
-Sandra Barría vargas
-David Barrientos Quiñones
-Hugo Jaramillo Caro
-Erika Hernández Vásquez
-Fernando Quintanilla Vera
-Erico Gatica Zenteno
-Ramón Navarro Arancibia
-Jorge Navarro Arancibia
-Guillermina Cayún Poblete
-Juan Carlos Almonacid Chiguay
-Lucía Pérez Venegas
-Elisa Cayul Llaiquel
-Jacqueline Carrasco Arias
-Erwin Sandoval Carrasco
-Gabriela Barrientos Araneda
-Félix Rivera Oyarzo
-Ingrid Becker Cordano
– Pedro Vargas Díaz
DOCUMENTO PRESENTADO POR EL GOBIERNO